Se antojaba un partido, si no de mero trámite, por lo menos un encuentro de trascendencia ya que se trataba de los dos equipos más populares de la Liga egipcia: el local Al Masry de la ciudad Mediterránea de Port Said y el Al Ahly de El Cairo. La rivalidad histórica era el atractivo principal.
Marcador deportivo: tres goles a uno en favor del equipo local. Marcador trágico: 74 muertos y más de un millar de heridos al desbordarse la violencia entre los seguidores de ambas escuadras. Todo en el marco del primer aniversario de la revolución árabe que derrocó al presidente Honsi Mubarak el 25 de enero de 2011.
En un inicio había confusión en torno al origen de la tragedia, sin embargo, conforme avanzan los acontecimientos y los enfrentamientos se incrementan en el país, hay elementos que hacen suponer que la tragedia futbolística fue premeditada y que detrás hay ingredientes de tipo político.
En las imágenes de televisión se observa a los cuerpos de seguridad del estadio dudar sobre cómo actuar en la medida que escalaba la violencia por lo que se presume que pudieron estar de lado de los atacantes locales. La actitud pasiva de las fuerzas del orden sugiere igualmente que fueron rebasadas por la situación y nada pudieron hacer para impedir que se desataran los acontecimientos. En el estadio había más de 13 mil aficionados y estaba custodiado por 20 brigadas de policías antidisturbios.
A la falta de una exhaustiva investigación, la tragedia ha entrado en el terreno de las especulaciones y dibujado dos bloques. Para los ultras del equipo Al Ahly se trata de una venganza por su papel activo en la revolución. Mientras que el movimiento 6 de abril, el principal grupo opositor, responsabilizó a la Junta Militar que gobierna el país por los disturbios con la aviesa intención de mantenerse en el poder.
Del otro lado se teje la teoría conspirativa que sostienen los militares que están al mando político de Egipto y la Hermandad Musulmana que con su triunfo electoral dominan la Cámara Baja y por lo tanto cuentan con un amplio poder político. Este bloque responsabiliza a los partidarios del ex presidente Mubarak de los disturbios en el futbol con el objetivo de “desestabilizar Egipto”.
Los miembros del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas han demostrado a su pueblo y a la comunidad internacional que los militares no son opción de gobierno. Fueron educados por y sirvieron al antiguo régimen. No gozan de las simpatías de los egipcios que están desencantados de los cambios. Los abusos constantes de los uniformados contra las protestas de indignados presagian que el proceso de reconstrucción nacional podría radicalizar aún más a los ultras.
Los militares gobernantes, que cumplirán un año en el poder este 11 de febrero, están dando palos de ciego. Han empezado a criminalizar a los movimientos sociales opositores, a través de acciones dictatoriales, como el proceso penal abierto en contra de 44 activistas por cargos de financiamiento “ilegal” para sus organizaciones no gubernamentales.
Hay una voz, del consejo civil, creado para asesorar a los militares que ha sugerido adelantar las elecciones presidenciales para abril o mayo (la fecha prevista era a finales de junio), como un esfuerzo para reducir el alto nivel de tensión que recorre varias ciudades del país africano. Será muy difícil organizar comicios presidenciales en tiempo record y en medio de la convulsión social. Esos factores y la falta de experiencia en elecciones y de cultura democrática del país, podrían frustrar la transición del poder político.