Enormes e innegables
Raúl Jiménez Vázquez
En una carta difundida hace unos días en algunos medios informativos, el embajador Hermilo López Bassols, distinguido docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y autor de una excelente obra sobre los casos relevantes del derecho internacional público, informó a la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano, su negativa a asistir a la reunión anual de diplomáticos agendada para los primeros días de enero del 2012.
En la misiva, el connotado miembro del Servicio Exterior Mexicano adujo su falta de identificación con las directrices impuestas en la materia por el gobierno de Felipe Calderón, así como el patente deseo de utilizar el encuentro oficial como plataforma de ensalzamiento de una administración que se ha dedicado a ceder a las presiones del imperio, alejándose de las mejores causas que habían abanderando la Cancillería y el gobierno de la República.
López Bassols está en lo correcto. Las grietas que acusa la política exterior son tan enormes como innegables. Abundan los ejemplos que indiscutiblemente acreditan la razón de este dicho, siendo los más significativos la famosa Iniciativa Mérida y su adendum, esto es, la carta de entendimiento ventilada en agosto del 2011 por el diario The New York Times, instrumentos con los que se avaló la descarada intervención de la Casa Blanca en los asuntos internos; los dos constitutivos de sendos tratados internacionales que están surtiendo sus efectos aún a pesar de que no haber sido sometidos a la ratificación constitucional del Senado de la República.
Otra muestra del enorme distanciamiento de los principios que nutrieron e imprimieron celebridad a la política exterior mexicana es la sumisa y denigrante actitud adoptada por las autoridades federales ante los llamados operativos “Rápido y Furioso” y “Arma Blanca”. Empero, la merma palpable de la soberanía nacional que aparejaron estos escandalosos casos de tráfico de armas apenas es comparable con otro íntimo agravio a la dignidad de los mexicanos, derivado del permiso para que drones o aviones estadounidenses no tripulados surquen nuestro espacio aéreo y del consentimiento oficial para que en pleno Paseo de la Reforma asienten sus oficinas permanentes numerosos agentes y representantes de las agencias encargadas de la seguridad nacional del vecino país del norte, quienes preocupantemente gozan de licencia para moverse libremente a lo largo y ancho del territorio patrio.
Otra fuente manifiesta de oprobio para la otrora regia diplomacia mexicana es la cláusula de impunidad en favor de contratistas privados de nacionalidad extranjera encargados de la prestación de servicios de asistencia y seguridad militar, consignada dentro del texto de la Iniciativa Mérida. Tal irregularidad fue revelada en el informe rendido a fines del 2011 por el grupo de trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio para violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación, dependiente del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.
En el área de los derechos humanos las cosas no están mejor: no obstante que fue expresamente ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos dentro de la sentencia dictada en el caso Rosendo Radilla Pacheco, hay una clarísima resistencia a la derogación del fuero militar para asuntos ajenos a la disciplina castrense; los personeros gubernamentales se comportan como auténticos abogados tramposos o fulleros, agrediendo verbalmente a las víctimas cuyos casos están siendo ventilados ante el tribunal humanitario de San José, como sucedió con los familiares de los desaparecidos jóvenes Alvarado, originarios del estado de Chihuahua.
Por si todo lo anterior fuera poco, las autoridades deciden someterse al procedimiento de solución amistosa con vistas al finiquito de la queja interpuesta por Fernando Rodríguez, presunto copartícipe del homicidio de José Francisco Ruiz Massieu, ante la Comisión Interamericana de Derecho, mientras que, contradictoriamente, se muestran severas y reacias a reconocer la responsabilidad internacional del Estado mexicano inherente a los casos denunciados ante esa misma instancia hemisférica por Raúl Alvarez Garín, Félix Hernández y otros líderes históricos del 68, respecto a la matanza estudiantil perpetrada el 10 de junio de 1971 por el grupo paramilitar de “Los Halcones”; y por la ex magistrada Aurora Cortina, a raíz de su injusto despido del antiguo Tribunal Fiscal ¾por cierto, fundado por su padre, el jurista Alfonso Cortina¾ debido al hecho de haber ejercido su derecho humano a la libre expresión de las ideas.
El fracaso estrepitoso del régimen calderonista se observa más nítidamente a través del prisma de los órganos supranacionales que ya le tienen puesto el ojo crítico. El Comité de los derechos del niño de la ONU tiene abierta una investigación con motivo de la queja presentada por distintas ONG en el sentido de que la Secretaría de la Defensa Nacional está utilizando menores de edad en la guerra antinarco. Además, a mediados de marzo de este año, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas se abocará al examen del informe del grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias de personas, resultante de la misión oficial realizada del 18 al 31 de marzo del 2011. Por otra parte, el fiscal de la Corte Penal Internacional no desechó de entrada, sino que procederá a la sustanciación de la denuncia formulada por un grupo de académicos, activistas y otros connacionales en contra del Ejecutivo federal, algunos de sus secretarios y el Chapo Guzmán.
La cereza del pastel, la gema iridiscente que corona este magno desastre está representada por la inaudita solicitud de concesión de inmunidad oficializada por el gobierno de Calderón ante el Departamento de Estado de los Estados Unidos, a fin de que se exima al ex presidente Ernesto Zedillo de las violaciones a los derechos humanos y la presunta complicidad en la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad, que le están siendo imputadas por algunas de las víctimas de la horrorosa matanza de Acteal ante una corte federal de los Estado Unidos. De este delicado tema me ocuparé en la siguiente entrega.
La conducta del embajador López Bassols está pletórica de congruencia, dignidad, valentía y patriotismo y en modo alguno puede ser omitida o soslayada por otros miembros de la vieja guardia de la diplomacia mexicana, a la que en su momento le brindaron sus más elevados afanes mexicanos de talla universal como Narciso Bassols, Isidro Fabela y Gilberto Bosques, el llamado “Schindler mexicano”.