Pretenden en EU imponer las leyes SOPA y PIPA
Bernardo González Solano
La aparente libertad (por no llamarla libertinaje) en el uso del ciberespacio, tarde que temprano tenía que chocar con el Estado. Era demasiado bello para que fuera verdad. No importa el tenor de la ideología. El poder del Estado siempre ha querido ser el principal y casi único.
Así como se ha tratado de controlar la prensa, escrita o electrónica, ahora llegó el momento de “proteger” a la Internet con el sambenito (aunque parezca insólito, legal) por conducto de dos proyectos de ley antipiratería presentados en las cámaras del Congreso de Estados Unidos: Stop Online Piracy Act (SOPA) —alto a la piratería en línea, ante la Cámara de Representantes— y Protect Intelectual Property Act (PIPA) —protección de la propiedad intelectual— en el Senado.
La verdad sea dicha, la industria de la Internet y la de contenidos audiovisuales mantienen una batalla desde hace mucho tiempo. Casi al mismo tiempo, en cuestión de horas, aunque dichos tópicos han estado en proceso de desarrollo durante muchos años, el hecho es que para detener la posible aprobación parlamentaria de las dos leyes, varios importantes sitios web de la Unión Americana dispusieron un “apagón” durante 24 horas y otros apoyaron la protesta por diferentes formas.
Y, menos de 48 horas más tarde, el FBI en una inusual operación contra la piratería en la Internet, intervino Megaupload, una de las más importantes páginas web de intercambio de archivos del mundo, y se detuvo al extravagante propietario, un finlandés-alemán y a otros de sus socios en Auckland, Nueva Zelanda. Tanto una acción, como la otra tuvieron repercusiones. Miles de personas salieron a las calles en Estados Unidos para manifestarse en contra de la llamada ley SOPA y otros hackearon instituciones oficiales y empresas privadas.
En infinidad de portales —algunas agencias de prensa aseguraron que fueron más de 10 mil— aparecieron leyendas de rechazo a los dos proyectos legales antipiratería estadounidenses. Por ejemplo, Imagine a World Without Free Knowledge (imagine un mundo sin libertad de conocimiento) es la frase que desplegó la versión inglesa de Wikipedia. La enciclopedia on line no estuvo disponible durante 24 horas como acto de protesta por los citados proyectos de ley antipiratería. El buscador Google no desapareció de la red, pero secundó la protesta de Wikipedia sobreponiendo un velo sobre su propio logo. Al querer acceder a la versión en inglés de la citada enciclopedia “en línea de más de 20 millones de artículos publicados en 282 lenguas” (sic), Wikipedia presentaba la frase de protesta sobre una pantalla en negro, sin más.
Google, a su vez, sí daba servicio aunque pedía a sus usuarios a firmar una petición que dice: “urge al Congreso a votar en contra” de los proyectos legislativos, “antes de que sea demasiado tarde”.
Por lo mismo, otro site como Reporteros sin Fronteras, en su versión inglesa, también estuvo fuera un día completo, en su portada reprodujo la siguiente frase: “protestar en nombre de la libertad de expresión en línea”.
La protesta digital originó que algunos legisladores repensaran o pospusieran su voto a favor para lograr mayor respaldo. De hecho, la votación se pospuso para el martes 24 de enero, pero tampoco era seguro que así se hiciera.
No obstante, el promotor de la ley SOPA endureció su postura después de que la semana pasada propusiera congelar su votación en busca de mayor consenso. Además, el presidente Barack Obama indicó que no apoyaría el proyecto Stop Online Piracy Act.
Fondo y forma
Es indudable que la piratería de contenidos ha de ser perseguida. El problema es la forma de hacerlo. Los promotores de la ley —los estudios de Hollywood, por ejemplo, tratan de que los internautas paguen lo justo por el usufructo de sus producciones—, en una de sus propuestas más polémicas, plantean el cierre de páginas de Internet que permitan las descargas de contenidos protegidos por derechos de autor, violando la propiedad intelectual. Si el sitio está situado en Estados Unidos podría hacerse aunque su dueño residiera en otro país. Esto legalizaría la competencia de los tribunales estadounidenses, que podrían llevar a la justicia a propietarios de páginas extranjeras que se beneficien de contenido protegido en la Unión Americana.
Asimismo, otra propuesta: los proveedores de la Internet resultarían inmunes en el caso de haber bloqueado el acceso a sitios que después demuestren que no violaron los derechos de autor.
El asunto va para largo. Los intereses son casi infinitos. Por lo que entre los grupos defensores de la libertad de expresión hay organizaciones de derechos civiles e instituciones liberales, como el Instituto Cato que manifiesta: “El problema de SOPA no es el detalle de la ley, es su principio de base que pretende crear una lista negra de los sites de Internet”.
Ambas leyes cuentan con amplio respaldo de la industria cinematográfica y discográfica y las cámaras de comercio —cuyas pérdidas por piratería suman miles de millones de dólares— que defienden que las medidas actuales no son suficientes para proteger obras de autor. Casi como el nudo gordiano.