Es decir, los deudos buscan una indemnización.

Básicamente es un asunto que busca indemnizaciones económicas, no una determinación de responsabilidad penal. Esta es una diferencia importante y significa que, independientemente de lo que ocurra en esta corte norteamericana, hay otra posibilidad, abierta y pendiente, de que en un momento dado el caso de Acteal pueda centrarse en el ámbito de la responsabilidad penal y de la responsabilidad del Estado mexicano en materia de violaciones de derechos humanos.

¿De qué se acusa directamente a Zedillo?

Lo que se ha planteado en distintos momentos es que la Masacre de Acteal se dio en el contexto de una estrategia militar implementada por el gobierno federal y el Ejército. Según obra en documentos que han aparecido y que hemos conocido al paso del tiempo, tal estrategia incluía, además del uso directo de las fuerzas militares, la posibilidad de la formación y operación de grupos paramilitares. En consecuencia, había entonces una política deliberada de la cual el presidente de la república, como jefe de Estado, era el responsable. Nadie está diciendo que Zedillo ordenó o propuso, material o intelectualmente, que se fuera a matar, pero sí desarrolló y puso en marcha una estrategia que tuvo, entre otros resultados, la Masacre de Acteal. Por eso se plantea su responsabilidad en términos de su papel como jefe último de las Fuerzas Armadas y de las acciones del Estado, al ser la cabeza.

Esto es similar a la reciente acusación en contra de Felipe Calderón. ¿Por qué la denuncia contra Zedillo se fue a una corte federal estadounidense y no a la CPI?

No lo sé. Hay muchas interrogantes sobre esta iniciativa. Hasta la fecha tampoco hay información cierta de quiénes sean los promotores o las víctimas, ni del porqué se valieron de esta estrategia de presentar la denuncia en una corte civil en Estados Unidos. Por otro lado, el grupo de Las Abejas, junto con organizaciones de derechos humanos, ha llevado el caso ante la CIDH. Es decir, hay cuando menos dos vías. Pero, de cualquier manera, sigue pendiente el recurso de acudir a las instituciones propias como la Procuraduría General de la República o la Procuraduría del Estado de Chiapas. Entendemos que hace cosa de un par de años el gobierno chiapaneco volvió a reactivar la Fiscalía Especial para el caso Acteal. Así que hay una serie de alternativas. Creo que el problema fundamental en México es la falta de independencia de las procuradurías. La PGR depende del Ejecutivo federal y la procuraduría del Estado depende del gobernador. Yo diría que junto con esa dependencia que impide que en nuestro país se pudieran desarrollar a plenitud las investigaciones, está la deficiencia, que sufren prácticamente todas las procuradurías mexicanas, para hacer averiguaciones objetivas e imparciales y que reúnan todas las evidencias para determinar responsabilidad de todos los actores, desde los materiales, hasta los que, como es el caso del ex presidente Zedillo, implementaron y pusieron en marcha una estrategia que tuvo, entre otras consecuencias, la Masacre de Acteal.

Hay en México un refrán sobre los políticos, que reza: “Tapaos los unos a los otros”. Como coincidencia, existe en Estados Unidos una legislación, que se llama Ley de Inmunidad de Soberanía Extranjera, que impide que los gobiernos de una nación puedan ser encausados en las cortes norteamericanas. ¿No son circunstancias que evitarán que Zedillo resulte afectado?

Sí. Es una posibilidad. Yo creo que eso es un riesgo. Pero también el tema es si esta inmunidad termina una vez que un presidente ha concluido el desempeño del cargo, o si se extiende, en forma indefinida, en el tiempo. Esto último prácticamente significaría que después de ser jefe de Estado y de cometer una serie de delitos, al concluir el cargo se adquirió una patente de inmunidad permanente. El juez Garzón lo planteaba: si eso se aplicara, hubiera sido imposible, por ejemplo, perseguir a Pinochet.

Y a otros militares de Sudamérica.

¡Esa inmunidad los protegería hasta el final de sus vidas! De manera que aquí también vamos a poner a prueba si la política norteamericana tiene realmente apertura y compromiso para que este tipo de asuntos se puedan juzgar, no en el ámbito penal, pero sí en el civil, o si ese gobierno, como en muchos casos hemos visto, va a seguir favoreciendo y propiciando violaciones a los derechos humanos. Estados Unidos ha sido cómplice de muchos de estos casos y aquí se sabrá si siguen protegiendo a violadores de derechos humanos o a quienes en el desempeño de sus cargos de jefes de Estado tienen cuentas ante la justicia, o si ahora están contribuyendo para que haya garantías y posibilidades de que sean rotas las cadenas de la impunidad. Ya veremos si la valoración podrá tener una interpretación jurídica o va a estar muy condicionada por la política norteamericana.

Organismos nacionales

Como la matanza de Acteal cae en el rubro de los delitos de lesa humanidad, seguramente una denuncia contra Zedillo prosperaría de alguna manera en la Corte Penal Internacional. ¿Ve usted esa otra ruta?

Es otra posibilidad, ya lo decía aquí. Por ahora, además de esta denuncia en el ámbito civil en contra de Zedillo, en la corte norteamericana, el caso de Acteal se ha presentado ante la CIDH. Obviamente allí no es una denuncia en contra del ex presidente en lo personal, sino en contra el Estado mexicano, como responsable de las violaciones de derechos humanos. Por supuesto, me parece que, sin duda, se podría explorar la posibilidad, en un momento dado, de que la Corte Penal Internacional pudiera ser una alternativa. La diferencia es que esta corte, con sede en La Haya, sí actúa, juzga y valora responsabilidad de las personas, de gobernantes, dado que la CIDH lo que juzga es la responsabilidad de los Estados. Ahí se tendría una vía distinta. Pero me gustaría insistir en que, aunque ha sido muy difícil y hasta ahora no se ha podido usar este recurso, no deberíamos olvidar la posibilidad del funcionamiento de los órganos internos. Un signo fundamental de los gobiernos de transición es que realmente ponen a funcionar a toda su capacidad las instituciones, en este caso, de procuración de justicia, para investigar este tipo de delitos que han permanecido impunes. No habría que perder la memoria de que en cierto momento se tuvo la expectativa de que llegando Vicente Fox a la Presidencia se podrían haber dado pasos para enjuiciar muchos de estos asuntos que tenían que ver con los gobiernos priistas. Lamentablemente no sucedió y lo que vimos es que el PAN y el PRI ratificaron un acuerdo, un pacto de impunidad donde unos y otros actores se terminan protegiendo. De cualquier manera, a pesar de estas dificultades, de estas malas experiencias, tenemos que seguir insistiendo y exigiendo que las instituciones nacionales garanticen la justicia para los mexicanos. De lo contrario, vamos a seguir viviendo en lo que hasta hoy, lamentablemente, es esta realidad de impunidad, desde los grandes asuntos como el de Acteal, hasta los pequeños delitos que de manera cotidiana sufrimos los ciudadanos y ciudadanas.