Complicidad impune y premiada
Raúl Cremoux
En abril de 2009 el visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Mauricio Farah, presentó en mi programa de televisión Barra Libre de Canal 34 un libro estrujante. Eran 15 relatos de sobrevivientes a las barbaries que cometían las bandas criminales con migrantes provenientes de Centroamérica que deseaban llegar a Estados Unidos para iniciar una vida digna, alejada de las penurias en las que viven en sus países de origen.
Los sobrevivientes relataban la complicidad de los funcionarios y empleados del Instituto Nacional de Migración con los asesinos, quienes escogían entre las víctimas quiénes serían encadenados a sus bandas como peones, los que servirían de carne de cañón en tareas infames, cuáles serían las mujeres violadas y vendidas como prostitutas y, finalmente, quiénes serían torturados para obtener información sobre sus parientes ya colocados en Estados Unidos para ser extorsionados.
Las golpizas e incluso los asesinatos que cometían los Zetas frente a todos los detenidos y bajados de trenes y autobuses eran relatos vivos de la angustia y desesperación que padecían los entrevistados por Mauricio Farah.
Con ingenuidad pensé que, ante esos testimonios, la Secretaría de Gobernación, organismo fundamental en la lucha contra las bandas de traficantes, haría sentir su peso en el Instituto Nacional de Migración, dependencia toral de esa institución.
¿Qué hizo su titular María Guadalupe Cecilia Romero Castillo, quien llegó al cargo el 7 de diciembre de 2006 nombrada por el señor Felipe Calderón?
Nada que pudiera ser descrito como una acción relevante; nada que impidiera la continuidad de esos escalofriantes hechos de abuso.
Nada tampoco ante el extrañamiento formulado por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas ante el gobierno mexicano.
Tuvo que llegar agosto de 2010 con la revelación contundente de un sobreviviente ecuatoriano quien herido en el cuello y cara relató la matanza de 72 migrantes perpetrada en San Fernando, Tamaulipas, a escasos 150 kilómetros de Brownsville. La indignación de esos hechos alcanzó los titulares de diarios tan lejanos como La Stampa en Italia o el Mercurio en Chile. Los noticiarios de radio y televisión mexicanos y extranjeros destacaron largos tiempos a analizar lo ocurrido. Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos afirmó que ese tipo de secuestros y delitos, entre 2008 y 2009, llegaban a ¡más de 1,600 por mes!
Ante la inocultable cadena de corrupción en el Instituto Nacional de Migración, su titular, en lugar de presentarse ante la Cámara de Senadores para tratar de dar cuenta de lo inexplicable, fue removida y enviada al PAN nada menos que como secretaria general, para protegerla y con ello decirle a la nación que la irresponsabilidad y la eventual complicidad con esos delitos quedaría impune y hasta premiada.
En estos días que corren, declara la señora que los tres aspirantes panistas a la Presidencia de la República son los únicos que deben figurar y resaltar sus perfiles en los tiempos que el Instituto Federal Electoral determina para la precampaña que debiera estar destinada únicamente a los panistas. Pero ellos aparecen en cadenas nacionales electrónicas, rebasando abusivamente lo permitido.
El enojo de María Guadalupe Cecilia Romero Castillo radica en que los precandidatos del PRI y del PRD se esmeran en encontrar eco a sus ideas en diversas partes del país. ¿O qué esperaban; acaso que se escondieran en sus casas? Eso, el que hagan su tarea, no le gusta a los panistas de quien la ex titular del maloliente Instituto Nacional de Migración se vuelve vocera.
¿Con qué cara la señora Cecilia Romero, secretaria general del PAN quiere desaparecer a los aspirantes presidenciales de la oposición; acaso ahí está el espíritu democrático de los González Morfín o los Cristhieleb Ibarrola?
¿Con qué cara esa dama dice buscar la equidad?
¿No debiera estar frente a los tribunales?
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