Entrevista a  Pablo Escudero/Dañará de por vida a Calderón


Los sobrenombres a la Estela de Luz se multiplican: que si la suavicrema, que si la estela de pus o el monumento a la corrupción, lo cierto es que la obra es considerada ejemplo de la opacidad, la corrupción y la impunidad que impera en el gobierno federal.

El propio arquitecto que concibió la Estela de Luz, César Pérez Becerril, considera que la edificación que inauguró el presidente Felipe Calderón el pasado 8 de enero —casi en la clandestinidad— no representa ni el 10 por ciento del proyecto con el que ganó. Sus denuncias sirvieron para destituir al director de III Servicios —primer encargado de la obra— y a 26 personas más; hay otras en trámite, pero nada más.

La Secretaría de la Función Pública, quien se supone encargada de evitar la corrupción, fue juez y parte en esta obra y su titular, Salvador Vega Casillas, ya está fuera de la administración, hoy en busca de una senaduría.

La obra —inaugurada 15 meses después— no cumplió con las condicionantes en materia ambiental; los especialistas en arte la consideran una columna desproporcionada, incluso fea; los historiadores la juzgan muy lejana de representar la identidad nacional.

Lo cierto es que el gobierno modificó el proyecto de la Estela de Luz y otorgó la obra a una empresa inhabilitada —GUTSA—, una edificación que hoy, tras el peritaje del Colegio Mexicano de Ingenieros se sabe tuvo un sobreprecio, debió haber costado 497 millones de pesos y no los mil 350 millones del precio final.

Historia

El diputado Pablo Escudero, presidente de la Comisión de la Función Pública y de la Auditoría Superior de la Federación, habla sobre este peritaje y la investigación que realizaron.

¿Cómo se involucra usted en la investigación sobre la Estela de Luz?

Cuando se hacen los anuncios de los festejos del Centenario y Bicentenario se crea un fideicomiso, donde la Secretaría de Hacienda manda una cantidad aproximada de 6 mil millones de pesos para cubrir lo que se iba a realizar. Luego nos enteramos de las actividades y doy seguimiento a este fideicomiso presidido por la Secretaría de la Función Pública. Me doy cuenta que se crea el fideicomiso con la intención de evadir la ley, de no hacer licitaciones públicas y asignar los contratos de todo lo que se iba a realizar de manera directa y por varias vías.

Las más importantes es por el Turissste, al que se le asignaron millones de pesos para que contratara de manera directa, sin licitar, muchos temas del desfile que se realizó el 15 de septiembre de 2010: contratar artistas, la producción, las sillas, el transporte y lo que implica un evento de esa magnitud. Hablamos de montos que iban del orden de los 10 millones de pesos hasta algunos que iban de los 100 o 120 millones.

Otro mecanismo que utilizan es la empresa III Servicios, del gobierno federal, donde le asignan de manera directa este contrato y ellos a su vez subcontratan sin licitar nuevamente este monumento.

Se da seguimiento a lo que sucedía en Turissste, a las irregularidades que ya existían, como es el caso de los relojes regresivos que se pusieron en los diferentes estados, con una inversión de más de 10 millones de pesos. Cuando se empieza a revisar, se hace una auditoría, y así van con la empresa contratada y ésta dice yo no lo hice, contraté a otra, y cuando van con esa otra empresa, dice lo mismo, y así en cinco ocasiones.

Esos contratos pasaron por manos de cinco contratistas de manera directa, con las implicaciones presupuestales.

Siempre pedí que se hiciera una licitación pública, abierta, para hacer esta construcción, no fue así y empezamos a hacer el seguimiento de la Estela de Luz.

 

Rompimiento del arquitecto Pérez Becerril

Luego de que se empiezan a dar las primeras diferencias, se aparta de la obra el autor de la Estela de Luz, César Pérez Becerril. ¿Desde ese tiempo usted estuvo en contacto con el arquitecto?

Cuando el arquitecto se empieza a sentir inconforme con lo que sucede en la obra —él lo relata así—, con los aumentos de los precios, con las modificaciones a la obra y una serie de irregularidades que detecta, se empieza a separar. Acude a la Cámara de Diputados, me dice que buscó a algunos legisladores con los cuales no tuvo éxito y se acercó a esta Comisión de la Función Pública, que entre esta comisión y la de la Auditoría Superior de la Federación me entregó los documentos que tenía y entonces me empezaron a llegar otros documentos de manera anónima, diciéndome las irregularidades que existían con la Estela de Luz.

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Efectivamente, viene un rompimiento derivado de una solicitud o una invitación muy apresurada al arquitecto, para que empiece a trabajar en la Secretaría de Educación Pública y que deje este proyecto.

¿Cuando se le entrega la obra a la Secretaría de Educación Pública ya había una serie de irregularidades, de las que tuvo que saber el titular?

Lo que pasa es que el titular llega tarde. Cuando Alonso Lujambio es nombrado encargado de los festejos del Bicentenario, las irregularidades ya existían. Sin dar una fecha precisa, me parece que se incorpora a mediados de 2010, hablamos de junio-julio. En esa etapa no estaba el secretario Lujambio, pero desde ahí ya dábamos cuenta con documentación, es muy importante hacer la precisión porque todos los comentarios que he hecho, la información que he dado, siempre lo hago con un documento oficial en la mano.

Dábamos cuenta por documentos que recibimos que el gobierno federal había contratado a esta persona —Juan Alberto Bravo, quien entre 2009 y 2010 trabajó para III Servicios, filial de Pemex— quien trabajaba en la constructora GUTSA y dos semanas antes trabajaba en el gobierno federal. Lo nombran el encargado para hacer el concurso, invita a tres empresas, entre ellas GUTSA y ésta gana casualmente. Había un conflicto de intereses, está probado con documentos oficiales que entregamos a la Procuraduría General de la República, y derivado de ello, existen ya cuatro denuncias penales, y una inhabilitación por 12 años.

 

Bomba atómica

¿Por qué cree que tardaron tanto en concluir la obra? 

Se unió la ineptitud, la inexperiencia y la corrupción, y cuando se reúne todo eso se hace una bomba atómica, que es lo que pasó. Los primeros funcionarios que estuvieron ahí hicieron muy mal las cosas, los que llegaron no supieron cómo corregirlo. Creyeron —y así lo he sostenido— de buena fe que estaban bien hechas las cosas.

Si revisa usted las primeras declaraciones, cuando doy a conocer las primeras irregularidades, el gobierno federal dice que no existe corrupción, que no es cierto, que es la estela más transparente que ha habido en la historia el país. Luego, cuando empiezo a exhibir los documentos, cambia el discurso y dice que se va a investigar.

Gracias a la información que impulsamos, gracias a los medios de comunicación y a la gran presión que se llevó a cabo, se obligó a la Secretaría de la Función Pública a hacer esta inhabilitación y a presentar denuncias penales, aunque hay que decir que esta secretaría está involucrada en el asunto, porque ella preside el fideicomiso, dio el dinero para construir la Estela de Luz y tiene un nivel de responsabilidad.

Insisto: fue una mezcla de ineptitud, inexperiencia, corrupción, se reunió todo esto para no hacer una obra de la envergadura que se necesitaba, de la aspiración de hacer un festejo muy importante del Centenario y Bicentenario, que nos recordaría nuestras gestas históricas. Sonaba muy bien cuando se anunció un monumento que quedara como un legado para todos los mexicanos, situación que no ocurrió.

Cuatro denuncias, muy poco para el tamaño de la corrupción.

La ley va estableciendo estructuralmente quiénes son los responsables. Una buena investigación, una indagatoria profunda, debe ir hacia arriba y hacia abajo. Tienen mucha responsabilidad los de abajo, a pesar de que no hayan firmado documento, pero pudieron haber intervenido en el proceso, y tienen mucha responsabilidad los de arriba, por supervisión. Hace falta revisar bien esos tramos de control —por llamarlos así—, hacia abajo y hacia arriba, que se ve que no están incorporados.

Ahora esta investigación viene a dar un giro de 180 grados, cuando ya tenemos una valoración del Colegio Mexicano de Ingenieros que marca cuánto debió haber costado la obra y es importantísimo. No teníamos un peritaje que nos dijera qué era lo que había pasado con esa obra, a pesar de que se exhortó al gobierno federal a que sacara un peritaje de la UNAM, de alguna institución honorable, que nos diera certeza a los mexicanos de que esa obra costaba esa cantidad, dejaron pasar la oportunidad.

Apostaron a la mala memoria de los mexicanos y tuvimos una conclusión como la que fue: una inauguración que estaba planeada para hacerse el día domingo, y derivado de la inconformidad y manifestaciones que surgen de las redes sociales, se ve obligado el presidente Calderón a adelantarla.

Se hace un día sábado, ya lo denominan el sabadazo. El presidente Calderón, solo, con su gabinete, rodeado de mil 200 policías. Cualquiera que revise un poco de historia y vea los monumentos importantes de cualquier país, inaugurar un monumento así, evidentemente, es absurdo. Tener un cerco de mil 200 policías y que nadie se pueda acercar al monumento que nos iba a recordar las gestas históricas acabaría igual que como se inició: comenzó mal y terminó mal.

 

Costo real

¿Cuáles son las cifras del peritaje del Colegio Mexicano de Ingenieros?

Las quiero leer, es la página 80, y nos dice que la obra debió  haber costado máximo 497 millones 500 mil pesos, más IVA, es decir, la obra cuesta 870 millones de pesos, ahí determinan que hay 375 millones que no están en esa obra. Más aún, otra parte medular, nos dice cómo se calcularon los 375 millones y otras situaciones muy graves.

Nos especifican que 20 conceptos que fueron entregados por el arquitecto César Pérez Becerril fueron cancelados. Se incorporaron 20 nuevos, pero esos son los mismos conceptos que había presentado Becerril con un nombre diferente y con aumento de precios. Cuando se empieza a hacer la sumatoria de cada uno de esos elementos, nos arroja la cantidad de 375 millones de sobreprecio, nos dice cómo se infló el precio, cuál era el precio por unidad que existía. Con sólo cambiarle el nombre, qué precio por unidad tenía y ahí aumentaba entre 150 y 200 por ciento, cada uno de los conceptos.

Es un peritaje que viene a dar luz a esta investigación, toma un giro de 180 grados y espero que obligue al gobierno federal a que investigue; como sostengo desde el principio, el presidente Calderón y el secretario Lujambio han sido engañados, pero ahora ya no se pueden llamar engañados, después de un peritaje serio en donde se marcan las irregularidades.

No hay que ir a ver qué es lo que sucedió, hay que revisar los 20 conceptos. Si el Presidente no ordena una investigación a profundidad de este tema, esta obra lo va a perseguir toda su vida, será la obra que marcará la administración del presidente Calderón.

¿Qué sigue? 

Por nuestra parte, hay dos caminos derivados de este peritaje. El primero es el penal: tenemos que darle vista a la Procuraduría General de la República: el pasado 10 de enero ya solicité una entrevista con la procuradora para entregárselo en propia mano.

Por la parte penal, le preguntaré si es suficiente este dictamen para que se incorpore en las averiguaciones previas que existen o si hay que presentar una nueva denuncia penal contra quien resulte responsable. Cualquiera de los dos caminos es aceptable y yo con mucho gusto haría la denuncia penal, si ella así me lo indica.

El otro camino es el administrativo. Ya hablé con el auditor superior de la federación y le comenté que tenía este peritaje, del que ya tenía conocimiento y se lo entregaré en propia mano.

¿Qué pensar de una Secretaría de la Función Pública que está implicada en la corrupción, cuando debe ser parámetro para evitar la descomposición de un gobierno?

Quiero mucho a esa institución, tuve la oportunidad de trabajar ahí. La conozco, era una gran institución, lamentablemente ha perdido la autoridad moral; lejos de eso ya no es referente de nadie.

¿Aunque se involucre a gente cercana al propio presidente Calderón? 

Hay muchos nombres que circulan alrededor del Presidente. He sido muy cuidadoso en no dar ninguno, porque no tengo ningún documento que lo acredite, hay muchos chismes. Lo desconozco, no puedo hablar de esos nombres sin tener elementos de prueba, porque demeritaría el trabajo que he hecho como presidente de esta comisión, y tengo que rendir cuentas a 499 diputados y a la ciudadanía. He mencionado a los responsables que están ahí, que están en esta empresa, que tienen los documentos firmados, cuáles son los de primera línea de los funcionarios públicos que están involucrados, aunque evidentemente existan responsables de supervisión hacia arriba en diferentes medidas cada uno.