Entrevista a José Fernández Santillán/Profesor del Tecnológico de Monterrey
Antonio Cerda Ardura
Desde finales del 2009, en el marco del proceso de democratización del Distrito Federal, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) mantiene su propuesta para que la capital mexicana se constituya como el estado 32 de la república.
A decir del jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, con esta reforma política se busca una autonomía plena de la ciudad, la creación de una Constitución que la equipare con el resto de las entidades de México, y otorgar al titular de los poderes locales la facultad para nombrar al secretario de Seguridad Pública y al procurador general de Justicia, cuyas designaciones son actualmente realizadas por el Presidente de la República.
En general, afirma Ebrard, se trata de que se respeten los derechos de los habitantes de la capital y de establecer un nuevo modelo de gestión del área metropolitana.
En opinión del doctor José Fernández Santillán, profesor de humanidades del Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México, en la actual coyuntura de la carrera por la Presidencia de la República, es poco probable que haya un acuerdo de los tres partidos (PAN, PRI y PRD) para darle a la capital el estatus jurídico-político que merece.
En entrevista con Siempre!, el licenciado en ciencias políticas y administración pública por la UNAM, doctor en filosofía política por la Universidad de Turín, e igual doctor en ciencia política también por la UNAM, señala que el retraso en esta reforma es otro de los resultados del pleito entre los propios perredistas y los panistas por el control de la ciudad, el cual mantiene como rehenes a los capitalinos.
Restitución de derechos
¿Qué ventajas o desventajas representaría el cambio de estatus del Distrito Federal a estado 32?
La conveniencia es finalmente restituirles a los capitalinos sus derechos ciudadanos conculcados a finales de los años veinte, cuando por un conflicto político entre obregonistas y callistas se decidió transformar a los municipios de la capital en delegaciones y al gobierno local en Departamento del Distrito Federal. Es decir, se rebajó el control de la ciudad a simples términos administrativos. Esto trajo consigo que durante décadas el Distrito Federal fuera un simple departamento administrativo subordinado al Presidente de la República, de tal suerte que el jefe del Ejecutivo nombraba al jefe del gobierno capitalino. Y fue en los años noventa cuando la administración de la ciudad quedó en una especie de híbrido, es decir: siguió siendo departamento administrativo para algunas cosas y entidad federativa para otras. Tenemos representantes, como es la Asamblea Legislativa, pero no tenemos la capacidad de endeudarnos, que es uno de los atributos de los estados de la república. Podemos elegir jefes delegacionales, pero no podemos elegir a los ayuntamientos, como se hace en los municipios. Esto fue debido al temor de que la capital se saliera completamente de control respecto del poder presidencial. Y hasta ahora seguimos en esa situación anómala de no ser ni chicha ni limonada, como se dice coloquialmente. Así que lo deseable es que se dé el paso para que los capitalinos ya tengamos los mismos derechos ciudadanos, como todos los otros mexicanos del interior de la república, y podamos elegir a nuestras autoridades federales; a nuestro gobierno del estado o local, con gobernador; al Poder Legislativo, y a los poderes municipales, es decir: presidente municipal y a los miembros del ayuntamiento.
Seguir leyendo
¿Qué tanto se burocratizaría la administración de la ciudad o se agilizarían con el cambio de estatus, los trámites para la aportación de servicios?
Yo creo que se reducirían y clarificarían al mismo tiempo porque se les daría plena autonomía a los municipios capitalinos, que hoy son delegaciones y que también están controladas centralmente en muchos procesos. En cambio, si optamos por el régimen municipal y el régimen de una entidad federativa, haríamos una administración pública más cercana a los ciudadanos. Esto se ha estado posponiendo en razón de la política de muchos años de que el partido del presidente no es el partido del jefe de Gobierno. Por todos es sabido que el último bastión político del PRD es la capital, porque recientemente ha perdido Michoacán, Baja California Sur y Zacatecas. También hay una razón política muy atendible: los perredistas están pidiendo que esto se transforme en estado de la república para poder tener un manejo más amplio de la política local, pero, por otro lado, los panistas no se dejan porque tienen atado el Distrito Federal a las decisiones presidenciales y a las que se toman en la Cámara de Diputados, donde el PRD no tiene mayoría. El presidente de la república, por ejemplo, sigue nombrando al jefe de la policía capitalina, el jefe de la seguridad, y también al procurador del Distrito Federal. Esas son atribuciones que en realidad denigran a los capitalinos, porque son nombramientos que deberían hacerse desde el gobierno local y no desde Los Pinos.
Sin visos de acuerdo
Esta estampa nos retrata a los capitalinos como rehenes de intereses políticos de dos partidos: el PAN y el PRD. ¿Lo ve usted así?
Así es. Los capitalinos somos rehenes del pleito entre panistas y perredistas, que se amainó en 2010 cuando fueron en alianza en estados como Puebla, Sinaloa y Oaxaca. Esta coalición ya no tuvo éxito el año pasado y ambos partidos perdieron el Estado de México y Michoacán, frente al PRI. Y ahora que estamos en la coyuntura de la carrera presidencial, también se ve poco probable que haya un acuerdo de los tres partidos para darle a la capital el estatus jurídico-político que merece.
¿Qué implica políticamente tener la capital? De algunos estados se dice que son feudos políticos de gobernadores. ¿Esto sería un riesgo en la ciudad de México?
Lo que pasa es que la capital es la joya de la corona, por llamarle de alguna manera. En un país tan centralista como lo sigue siendo México, siempre es un signo de prestigio y de poder el tener a la capital de la república en la membresía partidista, sea el partido que sea. Aquí tenemos asentados los poderes de la Unión, a la mayor parte del sector financiero y, junto con el Valle de México, al sector industrial. En otras palabras, la capital sigue siendo el centro neurálgico, político, económico y social de la república. De manera que siempre es importante tener el control. Por eso es tan encarnizada la batalla electoral de la ciudad de México. Quizá como en ningún otro estado, se tenga la atención de todo México en lo que va a pasar en la capital. Ahí está la señora Isabel Miranda de Wallace, buscando la posición de jefe de Gobierno, por el PAN; Miguel Angel Mancera, por el PRD, y ahora Beatriz Paredes, por el PRI. Son tres personalidades no solamente con presencia local, sino nacional.
¿En su opinión urgiría este cambio de estatus de la capital?
Yo creo que sí. Lo hemos venido posponiendo por razones coyunturales y de pleitos partidistas. Pero por encima de eso, me parece que ya es hora de que nos restituyan a los capitalinos la dignidad a la que como individuos y como ciudadanos tenemos pleno derecho. Esto no quiere decir que en el funcionamiento de la capital no haya complicaciones administrativas, jurídicas o de cualquier otro tipo. Muchas capitales del mundo tienen un estatus especial, pero sus ciudadanos no han sido afectados por tal circunstancia. Ahí están como prueba los casos de Buenos Aires, Argentina; Washington, D.C., Estados Unidos; Madrid, España; Londres, Inglaterra; París, Francia; Roma, Italia… Podía seguir nombrando tantas y tantas capitales que, aun siendo ciudades cosmopolitas, sus ciudadanos gozan de los plenos derechos políticos que a nosotros se nos han negado.
