Entrevista a Edgardo Buscaglia/Presidente del IAC
Antonio Cerda Ardura
Durante la conmemoración del 99 aniversario de la Marcha de la Lealtad, el pasado 9 de febrero, el secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo García Galván, reconoció que la seguridad interior de México se encuentra seriamente amenazada por la delincuencia, y que hay latitudes del territorio nacional en las que el espacio de la seguridad pública “está totalmente rebasado”.
El militar refirió que la labor del Ejército en la lucha contra el crimen se da en un entorno “asimétrico y frágil, por lo que urgió al Congreso a reformar las leyes pendientes que preserven la integridad y el prestigio de las Fuerzas Armadas y den sustento jurídico a su actuación.
En entrevista con Siempre!, el doctor Edgardo Buscaglia, presidente del Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia en México (IAC), e investigador en jefe de la Universidad de Columbia (Nueva York), asegura que el Ejército se ha encontrado con un gran vacío del poder civil, que ha propiciado, entre otras cosas, que los militares estén en las calles, combatiendo al crimen organizado, sin una adecuada protección legal.
Indica Buscaglia que en la actualidad el presidente Felipe Calderón no puede demostrar ante la Corte de La Haya que México tenga capacidad para procesar e investigar todo tipo de delitos, porque el índice de impunidad judicial es de 95 por ciento.
Asegura que el próximo presidente deberá propiciar una reforma judicial que no sólo dé sustento legal a las tareas de los militares contra el hampa, sino que reduzca esa gran impunidad.
Ausencia de Estado
El secretario de la Defensa Nacional ha reconocido que en algunas áreas del territorio nacional las autoridades han sido totalmente rebasadas y esto representa una amenaza para la seguridad interior del país. Esto lo ha venido advirtiendo usted desde hace tiempo.
¡Más vale tarde que nunca! Qué bueno que el secretario de la Defensa finalmente reconozca lo que yo vengo diciendo desde hace cinco años, que hay bolsones territoriales de Estado fallido. Sin embargo, se trata de una técnica mediática para ayudar de alguna manera a frenar las críticas que existen contra el gobierno federal por la falta de reconocimiento de algo que es muy obvio para los ciudadanos de a pie. Si recordamos, hace cinco años muchos investigadores académicos, que en México llaman profesores, pero que son básicamente pistoleros a sueldo disfrazados de académicos, financiados por la Secretaría de Seguridad Pública y por órganos del gobierno federal, no reconocían la realidad que yo reconocía después de viajar a esos bolsones territoriales de estados fallidos. En su momento, dije que había 982 bolsones territoriales, pequeños y grandes, de estados fallidos. Ahora son mil 135. Es decir, cada vez hay más pedazos de territorio mexicano en donde el Estado no es capaz de proteger vida y propiedad.
¿Incluye usted comunidades pequeñas y ciudades?
Comunidades pequeñas rurales y urbanas, como zonas de la Comarca Lagunera, en Durango; la comunidad de Mil Cumbres, en Michoacán, o el municipio de Benemérito de las Américas, en Chiapas, donde el Estado está ausente, ya sea por corrupción, acción u omisión. En ese sentido, el secretario de la Defensa Nacional llega tarde, después de años de no reconocer esa realidad, a aceptar básicamente que el suelo está húmedo cuando llueve. Y él no solamente debía reconocer eso, sino que, junto a las otras siete instituciones del gobierno federal que deberían de estar presentes con el Ejército, tendría que ponerse las pilas para adoptar las medidas necesarias preventivas y de castigo contra los grupos criminales. Lamentablemente, la Policía Federal, por ejemplo, sigue contaminada de una corrupción muy alta. Más allá de los discursos de una nueva policía y de mando único, esta corporación no ha dado ningún resultado, lo que hace que la responsabilidad más importante siga recayendo en el Ejército mexicano. Y el Ejército no está preparado ni ha sido diseñado para prevenir y combatir a grupos o empresas criminales. Por lo tanto, el Ejército está con la mejor de las voluntades para compensar el Estado fallido que existe en otras instituciones federales mexicanas.
¿No implica este reconocimiento de amenaza a la seguridad interior que ya se está aceptando un escenario de derrota en la guerra contra el crimen?
Como se lo he dicho, reconocer que el suelo está mojado cuando llueve, no es gran novedad. Reconocer que existe una situación de descontrol de la seguridad interior, lo hemos advertido desde hace años en diferentes foros, incluida la revista Siempre! Yo advertí que había 982 bolsones territoriales sin control y siguen aumentando. Entonces caminamos hacia la dirección equivocada y, por lo tanto, hay un fracaso total. Otro elemento que nos indica que vamos con rumbo equivocado es que los 22 índices de delitos patrimoniales que nosotros medimos, lo que no incluye homicidios, siguen a la alza, por más que el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, insista en que los asesinatos aumentan menos que antes, cosa que ya es un disparate argumentarlo. La situación es que secuestros, fraudes, extorsiones, trata de seres humanos, tráfico de migrantes, piratería, contrabando de armas, etcétera, continúan aumentando. Por lo tanto, eso también demuestra un fracaso total. ¡No pueden contra la ley de gravedad, por más técnicas mediáticas que utilicen en Los Pinos! Y la realidad es que el ciudadano está hoy peor que hace seis años. Vive más delincuencia que hace seis años y más corrupción política y operativa que hace seis años. Todos los índices objetivamente medidos por los organismos internacionales, dan cuenta de que la situación en México está peor que antes, por más maquillaje mediático que le quieran poner. Eso significa que se han implementando las acciones equivocadas y no las medidas que adoptaron Indonesia, Colombia, Italia, la República Checa y Francia, entre 17 países del mundo que están haciendo las cosas bien para contener a la delincuencia organizada.
No hay una prevención efectiva.
En México no hay una prevención social de la delincuencia organizada, que el Presidente de la república confunde con programas asistenciales, cosa que demuestra su falta de conocimiento total en la materia y la carencia de asesores en el tema. Cuando no se tienen programas de prevención social en los municipios, coordinados con el gobierno federal, que atiendan las políticas de salud, de trabajo, de educación, etcétera, ¿adivina qué? ¡Los grupos criminales son los que cubren esas fallas de Estado! Los grupos criminales dirimen conflictos en los municipios y protegen vida y propiedad a través de grupos paramilitares. Es decir, tenemos un problema grave de falta de acciones estratégicas por parte del gobierno federal y de las entidades federativas. Faltan las políticas de las que yo vengo hablando con Siempre! desde hace mucho tiempo, de desmantelamiento de empresas legales fachada que proveen a los grupos criminales de logística operativa de transporte, distribución y producción. Esas empresas no han sido tocadas y son las que abastecen de financiamiento a campañas electorales de todos los partidos. Falta, igual, una reforma judicial que no sea un negocio para consultores norteamericanos y mexicanos a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), que simplemente ha mal invertido recursos que no han tenido ningún impacto en disminuir los índices de impunidad, como lo vemos, por ejemplo, en Chihuahua. Ahí, después de una reforma judicial, no hay ningún resultado. ¡Están peor que antes! Ha sido un negocio que solamente ha beneficiado a consultores, pero no le ha dado ningún resultado al pueblo. Si todas esas medidas no están implementadas al mismo tiempo que está el Ejército en las calles, es como intentar interpretar la novena sinfonía de Beethoven con un solo violín.
Ejército sin blindaje legal
El general Guillermo García Galván insiste en la necesidad de reformas que le den sustento jurídico al desempeño del Ejército en las tareas contra el crimen. ¿Eso significa que los militares se sienten desprotegidos y temerosos de una posterior persecución?
¡El secretario de la Defensa tiene toda la razón! El siente que no hay un marco jurídico de primer mundo que regule las actividades de su Ejército. Está poniendo en claro que el día de mañana, en medio de un conflicto armado, definido en México como tal por el Derecho Internacional Humanitario, se comience a acusar a militares y a actores no estatales (miembros de los Zetas, del cártel de Sinaloa, etcétera) de cometer abusos contra la población civil. Se va a encontrar que esos miembros del Ejército acusados en el exterior van a estar desprotegidos, ya que en México no hay una regulación adecuada. Y México no puede argumentar que sus instituciones pueden regular y procesar a militares si no tiene, ni siquiera, un marco jurídico para que el Ejército funcione. ¿Cómo puede la Secretaría de Relaciones Exteriores argumentar que en México los tribunales de La Haya no son necesarios, porque el país posee instituciones judiciales, si ni siquiera tiene un marco jurídico para que los soldados puedan ejercer sus funciones en el campo? ¡Eso es lo que está diciendo el secretario de la Defensa; está contradiciendo a la SRE! Mire qué interesante: el general tiene razón. En esta comedia de errores, hay un déficit en la delineación del marco jurídico que se aplique a los militares para que éstos puedan actuar de acuerdo a un Estado de derecho. Por lo tanto, en México no hay un Estado de derecho y va a ser necesario acusar a estos militares ante la Corte Penal Internacional, cosa que le preocupa, y con mucha razón, al titular de la Sedena.
¿Con qué apoyo podría contar el próximo presidente con militares perseguidos?
Parece que eso causará un enorme dolor de cabeza al próximo presidente o presidenta. A la elite política empresarial mexicana le gusta proyectar a México como si fuese un país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con Estado de derecho. En realidad tenemos instituciones subsaharianas, porque en el interior de México ni siquiera se puede procesar a los delincuentes comunes y hay un 95 por ciento de impunidad judicial. Así que lo que va a tener que hacer la próxima administración, de manera mucho más profesional que ésta, es abocarse a una reforma judicial que muestre al mundo que los índices de sentencias finales condenatorias por los diferentes tipos de delitos aumentan y que el índice de impunidad judicial baja. México debe demostrar a la Corte de La Haya que aquí se puede procesar cualquier tipo de delito. Hoy en día, por más que el presidente Calderón baile y se le otorguen premios al mejor estadista del universo, no puede demostrar absolutamente nada de eso. No todos los índices de impunidad del sistema judicial son su responsabilidad. Existe un Poder Judicial, pero también hay fiscales y policías que sí son responsabilidad del jefe del Ejecutivo y que generan un índice de impunidad de más de 90 por ciento. Por lo tanto, hoy el Presidente no puede argumentar ante la Corte Penal Internacional que México puede procesar e investigar delitos, porque no lo puede hacer con efectividad. El próximo residente deberá propiciar que esta reforma judicial realmente se implemente.
Pacto político
Llama la atención que el secretario de la Defensa haya hablado del impulso a la equidad de género y el desarrollo femenino. Hay quienes interpretan esto como una incursión del Ejército en la política, cuando el candidato del PAN a la Presidencia es una mujer.
El Ejército se encuentra en este momento ante un vacío del poder civil. México todavía no es una democracia participativa, sino una democracia electoralista contaminada por dineros ilegales en más del 65 por ciento de las campañas. Se compran votos con dinero que proviene de empresas legales e ilegales. En ese contexto, es claro que el Ejército observa un gran vacío de poder civil. Y en los discursos usted va a ver un mayor activismo de los militares en señalar esos vacíos. México hoy viola una gran proporción de las cláusulas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y tiene que abocarse a cumplirlas. Esa convención ya ha sido ratificada por el Senado mexicano y no se cumple porque hay una enorme brecha entre la ley en los libros y la ley en acción. Tanto el Congreso de la Unión, como el IAC, que yo presido, claramente señalamos, una por una, cuáles son esas violaciones. De manera que el secretario de la Defensa bien podría leer ese reporte para percibir, entender y remediar esas violaciones.
Y el Ejército, por otro lado, debería hacer un cordón de protección a los trabajadores sociales civiles que se aboquen a implementar las políticas de prevención social de la delincuencia organizada, como lo ha hecho Italia. En aquel país, el Ejército fue a Palermo, pero a brindarle un cordón de protección al alcalde para que él pudiera agregar insumos de prevención social, salud, educación, trabajo y desarrollo. Ese Ejército protegía a los trabajadores sociales del Estado y de la sociedad civil, no iba a hacer retenes todo el tiempo, por toda Sicilia, como hace aquí el Ejército mexicano.
Es una mala estrategia.
En México la estrategia militar está equivocada, porque hay un enorme vacío del poder civil que esperamos que la próxima administración federal remedie, llevando adelante un pacto de Estado muy puntual e histórico, con medidas claras y específicas como el establecimiento de Unidades de Investigación Patrimonial en cada entidad federativa. Esas unidades deberán estar bajo el organigrama estatal local, pero ser autónomas para que identifiquen la logística operativa de los grupos criminales. La próxima administración federal tendrá que ser un catalizador para que este pacto histórico se concrete, como ocurrió en Italia, donde el 35 por ciento de los legisladores en el Parlamento fueron procesados por vínculos con diferentes grupos criminales. Eso pudo ocurrir porque la elite político-empresarial italiana se encontró entre la espada y la pared y no vio otra salida que combatir su propia cloaca de corrupción dentro de su seno. Y si esas medidas las aplicaron Colombia e Italia, México lo puede hacer mejor.