Moneda de cambio entre grupos de poder
Carlo Pizano
Después de mucha presión para que el jefe de Gobierno cumpliera con la atribución constitucional de enviar los nombramientos para los magistrados que faltaban del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el pasado 15 de diciembre de 2011, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal recibió cuatro nombramientos para su ratificación. ¿Por qué Marcelo Ebrard envió los nombramientos justo en medio de la discusión del presupuesto de la ciudad?
No es la primera vez que se busca juntar la discusión de asuntos de trascendencia para que se opaquen unos a otros, sin embargo, coincide el envío de los nombramientos con una resolución en perjuicio de los intereses del gobierno. Una de las salas del Tribunal de lo Contencioso resolvió declarar la violación a la ley ambiental por parte del Gobierno del Distrito Federal al no haber realizado una consulta pública de la construcción de la Supervía Poniente.
Los tiempos y las propuestas que envió el jefe de Gobierno muestran la intención de controlar el tribunal administrativo de la ciudad. ¿A quién propuso Ebrard? A su procurador fiscal, a uno de sus abogados en la Consejería Jurídica, a un asesor de su oficina y a un director jurídico de la delegación Venustiano Carranza, este último ex colaborador del presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, el perredista Julio César Moreno.
Los acontecimientos después de recibidos los nombramientos fueron algo no visto al menos en esta V Legislatura. El 22 de diciembre pasado, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia se reunió para analizar y valorar las propuestas a magistrados, y sorprendentemente algunos perredistas reconocieron los conflictos de interés existentes. El resultado de esa sesión fueron las ratificaciones a las designaciones de los licenciados Jesús Anlén Alemán y Jorge Antonio Martínez Maldonado; no siendo el caso para las designaciones de los licenciados Adolfo Arenas Correa y Francisco Guillermo Ríos Zertuche Diez.
Lo anterior significaba que el procurador fiscal y el seguramente propuesto por el presidente de la Comisión serían magistrados y el abogado de la consejera jurídica y el asesor (¿amigo?) del Jefe de Gobierno rechazados.
Al final el pleno aprobó los dictamenes que la comisión dictaminadora envió salvo el rechazo de Ríos Zertuche, cuyo nombramiento regresó para análisis a la Comisión. ¿Qué pasó? ¿Cómo propuestas del jefe de Gobierno podrían ser rechazados en una Asamblea Legislativa controlada por el PRD? La respuesta: las “tribus”. En especial la que encabeza el defenestrado pero poderoso “señor de las ligas”, René Bejarano.
Lo que se observó en el proceso de nombramiento de magistrados fue un chantaje de Bejarano a Ebrard. Y Ebrard parecía que cedía al chantaje al enviar ese mismo diciembre una propuesta de Bejarano, un licenciado, Luis Adrían Cruces Alatriste, por cierto un abogado sin conocimientos en materia fiscal o administrativa. Sorpresivamente el día 16 de enero de este año se recibieron las renuncias de Cruces y de Ríos Zertuche.
Por el momento, estas últimas propuestas sin perfil para ser magistrados no se concretaron. Pero el mal persiste y consiste en la visión patrimonialista que tiene el PRD de las instituciones de la ciudad.