Crisis alimentaria

Magdalena Galindo

Ya no sólo preocupación, sino indignación ha suscitado en el país la noticia de los suicidios en la sierra Tarahumara ocasionados por el hambre que padecen los indígenas rarámuris que habitan esa región chihuahuense. La denuncia del integrante del sindicato Frente Organizado de Campesinos Ramón Gardea, en el sentido de que el pasado 10 de diciembre 50 hombres y mujeres se habían lanzado al barranco o ahorcado por la falta de alimento, fue rápidamente desmentida por el jesuita Javier Avila y por autoridades del estado de Chihuahua. Al margen de la polémica sobre los suicidios, lo que es un hecho indubitable es la situación de hambruna que se vive en la zona tarahumara y la necesidad de atender una emergencia de esa magnitud, ante la cual ya ha empezado a manifestarse la solidaridad del pueblo mexicano.

Ciertamente, el año pasado fue uno especialmente difícil, por la sequía extraordinaria que se registró en el norte del país, debida en gran parte al cambio climático del planeta que ha multiplicado los desastres naturales; no obstante, en el caso de México no se trata únicamente de los estragos ocasionados por el cambio climático, sino de la crisis del campo a la que mucho han contribuido las políticas gubernamentales y en especial las de la actual administración panista. El caso más extremo es el reciente veto, ejercido directamente por Felipe Calderón al programa especial de emergencia por 10 mil millones de pesos que habían propuesto los legisladores y gobiernos estatales para atender precisamente los efectos de la sequía del año pasado.

Se trata del caso más extremo, porque la falta de lluvias ha generado una situación de emergencia no sólo en la sierra Tarahumara. La semana pasada el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la propia administración de Calderón, advertía que hay una crisis alimentaria en México ya que la sequía afecta al 50 por ciento de los municipios del país. Y esa crisis se produce cuando en el mundo hay un alza extraordinaria de los precios de los alimentos y en especial del maíz, que ahora se tendrá necesariamente que importar en mayor proporción.

Para México, el maíz es doblemente estratégico, pues en primer lugar constituye el alimento de mayor importancia y a veces casi el único de la población, y en segundo lugar porque constituye el principal cultivo de los campesinos pobres que utilizan una parte de su cosecha para el autoconsumo. Esto significa que el descenso drástico en su producción determina la aparición de la hambruna en la población rural.

El castigo al campo, que ya parece odio a los campesinos, no sólo se manifiesta en el veto al programa de emergencia por la sequía, sino en una sistemática disminución del presupuesto gubernamental para apoyar al sector rural. Así, mientras al iniciarse al sexenio de Calderón se dedicaba un 3.49 por ciento del presupuesto federal para apoyar el campo, en este año de 2012 sólo se dedicará a ese fin un 2.48 por ciento. La comparación es obligada: las dependencias vinculadas a la seguridad, en cambio, pasaron de recibir el 3.9 por ciento al 4.5 por ciento del gasto federal. En números absolutos, la Sagarpa, que entre otras cosas es la dependencia encargada del campo, recibirá 71.3 mil millones, mientras las dependencias de seguridad en conjunto ejercerán 131.7 mil millones de pesos.

Si las políticas respecto al campo han sido indignantes por la injusticia que implican, por la extensión de la pobreza, por el hambre que padece la población rural, ahora que han conducido a una crisis alimentaria en el país representan un suicidio para México y son todavía más inaceptables.