Esthela Damián Peralta/Comisión de Vigilancia de la ASF en el Congreso

 Antonio Cerda Ardura

México está al borde de un colapso por la deuda de los estados y el dispendio, la irresponsabilidad, la discrecionalidad y la opacidad con los que se manejan los recursos públicos, advierte la legisladora perredista Esthela Damián Peralta, presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Cámara de Diputados.

En un ejercicio de autocrítica, en entrevista con Siempre!, la diputada señala que debe terminar la falta de transparencia con la que en el propio Congreso se maneja el dinero público.

Indica que en la revisión de la ASF de la Cuenta Pública del 2010, no sólo hay infinidad de observaciones sobre el gasto del gobierno federal, sino también de los estados y municipios.

De mil 031 auditorías, asegura, siete de cada diez tienen un saldo negativo.

Sexenios de corrupción

Respecto a la revisión de la Cuenta Pública Federal correspondiente a 2010, usted habló en la tribuna de la Cámara de Diputados de que hubo mucha discrecionalidad, opacidad y, posiblemente, corrupción en el manejo de esos recursos. ¿Cómo han resultado, en general, las cuentas del gobierno?

En términos generales, habría que observar que de mil 031 auditorías, siete de cada diez tienen un saldo negativo u observaciones. Es decir, sólo tres de cada diez aparecen limpias. Estos resultados no son lo electoralmente redituable que quisieran mis compañeros señalar en la tribuna, porque lamentablemente no son muy diferentes a los de las cuentas anteriores. Yo no digo que este año esté mejor, ni que el gobierno federal haya gastado bien los recursos. Solamente señalo que las cuentas de 2010 están tan mal como las estuvieron las de los años anteriores, pero que nunca habían merecido una mención ni un tratamiento en la tribuna de la Cámara, porque no era un año electoral en el que estuviera en juego la Presidencia de la República. Y si seguimos explorando los resultados, encontraremos, por ejemplo, que el 59 por ciento de los saldos negativos corresponden a los estados. Así que empecemos a delimitar: ¿Efectivamente está mal el gobierno federal? ¡Claro que sí! Pero también están mal los estados, a los que se les destina una muy buena cantidad de recursos que están gastando con mucha opacidad, corrupción, falta de transparencia y, prácticamente, sin rendición de cuentas.

Ya que menciona otros años, ¿podríamos decir que estos malos resultados han sido una característica del gobierno de Felipe Calderón?

No. Yo he conversado con el titular y con algunos otros servidores públicos de la ASF y, para ser muy francos, no han hecho un énfasis de que en particular éste sea el sexenio de la corrupción. Lamentablemente México ha tenido muchos sexenios de corrupción. Por desgracia, ni en los panistas ni en los priistas tenemos ejemplos de honestidad al ejercer el gasto público. Esa es una mentira que probablemente nos quieren hacer creer en esta ocasión. Lo que hay es una reprobación en las diferentes encuestas que se han dado a conocer, en las que, en una escala del cero al diez, México ocupa el 3.1 en materia de corrupción. Esto refleja la percepción que la gente tiene de cualquier trámite administrativo, desde los sencillos hasta los complicados.

¿Cuáles son las principales anomalías que se han detectado? ¿Hay algo concreto, por ejemplo sobre el manejo de Pemex o de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)?

Si hablamos de temas en específico, tendríamos que señalar, efectivamente, a Pemex, a la CFE, al Seguro Social, a Hacienda. Pero yo escogería en primer lugar al Seguro Social, porque es una de las áreas más sensibles y en la que cada vez que una persona o derechohabiente solicita atención de urgencia, tardan hasta tres meses para que le fijen una cita.

Resultados indignantes

Es una entidad muy cercana a la población.

Pero en la que, además, por su naturaleza, indignan más los resultados. Resulta ofensivo que en estos momentos el Seguro Social tenga invertidos 3 mil 700 millones de pesos en empresas privadas para especular. Es ofensivo que haya un contrato multianual por 3 mil millones de pesos (con Tata Consultancy), que también tiene observaciones en el 69 por ciento de los contratos de cómputo o de informática. Estamos hablando de aproximadamente 7 mil 700 millones de pesos en los que no hay claridad, o cuál era su intención u objetivo, o si mejoraron los servicios en materia de salud. La gente seguramente podría preguntarse por qué el Seguro Social no contrata más especialistas, por qué no tiene mejores hospitales, por qué no tiene mayor infraestructura, por qué tiene escasez de medicamentos y si están saqueando una institución tan noble o si se están desviando los recursos. Por eso, yo empezaría por el Seguro Social.

¿Qué resultados han tenido entidades como Pemex, que ahora se ha dado a conocer que compartirá contratos con empresas extranjeras?

Respecto a Petróleos Mexicanos nosotros hemos sostenido una discusión ante los oídos sordos de su titular, porque hemos insistido en que comparezca ante los legisladores, pero se ha negado a presentarse a hablar en específico sobre la celebración de contratos con empresas extranjeras. No ha querido explicar cuáles son las facultades de Pemex y por qué, si las tiene, hace arreglos en lo oscurito y no de una manera transparente. Además, la auditoría viene salpicada de datos y de detalles técnicos: hay, por ejemplo, trabajadores que no realizan una función en específico; desviación de recursos públicos, o, si usted quiere, inversiones que no corresponden o que no son las adecuadas; hay licitaciones que dejan muchas suspicacias, o comentarios al margen por parte de la ASF. Son tantos los datos por analizar, que es un contenido no solamente apabullante, sino  abultado. Si pudiéramos hacer un Top Ten de los principales entes que tienen resultados negativos, yo pondría por delante al Seguro Social, la CFE, Pemex, el Fondo para la Educación y el Fondo para la Salud que ejercen los estados, que no están siendo utilizados adecuadamente.

Usted reconoció en la tribuna legislativa que el desorden del uso de los recursos públicos empieza desde los propios diputados. Incluyó, por supuesto, al PRD.

Cada año se han venido reiterando observaciones muy claras de que los recursos públicos que se otorgan a los grupos parlamentarios tienen una total y absoluta opacidad. Ni los integrantes del grupo parlamentario sabemos en qué se gastan las partidas. Y se lo dejo muy claro: si usted me pregunta en qué gasta el dinero público mi partido, el PRD, no lo sé. Y no lo sé porque, de entrada, tenemos muy poca información, lo que es inaudito y ofensivo. Dije en la tribuna que el buen juez por su casa empieza. Si nosotros queremos que los de enfrente tengan buenos resultados, tenemos que predicar con el ejemplo. ¿Qué es lo que sucede? Que hay un reglamento o Ley Orgánica que establece que bastará con un simple recibo en donde se diga que se entregaron 200 millones de pesos a una fracción parlamentaria, para que la Auditoría quede satisfecha en su indagatoria. Y no conozco que en ninguna área del gobierno federal o de los estados haya la misma discrecionalidad que tiene la Cámara de Diputados en el manejo de los recursos públicos. La iniciativa que reforma los artículos al respecto, la ingresó el PRD desde diciembre del 2010 y aún seguimos esperando a que las demás bancadas se animen a transparentar los recursos públicos que manejamos. Y aquí vale la pena hacer dos aclaraciones o dos excepciones que tiene la ley. ¿A quiénes no puede fiscalizar la ASF? A dos figuras que gozan de la peor reputación: los sindicatos y los partidos políticos. Su servidora presentó una iniciativa que establece como urgente que la ley no tenga excepciones. Si los sindicatos están utilizando recursos públicos, deben transparentarlos y fiscalizarlos. No me refiero a las cuotas que los sindicalistas entregan y los sindicatos pueden administrar, sino a los recursos públicos que se entregan, por ejemplo, al sindicato de Pemex y al SNTE.

 

Fiscalización a destiempo

¿Qué reformas son urgentes para transparentar el gasto público? ¿Qué tanto están dispuestos sus compañeros diputados a apoyarla, después de que dijo que hay que comenzar por la propia casa?

Sé que mis iniciativas no son muy populares y que gozo de muy poca simpatía para que éstas transiten, pero yo las resumiría. La primera es que se inicie la auditoría a las cuentas públicas a partir del mes de enero, para que se tenga el resultado en el mismo año, en agosto. Esa auditoría sería el documento base para plantear dos cuentas básicas desde la Cámara: ingresos y egresos. Es decir, se estarían entregando los recursos o planeando el ingreso en función de los resultados que entregara la ASF. La fiscalización sería la columna vertebral con la que se estarían otorgando el presupuesto o castigando a aquél que no lo utilizó adecuadamente.

¿A dónde nos va a llevar el dispendio y la discrecionalidad en el manejo del dinero público? ¿Cuáles son los puntos peligrosos?

Hay muchas cosas peligrosas. Una de ellas es la deuda pública de los estados. Es un asunto que nos puede reventar en las manos. Es muy grave que en un año electoral haya una total discrecionalidad en el manejo o en la solicitud de créditos. ¡Podríamos tener a 31 entidades federativas solicitando créditos, autorizándoselos y entregando los recursos a las campañas políticas presidenciales! Y por ahí de octubre podríamos enterarnos de que vamos a tener otro Fobaproa, pero no por los excesos de créditos de la gente, sino porque los estados solicitaron créditos en exceso. Eso me parece muy peligroso.