Este jueves, la Unión Europea y sus 22 estados miembros firmaron el Acuerdo Comercial Antipiratería (ACTA por sus siglas en inglés), que intenta crear estándares internacionales para la protección de la propiedad intelectual.
Se trata de un acuerdo comercial que pretende combatir la piratería y las falsificaciones y que ya ha sido firmado por Estados Unidos, Australia, Canadá, Japón, Marruecos, Nueva Zelanda, Singapur y Corea del Sur.
La firma del tratado por parte de la UE debe ser ratificada por el Parlamento Europeo en junio. Organizaciones opuestas al mismo ya preparan movilizaciones para intentar frenar la ratificación. Holanda, Chipre, Eslovaquia, Estonia y Alemania figuran entre los países europeos que no lo han suscrito. En Polonia ya hace días que se han organizado movilizaciones contra ACTA.
Lo que más preocupa a quienes combaten el tratado ACTA es que introduce medidas genéricas, cuya aplicación concreta podría suponer la persecución penal de proveedores de Internet que favorecieran la piratería a nivel comercial.
ACTA admitiría nuevas sanciones penales para obligar a los proveedores de Internet a vigilar los contenidos en Internet, lo que supondría, según sus oponentes, una merma en la libertad de expresión y un incremento de la inseguridad jurídica ya que autorizaría a los titulares de derechos a obtener información sobre los infractores en la Red por parte de los operadores. No se trata de artículos de obligado cumplimiento por parte de los Estados. Las autoridades europeas, ante el escándalo que provocó el conocimiento de las negociaciones secretas del citado tratado, han asegurado que en la UE cualquier fórmula de persecución de la infracción se dará por la vía judicial. Quienes se oponen al tratado, por su ambiguo y genérico redactado, subrayan expresiones como la necesidad de “remedios expeditivos” para prevenir las infracciones y el despliegue de “obstáculos” para impedir que avance la piratería. El texto añade que los procedimientos que se pacten deben respetar la privacidad y la libertad de expresión.
El tratado apela a la colaboración entre distintos sectores. La palabra Internet no figura en el redactado que prefiere la expresión “entornos digitales”. El tratado prevé sanciones civiles, por daños y perjuicios a los intermediarios, sobre cuya cuantía no se aclara la manera de fijarla.
Mientras Estados Unidos ha frenado las leyes antipiratería (SOPA y PIPA) para buscar un mayor consenso, el citado tratado ya fue suscrito, el año pasado, por Estados Unidos, uno de sus principales impulsores, Canadá, Australia, Japón, Corea del Sur y Nueva Zelanda, entre otros países. Este acuerdo comercial propone aplicar distintas medidas por parte de los estados que lo apoyan para luchar contra el comercio de falsificaciones y la distribución sin licencia de material protegido por derechos de autor.
De acuerdo a la UE, se trata de un texto distinto a las leyes estadounidenses SOPA y PIPA, ahora congeladas, porque no prevé impedir el acceso a la red.
La UE calcula que Europa pierde anualmente ocho mil millones de euros por el tráfico de material pirateado.
Redacción/she