No dejarlo en el olvido
Raúl Jiménez Vázquez
La visita al Museo Memoria y Tolerancia, ubicado frente a la Alameda Central, es una experiencia digna de ser vivida; su nombre engloba los ideales superiores que inspiraron su edificación. El olvido permite que las graves violaciones a los derechos humanos surjan de nuevo, mientras que la memoria sirve como instrumento de justicia y prevención. Los estereotipos, prejuicios y discriminaciones son el germen de las atrocidades; la tolerancia, la diversidad, la inclusión, el respeto, el diálogo y el entendimiento mutuo constituyen los cimientos de la paz y el desarrollo de la humanidad.
La obra monumental Lamento, memorial del artista Jan Hendrix erigido en honor a los niños asesinados en los genocidios, es el tremendo e impactante punto de inicio de este recorrido que se despliega a lo largo de las diversas salas. La Shoah, el holocausto, conforma el eje de la exposición; este acontecimiento, probablemente la mayor expresión de crueldad humana, posibilitó que más de diez millones de seres humanos ¾judíos, gitanos, comunistas, socialdemócratas, Testigos de Jehová, homosexuales¾ fueran brutalmente sacrificados en Auschwitz, Treblinka, Dachau y otros horrendos campos de exterminio.
En el museo se detallan los sucesos relevantes que dieron forma a esta negra página de la historia contemporánea. Lo inaudito es que la inmensa mayoría de sus autores intelectuales y materiales poseían estudios superiores y que sus acciones estaban avaladas por normas jurídicas emitidas por el parlamento alemán ¾las leyes de eutanasia de 1933 y las leyes de Nüremberg de 1935¾, por lo que eran actos enteramente válidos a luz del derecho teutón.
El antecedente de las barbaridades del régimen hitleriano fue la matanza de cientos de miles de armenios ocurrida durante la primera guerra mundial. En la sala respectiva se ahonda sobre el desarrollo de la catástrofe y se destaca la oposición del gobierno turco ¾heredero del imperio otomano¾ a la posibilidad de calificarla como genocidio.
En los salones subsecuentes se abordan los casos de Ruanda y la ex Yugoslavia, ambos materia de sendos tribunales penales internacionales ad hoc creados por acuerdo del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. También se detallan los crímenes, desplazamientos y trabajos forzados instrumentados por el Jemer Rojo de Pol Pot en Camboya, que ameritó el establecimiento del tribunal del mismo nombre bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Asimismo, se alude al conflicto de Darfur, por el que la Corte Penal Internacional libró una orden de aprehensión contra el jefe del Estado de Sudán, Omar Al-Bashir. Igualmente, se hace patente el infame asesinato de más de 200 mil indígenas maya-quichés, en Guatemala documentado en el informe de la investigación practicada por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico.
Más adelante, en la sección denominada Nuestro México se refleja la situación prevaleciente en el país; ostenta sin embargo un enorme vacío, un faltante significativo, ya que ahí no se dice una sola palabra en relación con la masacre del 2 de octubre de 1968. Su incorporación a la exhibición sería ¾por supuesto¾ totalmente coherente y acorde con el tema angular de la preservación de la memoria y a la promoción del valor de la tolerancia, puesto que tan espeluznante acontecimiento fue fruto de una intolerancia ¾rayana en lo esquizofrénico¾ que de ninguna manera puede quedar en el olvido.
Por otra parte, también encajaría perfectamente dentro del concepto medular de quienes transportaron a la realidad este extraordinario e inédito proyecto museográfico: el dar cuenta de los crímenes que han sido reconocidos como genocidios, o que están en proceso de serlo, por tribunales o comisiones de la verdad, según la definición contenida en la Convención para la prevención y sanción del delito de genocidio aprobada por la asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1948.
En efecto, en la sentencia definitiva dictada por el magistrado unitario federal José Guadalupe Luna Altamirano se determinó, con efectos de verdad legal o cosa juzgada, que los hechos del 2 de octubre son tipificatorios del delito de genocidio, en virtud de que las acciones homicidas tuvieron como propósito inmediato destruir al grupo nacional integrado por los miembros del Movimiento Estudiantil de 1968, cuyo símbolo de identidad fueron las banderas de luchas insertas en el pliego petitorio del Consejo Nacional de Huelga.
Una razón más para abonar esta idea es la circunstancia de que el 22 de diciembre del 2011 finalmente se publicó en el Diario Oficial el decreto legislativo por el que se adicionó el 2 de octubre, “Aniversario de los caídos en la lucha por la democracia en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco en 1968”, a las fechas de duelo nacional consignadas en el inciso b) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.
Consecuentemente, no existiendo duda alguna respecto de su calificación jurídica, y considerando que se trata de un hecho luctuoso reconocido por la ley e instalado en el imaginario colectivo, la matanza de Tlatelolco debe figurar en el Museo Memoria y Tolerancia, pues ignorar o soslayar este genocidio atenta contra la ética, agravia a las víctimas, lastima la memoria histórica e invita a su repetición. Es por eso, por ejemplo, que en Francia el parlamento recientemente aprobó una ley que prohíbe y sanciona la negación de sucesos constitutivos de este crimen propio del derecho penal internacional.
Además de un acto de justicia y congruencia elemental, ésa sería una forma apropiada y digna de romper el silencio cómplice que envolvió a muchos sectores de nuestra sociedad, quienes fueron testigos impasibles de un acto de barbarie al que indiscutiblemente le es aplicable el sensible reclamo de “Nunca más”.