Urge liberarla
Raúl Jiménez Vázquez
La rendición de cuentas claras, precisas, oportunas y fidedignas es un elemento sine que non del paradigma del Estado social y democrático de derecho. Su omisión o su deficiente realización atenta contra las bases de legitimación del aparato gubernamental, subvierte la ética social, merma la confianza ciudadana, retroalimenta la perniciosa cultura del cinismo y el escepticismo, degrada el tejido social y obstaculiza el sano desarrollo de la colectividad.
Diversas son las vías institucionales por las cuales discurre esta trascendental responsabilidad pública. Una de ellas es la Auditoría Superior de la Federación. Su función es la de apoyar a la Cámara de Diputados en la revisión de la cuenta pública con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si la misma se ha ajustado a los criterios señalados en el presupuesto de egresos y verificar el cumplimiento de los objetivos establecidos en los programas gubernamentales.
El proceso fiscalizador a su cargo tiene como centro o eje de rotación la figura de la cuenta pública y por tanto se halla sujeto al principio constitucional de la anualidad que es consustancial a esta última. Es decir, su acción debe circunscribirse al ejercicio presupuestal derivado de la correspondiente cuenta pública.
A este candado se suman otras restricciones provenientes de los principios jurídicos de posterioridad y definitividad que disponen, por un lado, que las auditorías sólo podrán ser efectuadas al término del ejercicio presupuestal, una vez rendida la respectiva cuenta pública, y por el otro, que ésta no podrá ser objeto de subsecuentes actos de revisión.
Así pues, el órgano superior de fiscalización está severamente limitado ya que no puede, sino de manera excepcional, abarcar ejercicios anteriores al de la respectiva cuenta pública, así como tampoco está facultado para auditar el presupuesto de egresos en proceso de ejecución.
Tales circunstancias constituyen un obstáculo, un auténtico valladar que impide a la Auditoría Superior desplegar su formidable potencial técnico, el cual se puso de relieve a raíz de la presentación del informe de resultados de la fiscalización superior de la cuenta pública 2010, hecha hace unos días por su flamante titular, Juan Manuel Portal, ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.
Ahí se consignan resultados concretos que abarcan virtualmente todas las áreas de la administración pública y que merecen ser destacados ante la opinión pública nacional, como el fincamiento de más de 9 mil observaciones de auditoría y la promoción de aproximadamente 11 mil acciones efectivas, de las cuales 7 mil son de carácter preventivo y el resto de índole correctiva.
También se da cuenta y razón pormenorizada de la existencia de un considerable número de preocupantes irregularidades que indiscutiblemente deben aparejar la activación del sistema de responsabilidades de los servidores públicos: cuantiosos desvíos de recursos destinados al campo, aumentos exorbitantes en el costo de los proyectos de infraestructura, pago de cantidades estratosféricas por concepto del festejo del bicentenario, rebasamiento en más del 500% del gasto de comunicación social asignado a Los Pinos, gravísimas incongruencias en la adjudicación, costeo, construcción y pago de la Estela de Luz, etcétera.
Al respecto, diputados de distintas fracciones parlamentarias promovieron recientemente una iniciativa de reforma constitucional cuyos propósitos, entre otros, son los siguientes: I) permitir que la fiscalización sea iniciada a partir del primer día hábil siguiente al cierre del ejercicio presupuestal, II) abrir la posibilidad de que durante el ejercicio presupuestal se practiquen revisiones preliminares a fin de planear las auditorías, se efectúen evaluaciones preliminares con base en los informes trimestrales del Ejecutivo federal y se auditen los conceptos consignados en las denuncias, exclusivamente en los casos de carácter excepcional previstos en la ley.
Adicionalmente, se pretende sustituir el actual informe del resultado de la revisión de la cuenta pública por el novedoso conjunto integrado por los informes individuales de auditoría y el informe general ejecutivo del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública, con lo que se busca que los legisladores dispongan de información oportuna para el ejercicio de las importantes atribuciones jurídicas que tienen conferidas en el marco de la división de poderes.
Se trata, sin duda, de una propuesta enteramente plausible. Sin embargo, no está a la altura de las circunstancias, francamente le queda chica al hondo reclamo ciudadano de la expansión del proceso de la rendición de cuentas, a la exigencia manifiesta del combate sin tregua alguna a la corrupción, la disminución del grado de exposición al riesgo de los recursos presupuestales y la obtención de mayores y mejores niveles de honestidad, legalidad, productividad, calidad, planeación estratégica, reorientación y profundización del sentido social del ejercicio del gasto público.
Las incontrovertibles y justas simpatías que ha concitado la iniciativa pueden y deben ser aprovechadas a fin de dar curso a una visión de gran calado: la liberación a la Auditoría Superior de los candados que la oprimen y su transformación en el órgano del Estado encargado de la fiscalización integral de la gestión pública federal, no sólo de la cuenta pública.
De esta forma, sea cual fuere el partido que resulte vencedor en la próxima elección presidencial, se inhibirán la manga ancha, el enfoque patrimonialista, la actitud depredatoria y los actos de abuso, dispendio, despilfarro y apropiación de los recursos públicos que han caracterizado a la administración de Felipe Calderón.