Juan Barrera Barrera
Las recientes elecciones parlamentarias llevadas a cabo en Egipto son el primer resultado de la revolución del 25 de enero del año pasado que derrocó al presidente Honsi Mubarak, que entre sus demandas exigía mayores libertades civiles.
El primer Parlamento egipcio en una sesión histórica inició sus labores el 23 de enero, con una amplia mayoría islamita ya que controla tres cuartas partes de la Cámara Baja (Asamblea del Pueblo). El nuevo Parlamento tiene 508 escaños, de los que 498 fueron elegidos en las urnas y diez designados directamente por la Junta Militar.
El Partido Libertad y Justicia (PLJ), brazo político de los Hermanos Musulmanes es la formación mayoritaria con 235 escaños, seguido por los salafistas (musulmanes rigoristas) de Al Nur, con 123 asientos; en tercer sitio, el Wafd que es el partido más antiguo de Egipto que obtuvo 38 diputados.
Mientras que el Bloque egipcio formado por una alianza de fuerzas laicas y liberales logró 34 diputados. Al Wasat, otra fuerza islamita (escisión de los Hermanos Musulmanes) obtuvo diez escaños. El partido conservador Reforma y Desarrollo, del sobrino del ex presidente asesinado Anuar al Sadat, sumó ocho asientos, en tanto que la coalición La Revolución Continua, formada por grupos de jóvenes y nacida al calor de la revuelta social, alcanzó siete representaciones. Las restantes bancas quedaron repartidas entre partidos minoritarios.
Una vez concluidas las elecciones para la integración de la Cámara Baja, el 29 de enero se iniciará la votación para elegir a los miembros de la Cámara Alta o Consejo de la Shura. Este largo proceso deberá concluir con la aprobación mediante un referéndum de una nueva Constitución y con la elección presidencial antes de julio, de acuerdo con lo establecido por la gobernante Junta Militar.
La novedad de las elecciones parlamentarias es la demostración de fuerza que tienen los musulmanes entre la población egipcia. Este fenómeno es significativo porque el triunfo de los partidos más conservadores, podría sugerir que en materia de libertades civiles, que fue una de las principales demandas de la revolución, podría haber un retroceso que pudiera poner en peligro la incipiente democracia y olvidarse de otras demandas que enarbolaron los egipcios.
El lema “Pan, Libertad, Justicia”, que entonaron miles de manifestantes en la plaza Tahrir en el inicio de los festejos del primer aniversario de la revuelta del 25 de enero del año pasado, es un recordatorio a la Junta Militar de que la rebelión no era sólo una demanda por los derechos sociales, sino que había un reclamo muy claro sobre la situación de pobreza que vive Egipto y que si bien las elecciones son un paso para la organización de un mejor gobierno, la democracia no termina en las urnas.
Finalmente las condiciones de miseria y marginalidad fueron esenciales en el estallido y la ira social en contra del prolongado régimen de Honsi Mubarak.
Es un hecho también que los egipcios no ven con buenos ojos la permanencia del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas que gobierna al país desde febrero del año pasado, porque está integrado por resabios del gobierno anterior y hay temor de que intenten mantenerse en el poder si las elecciones para elegir a un nuevo presidente no gozan de credibilidad amplia.
Así, la decisión del Premio Nobel de la Paz, Mohamed el Baradei, de retirar su candidatura a la presidencia de Egipto, es un fuerte cuestionamiento a los militares, pues asegura que el antiguo régimen aun no ha sido derrotado; lo profundiza la crisis de imagen de la Junta Militar que ha sido más cuestionada por la represión de las protestas de los últimos meses y por las sospechas de que pretende mantener sus privilegios cuando termine la transición.
Por eso no es gratuito que varios grupos descontentos estén llamando a organizar una “segunda revolución”. Es claro que los militares no han aprendido la lección del pasado reciente.