Un Ejecutivo mezquino e insensible
Raúl Jiménez Vázquez
La difusión de una supuesta intentona de suicidios colectivos de miembros de la etnia legendaria de los rarámuris, a la que el escritor Fernando Jordán describió en su magistral libro Crónica de un país bárbaro, obligó al Ejecutivo federal a emitir un acuerdo que ordena la coordinación y ejecución de diversas acciones tendentes a mitigar los efectos de la terrible sequía por la que atraviesan al menos veinte entidades federativas.
Lamentablemente, el distintivo indiscutible de tal acción gubernamental fue la extemporaneidad; ésta pudo y debió haber sido instrumentada con toda oportunidad y dando estricto cumplimiento a los parámetros republicanos y constitucionales de honestidad, transparencia, legalidad, control, evaluación, medición del desempeño y rendición de cuentas.
Ciertamente el problema de la sequía no es de reciente data. Desde hace poco más de año y medio se había hecho patente en Sonora, Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro y Guanajuato. A este cuadro crítico se sumaron las heladas que azotaron Puebla, Hidalgo y Tlaxcala y las inundaciones que sufrió Tabasco.
Ello contribuyó a la gestación de una verdadera emergencia nacional cuya extrema gravedad se evidencia con los datos duros provenientes de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, según los cuales a finales de noviembre del año pasado se había registrado una pérdida de 963 mil hectáreas de diversos cultivos y de 42 mil cabezas de ganado. Todo esto se tradujo en la escasez generalizada de alimentos y la debacle de fuentes de empleo de miles de familias de productores y trabajadores.
Pese a lo anterior, en la iniciativa presidencial del presupuesto de egresos de la federación para el año 2012 se omitió consignar una partida específica para hacer frente a tan delicada circunstancia.
A fin de subsanar esa notoria muestra de irresponsabilidad, a instancias de un grupo de legisladores federales pertenecientes a distintas fracciones parlamentarias, el 13 de diciembre el pleno de la Cámara de Diputados emitió un decreto que dispone la integración de un fondo especial de diez mil millones de pesos para la atención de los daños ocasionados por las contingencias climáticas; recursos que habrían de ser aplicados de manera ágil, sencilla, proporcional al monto de las pérdidas y sin el condicionamiento de la previa aportación de recursos presupuestales de origen local.
No estamos en presencia de una ocurrencia económica. Dentro del articulado del decreto se estableció que el fondo sería financiado con los excedentes de los ingresos autorizados en la Ley de Ingresos 2011, los subejercicios del presupuesto de egresos de la federación 2011 y las economías que el Ejecutivo federal hubiese obtenido en el mismo año; es decir, además de enteramente justa, se trataba de una medida financieramente sana ya que no tendría ningún impacto presupuestal adicional.
Así pues, la solución institucional y presupuestal estaba puesta sobre la mesa y lo que restaba era proveer a su inmediata instrumentación. Empero, la respuesta de Calderón fue por completo sorprendente y desconsiderada: lejos de poner manos a la obra, se negó a publicar el decreto en el Diario Oficial y bloqueó la formación del fondo aprobado por los diputados.
La reluctancia presidencial pretendió ser justificada aduciendo esencialmente que dicha decisión fue tomada por los legisladores después de que ya se había votado el presupuesto de egresos de la federación; argumento que de ninguna manera es acorde a la normatividad constitucional puesto que ésta no impide ni prohíbe que el presupuesto pueda ser objeto de subsecuentes enmiendas o adiciones, siempre que esto ocurra antes del 31 de diciembre, antes de la entrada en vigor del nuevo ejercicio presupuestal.
El alegato desplegado por el ocupante de Los Pinos no es otra cosa que un sofisma, un artilugio retórico urdido en aras de no encarar una tragedia nacional y postergar su atención para otro momento políticamente más rentable. Su conducta impasible mucho se parece a la actitud asumida por los miembros de la elite política y religiosa de Constantinopla, quienes teniendo a las huestes del imperio otomano literalmente a las puertas de la antigua Bizancio, estaban ocupados en el discernimiento del sexo y el número de los ángeles, arcángeles, querubines, serafines y demás creaturas celestiales.
Al hacer caso omiso de la tremendísima situación que ameritó la intervención directa de los legisladores, el Ejecutivo federal se condujo de una manera mezquina e insensible, agraviando a los afectados por las contingencias climáticas y conculcando el derecho humano a la dignidad y a la integridad, el derecho humano a no ser objeto de tratos crueles, el derecho humano a la alimentación, el derecho humano al desarrollo y el derecho humano al proyecto de vida.
También desacató el mandato del artículo 1º de la Carta Magna, resultante de la reforma constitucional de junio del 2011, el cual prescribe que todas las autoridades, sin excepción alguna, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que sea parte el Estado mexicano.
¿Cuántos desastres más, cuántas otras hecatombes, cuántas otras amenazas de suicidios colectivos habrán de suceder antes de que en Los Pinos deje de imperar el síndrome de Constantinopla?