Estudiantes insisten en juicio político al gobernador
Manuel Nava
Acapulco.- Los caminos para encontrar una solución del caso Ayotzinapa en Guerrero se vuelven tortuosos. Autoridades y dirigentes políticos terminan por descalificar los avances en tanto que los normalistas reiteran su demanda de que Ángel Aguirre Rivero, gobernador del estado, solicite licencia y sea sometido a juicio político.
La Procuraduría General de Justicia del Estado, anunció que se ejercitará acción penal sólo contra dos de los de 12 policías estatales (6 ministeriales y 6 de la preventiva), que fueron identificados en las inmediaciones del lugar donde se desalojó a normalistas de Ayotzinapa el 12 de diciembre al sur de esta capital y donde perdieron la vida dos de los alumnos, de ellos y el resto fueron liberados.
Los dos agentes ministeriales sujetos a proceso penal son: Ismael Matadamas Salinas y Rey David Cortés Flores, quienes, de acuerdo con los diversos videos que se han analizado para determinar responsabilidades, se les observa apuntando de frente a los jóvenes.
En los círculos políticos locales se consideró la decisión como un paso importante en la resolución del conflicto con los estudiantes de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Sin embargo, en la opinión de Alberto López Rosas, ex procurador de Guerrero, presumir la culpa de dos agentes ministeriales del asesinato de dos estudiantes normalistas no contribuye al esclarecimiento de los hechos por lo que la calificó como “una salida en falso y un paso al vacío”; encarcelarlos o ampliarles el arraigo contribuirá a la incertidumbre, pues en el caso del arraigo, si lo hacen es porque no hay elementos para consignarlos.
López Rosas acudió a la Barra de Abogados de Acapulco para presentar ante el pleno, en sesión extraordinaria, siete de las, dijo, “muchas” inconsistencias que encontró en el informe preliminar presentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y adujo la existencia de una cuestionable parcialidad con la que ha actuado el organismo además de inexactitudes, manipulación informativa e inconsistencias.
El ex procurador refirió además que la investigación no está completa porque sólo cuenta con la comparecencia el gobernador Ángel Aguirre Rivero y no del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, ya que primero se dijo que la Policía Federal no estuvo en el lugar, cuando las evidencias demuestran que fue la primera en llegar y con armas cortas y largas.
De nueva cuenta, el ex funcionario transfirió la responsabilidad de los hechos a las autoridades federales, descalificando las diferentes acciones para la resolución del conflicto por parte del gobierno del estado y se suman a la secuencia de acciones que terminaron siendo rechazadas por los principales actores.
El 11 de enero la Secretaría de Educación de Guerrero entregó 51 plazas a estudiantes egresados de las nueve escuelas normales del estado, entre ellas nueve fueron para normalistas de la Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, para maestros de educación preescolar, básica, especial y rural, pero mientras se celebraba la entrega de becas en un hotel de cinco estrellas en Acapulco, otro grupo de 80 egresados de las nueve normales de Guerrero protestaron afuera del evento exigiendo a Silvia Romero, titular de la SEG, el mismo trato que se le está dando a los normalistas de Ayotzinapa, por lo que exigieron también plazas para ellos.
“Plazas para los que verdaderamente aprobamos los exámenes”, decían las pancartas que colocaron en diferentes puntos.
Ese mismo día, los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa se negaron a recibir a la Comisión Especial Permanente de seguimiento de los sucesos ocurridos el pasado 12 de diciembre, integrada por legisladores federales y senadores, poniendo como condición para ello la solicitud de licencia del mandatario guerrerense.
Francisco Moreno Merino, presidente de la citada comisión comentó que “Hasta la fecha no se la ha permitido a la Comisión visitar las instalaciones de la Normal de Ayotzinapa por parte de los alumnos, estamos encontrando movimientos de carácter social al interior de esta Normal”, señaló sin agregar más al respecto.
Más adelante dijo que los diputados integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobaron por mayoría un punto de acuerdo para ver o no la procedencia del juicio político en contra del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, por el asesinato de dos estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa.
En esa fecha, estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, con integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México tomaron por unos minutos las radiodifusoras Radio Universidad, ABC Radio y Capital Máxima, en Chilpancingo, para convocar a la sociedad a unirse a la marcha que harían al dia siguiente, en la cual se exigiría justicia y castigo a los responsables del asesinato de dos de sus compañeros.
Los normalistas insistieron en su petición de juicio político contra el gobernador Ángel Aguirre Rivero, así como el repudio a la administración estatal y a las corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno por el violento desalojo de hace un mes y en el que policías mataron a dos estudiantes. De igual forma, los normalistas criticaron que con las muestras de apoyo de algunos sectores de la sociedad al gobernador se descalifique la lucha social que los estudiantes han emprendido debido a las diversas fallas que ha tenido el gobierno, como la más reciente alza a las tarifas del transporte público, además de lo que consideraron una guerra sucia como la aparición de panfletos en los cuales se les denostó.
En la tarde del mismo 11 de enero durante su visita a los municipios de Tepecoacuilco y Chilpancingo, Ernesto Cordero Arroyo, precandidato del PAN a la Presidencia de la República, rechazó que el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, tenga que solicitar licencia por el caso Ayotzinapa; entre otras cosas, pidió castigo a los responsables del crimen de dos normalistas, “caiga quien caiga”.
Cordero Arroyo dijo que “Ayotzinapa es un tema en el que se tienen que deslindar responsabilidades, en quién o quiénes tienen que estar, y que se castigue a los culpables de todo esto”.
A su vez, la dirigencia estatal del PRD manifestó su rechazo a la petición de juicio político contra el gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero, luego se pronunció a favor de una investigación profunda que permita sancionar a los culpables de las tres muertes registradas en el desalojo estudiantil del 12 de diciembre. Carlos Reyes Torres, presidente del secretariado estatal del partido del sol azteca, señaló que los integrantes de la dirigencia plantean que haya una investigación completa, en la que se demuestre científicamente quiénes accionaron sus armas en contra de los estudiantes de la Normal. Por su parte, Guadalupe Acosta Naranjo, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, exhortó al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, a recibir al grupo de legisladores que le dan seguimiento al caso de los normalistas de Ayotzinapa, para poder avanzar en la investigación. Reiteró su llamado para que los funcionarios que no han rendido su informe ante la CNDH sobre lo sucedido el pasado 12 de diciembre en la Autopista del Sol, lo hagan a la brevedad. Insistió en que es necesario llegar al fondo de la investigación en torno a la muerte de dos estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, y de un trabajador de una gasolinera a la que se intentó prenderle fuego ese día.
“No descansaremos hasta que Ángel Aguirre Rivero se vaya”, fue la frase que constantemente se repitió durante la marcha y el mitin efectuados en Chilpancingo, en los cuales participaron miles de estudiantes y activistas sociales, exigieron justicia por los dos estudiantes asesinados durante la manifestación del pasado 12 de diciembre, y reiteraron la demanda de juicio político contra el gobernador Ángel Aguirre Rivero; de igual forma exigieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que sea imparcial en sus investigaciones y no deje en la impunidad y sin castigo a los culpables de la represión que sufrieron.
La concentración comenzó desde las 10 de la mañana, en el parque del museo La Avispa, y partió minutos después de la una de la tarde con dirección al Palacio de Gobierno, donde hicieron un pequeño mitin y nuevamente gritaron consignas contra el gobernador Aguirre. “En Ayotzinapa se forman normalistas, en Casa Guerrero se forman terroristas”, “Aguirre Rivero, terrorista con fuero”, “Aguirre, Peña Nieto y Calderón, la misma mierda son”.
Víctor Valencia de los Santos, delegado nacional del PRI, rechazó que dicho instituto político esté interesado en desestabilizar al gobierno de Ángel Aguirre a través de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, como lo señaló el dirigente estatal del PRD, Carlos Reyes Torres; “los verdaderos enemigos del gobernador están en el PRD. Todavía no asimilan los resultados de la última elección”, aunque se negó a mencionar nombres o siglas. Señaló que dicho instituto político tomó la decisión de no lucrar políticamente con el caso, ya que “hay instancias judiciales, instituciones en las que creemos y que habremos de dar un seguimiento puntual, nosotros no vamos a politizar este tema”.
El 17 de enero, luego de la reunión que sostuvieran diputados con estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, “Raúl Isidro Burgos, Pablo Juárez de la Cruz, representante de la comisión de Prensa y Propaganda de la normal, informó que desde las 9:20 horas una comisión de estudiantes ya se encontraba en la ciudad de México, para solicitar a los legisladores el avance que se tiene en cuanto al listado de solicitudes que expusieron en semanas pasadas, y aseguró que diputados federales coincidieron en la necesidad de que el gobernador del estado Ángel Aguirre Rivero abandone la gubernatura con la finalidad de que se dé agilidad a las investigaciones de los hechos acontecidos el pasado 12 de diciembre.
Entre las peticiones, destaca el inicio de juicio político en contra del gobernador, así como la posible fecha con el subsecretario de Educación Pública para analizar las alternativas para rescatar su semestre.
Dentro de la reunión estuvieron presentes además de los diputados federales, estudiantes y padres de familia de Ayotzinapa y los integrantes de la Federación de Estudiantes Socialistas de Campesinos de México.
También fue confirmada la asistencia de observadores del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, quienes verificaron el desarrollo en el que se realizó dicho encuentro, además de que se comprometieron a realizar una nueva visita a las instalaciones de la normal, para darle continuidad.