Sara Rosalía
Anunció la administración calderonista “la puesta en marcha” del Programa Nacional de Financiamiento a la Educación Superior, que “beneficiará” con créditos a 23 mil jóvenes.
Pero veamos un poco más de cerca las cifras y tratemos de averiguar de qué se trata.
Los préstamos serán de 215 mil pesos para los estudiantes que cursan licenciaturas y de 280 mil para los de posgrado. Cuando el estudiante termine tendrá un “periodo de gracia” de seis meses para que encuentre trabajo y comience a pagar los doscientos mil pesos y pico que le correspondan. Nadie le dice al estudiante que ante un mercado laboral en crisis será muy difícil que encuentre trabajo y que, en consecuencia, se verá ante una deuda que le será prácticamente imposible de pagar. Se puede decir que el plan debiera anunciarse con el siguiente nombre: cómo pasar de estudiante becario a deudor remiso, en sólo cinco o dos años.
Yo diría incluso que con tal plan el gobierno intenta que las personas se endeuden a fuerza, que le compren crédito a los bancos con 23 mil deudores atados. Se inicia con un fondo nada modesto: dos mil 500 millones de pesos, que irán, íntegros, no a la educación pública superior, sino a los bolsillos de los jesuitas, los legionarios de Cristo, el Opus Dei o la iniciativa privada regiomontana que tienen como empresas las llamadas universidades privadas.
La educación como negocio
Alguien dirá que no hay que ser tan pesimistas, pero se les puede responder que a los estudiantes de Estados Unidos, que fueron conejillos de indias de este supuesto beneficio, ya están ahorita mismo puestos contra la pared por el Estado que amenaza con vender sus deudas a los bancos para que paguen de inmediato. Los jóvenes estudiantes estadounidenses debían 850 mil millones de dólares hasta septiembre de 2010. Para que el lector calcule más o menos el monto del negocio, puede decirse que lo que deben nuestros vecinos en total en tarjetas de crédito alcanza la cifra de 828 mil millones de dólares. Hay en ese poderoso país, 70 millones de estudiantes y esto quiere decir que en promedio cada uno debe poco más de 12 mil dólares. Y los expertos vaticinan que la deuda aumenta a una velocidad de dos mil 853 dólares por segundo.
El asunto es obvio. Supone que el estudiante endeudado va a terminar sus estudios sin contratiempos y, además, cuando se reciba va a encontrar trabajo. Dos premisas que son difíciles y, en los días actuales, casi imposibles de cumplir.
En el fondo, subyacen otros problemas. Uno es que el estado llamado benefactor no compagina con el neoliberalismo y ya quieren ahorrarse los gastos en salud, en educación y en prestaciones para la clase trabajadora, como las pensiones. Otro, es que en época de crisis, los capitalistas buscan campos de inversión y el Estado les vende los bienes nacionalizados: el petróleo, los bancos, los teléfonos y la electricidad. O ahora, la educación.
Subyace, además, la idea (sin pruebas) de que la educación privada es mejor que la pública, a pesar de que mientras la UNAM, por ejemplo, está entre las cien mejores universidades del mundo, ninguna, sí, ninguna de las universidades privadas, ni el Tecnológico de Monterrey (donde se anunció el nuevo tipo de financiamiento estatal), ni la Universidad Iberoamericana, ni la Anáhuac, por mencionar las más conocidas, aparecen entre las 500 mejores universidades del mundo. La Universidad Iberoamericana y la Panamericana, por ejemplo, son, además, confesionales. ¿Cómo va a justificar un estado laico patrocinar con las deudas estudiantiles a instituciones clericales?