Entrevista a Tomás Torres Mercado/Senador

Irma Ortiz

El presidente Felipe Calderón ha sido insistente; el pasado 31 de enero, a los senadores de su partido les demandó que “dieran la batalla” para sacar adelante sus iniciativas pendientes, especialmente la reforma constitucional a fin de instaurar un mando único policiaco y la modificación que crea un nuevo tipo penal: las cadenas delictivas. Fue el propio secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, durante la ceremonia del día de la Lealtad, quien pidió nuevamente que se aprueben dichas reformas.

Sin embargo, en corto y en largo se sabe que estas iniciativas no saldrán adelante ya que vulneran garantías constitucionales, como lo han advertido juristas de la talla de Sergio García Ramírez y otros especialistas que han advertido de los riesgos de aprobar una reforma de este calibre, que atenta contra el sistema penal garantista.

La iniciativa de las “cadenas delictivas” enviada por el Ejecutivo en abril pasado al Senado de la República establece sanciones penales a todas aquellas personas que colaboren indirectamente con la delincuencia organizada aunque no formen parte de estos grupos criminales.

Plantea además la creación de delitos como la confabulación y la facilitación delictiva, así como la conformación de un catálogo más claro para castigar a los representantes de la iniciativa privada que se beneficien con actividades de secuestro, lavado de dinero o narcotráfico, entre otros delitos.

Siempre! entrevistó sobre el tema al senador Tomás Torres Mercado, secretario de la Comisión de Justicia del Senado

El año pasado, el Presidente envió una iniciativa sobre las cadenas delictivas, ¿cuál es la situación que guarda esta iniciativa?

Ésta se inscribe en un conjunto de iniciativas que el ciudadano Presidente ha enviado al Congreso vinculadas con aspectos de investigación, de justicia penal en México, sumándose a otras que ya el Congreso ha dado, desde reformas constitucionales y un conjunto de leyes que pasan desde la Policía Federal, Sistema Nacional de Seguridad Pública, Código Penal Federal, en fin, ésta específicamente atiende algunos modelos de otros países; en realidad es una reforma al Código Penal Federal y al Código Federal de Procedimientos Penales y las conocidas como cadenas delictivas, es decir, cómo investigar y cómo castigar a aquél que forme parte de una organización criminal.

En esta iniciativa hay partes muy polémicas como es el castigo a personas que sin saberlo pudieran estar involucradas con asociaciones delictuosas.

En principio, debo decir que hay una evidente situación de crisis nacional de seguridad pública vinculada con muchas cosas que tienen que ver con el ingreso de las familias, con cuestiones educativas, pero tenemos que reconocer que hay una severa crisis en la facultad del Estado mexicano para investigar y castigar a los responsables del delito, de paso, habría que señalar que se han dado herramientas de todo tipo en la materia, sin embargo en los niveles operativos, no ha funcionado.

No ha funcionado y no va a funcionar tampoco si se reforma el Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales, por una razón: la iniciativa es polémica en sí misma. Aborda dos tópicos centrales: establecer responsabilidad penal de las personas morales, es decir, de una sociedad anónima, una sociedad de producción rural o de una sociedad civil.

Hay un principio en el derecho penal básico, es el ABC del derecho penal, sólo las personas físicas individuales cometen delitos en diversas formas: de comisión, de complicidad, de co-autoría o de encubrimiento. Las personas morales son representadas por personas físicas, la participación a través de sus representantes y la extinción de una sociedad, está vigente en el Código Penal Federal en este momento, el problema es que no hay un ministerio público capaz de aplicar la ley.

Otra razón, es polémica porque se establecen penas gravísimas de privación de la libertad de 40, de 50 años para aquél que no toma parte en la comisión del delito y que el Estado Mexicano le diga, tú tenías conocimiento de que era una organización criminal. De modo más concreto, sin formar parte de la organización criminal, ni tomar parte en la comisión de un delito, alguien puede ser castigado en el Distrito Federal por un depósito de lavado de dinero con efectos en Tijuana.

Un modesto trabajador bancario puede ser enjuiciado por una cadena delictiva, es decir, lo que el Estado no puede hacer de investigar, ponérselo en los hombros, en la espalda, a los ciudadanos, es la incapacidad de investigación de la autoridad mexicana.

 

Se le ha dado todo al Presidente

Una norma penal tiene dos componentes básicos: es la descripción de una conducta y el castigo por esa conducta, es decir, en la realidad se llaman delitos. Son nuevos delitos con penalidades gravísimas, con efectos en la libertad de las personas, francamente fuera de la tradición y doctrina penal no sólo mexicana, de la doctrina penal universal, es decir: contemplar figuras delictivas como el hecho de que no seas capaz de evitar la comisión del delito como ciudadano, es tanto como modificar el derecho penal mismo.

Es una propuesta escrita sí en un entorno complejo, de violencia, de inseguridad, pero sobre todo de incapacidad de las instituciones para investigar, para enjuiciar al delincuente y condenarlo por el delito cometido. Es nuevamente poner en los hombros del ciudadano la carga que no puede llevar el Estado mexicano.

Es una desgracia que en la discusión de reformas constitucionales o legales que puede tener una bondad o una utilidad social se le ponga la carga partidaria en donde finalmente lo que se busca es hacer responsable al Poder Legislativo, tirarnos la pelota. La verdad es que no es así, en materia penal todo lo que ha pedido el Presidente de la república, todo, se le ha dado, pero eso no ha repercutido en mayor tranquilidad o paz a la gente y lo digo con toda responsabilidad porque está demostrado que la amenaza de penas altísimas o del castigo a quien de alguna manera tenga conocimiento de un delito, no ha servido más que para dos cosas: para nada y para nada.

¿Qué es lo que pasa? que el delincuente no le tiene miedo a la amenaza de la ley de que tiene castigos severos, él sabe que policía no lo va a detener. El sabe que no va a haber un ministerio público que sea capaz de acusarlo y sostener su acusación, ahí está el gravísimo problema, estrictamente en la investigación, en el enjuiciamiento y en el cumplimiento de penas en México. Hay ley y no se aplica, pero sobre todo no hay investigación por parte de las autoridades en México.

Llamó la atención que este llamado a que se aprobaran las reformas lo hiciera el secretario de la Defensa Nacional…

He señalado en reuniones en lo privado y podré decirlo en lo público, el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, es un hombre leal, patriota y tiene absolutamente claros los principios que rigen la actuación en el marco y en la disciplina militar. Hay que decirlo con claridad, reconocer esa posición patriota del ciudadano secretario de la Defensa, ellos no cuestionan el mando, porque están hechos en el reconocimiento a la jerarquía y a la disciplina y reconocen al presidente de la república, su comandante supremo de las fuerzas armadas, lo cual no está mal, está muy bien.

Lo que no está bien es que traigamos a las fuerzas armadas haciendo tareas que la Constitución y la ley no les da, que lo aceptamos porque, ¿qué más hacemos? Si la policía estatal, municipal y una policía federal que tiene miles de millones de pesos en su presupuesto no han sido capaces de reivindicar la confianza porque haya cambiado su papel de darle seguridad a la gente.

Lo dicho por el ciudadano secretario de la Defensa es acreditado, porque los ocupamos en tareas para los que no fueron formados, que la Constitución no reconoce sino como una institución, un valladar para la soberanía nacional, para la integridad del territorio nacional. Un Estado que dice que la seguridad pública afecta la seguridad interior, sí, pero cuando tenga su origen en la inseguridad pública lo que está pasando es que tenemos un gobierno ineficaz, porque un gobierno se instituye para cuidar las libertades humanas de las personas, sus familia y sus bienes. Esa es la crisis que estamos viviendo.

Un ejército solo

Eso es real, las Fuerzas Armadas reivindican confianza porque se ve mayor honestidad y mayor eficacia pero fíjese usted que las Fuerzas Armadas no tienen facultades de investigación; el ejercicio en la acción penal, el recabamiento de pruebas, la detención de una persona presuntamente delincuente y ponerla a disposición de un juez, no es de las fuerzas armadas. Afortunadamente se ha mejorado la situación presupuestal pero las Fuerzas Armadas corren un riesgo permanente de descrédito histórico y algo que con toda responsabilidad política debemos atender es que pueden ser en el futuro si no enjuiciadas, sí severamente cuestionadas, porque no hay visiones compartidas comunes plenamente de que lo que está ocurriendo en México no sólo de las ejecuciones entre grupos criminales, sino la muerte de inocentes, la pérdida del patrimonio de inocentes, del hombre honrado, del hombre honesto o de la mujer honrada u honesta que lucha por llevarle de comer, a su casa, a su familia, que es extorsionada o que algún miembro de su familia, desafortunadamente cae en el fuego cruzado.

En el futuro esto puede ser cuestionado desde el terreno de la ley o desde el terreno político. A las Fuerzas Armadas hay que cuidarlas, México y otros países logran viabilidad como gobierno a partir de las fortalezas de sus instituciones, las personas cambiamos, las instituciones deben ser fuertes y perennes para darle soporte a un país al que amamos y que es México y su gente. Hay que ver con esa claridad de dónde están las Fuerzas Armadas, en dónde el Ministerio Público Federal, con asuntos en donde generalmente fracasa, pero son de investigación del delito, son investigaciones políticas, esa es una desgracia cuando la peor crisis tiene que ver con la justicia penal.

Vale comentar que a propósito de relevos en la PGR, que creó una fiscalía de delitos electorales, que por cierto como la carabina de Ambrosio lleva detenidos sólo en spots publicitarios, ridículos. Es la oportunidad para que las fuerzas políticas le den un toque de rediseño institucional a la Procuraduría y pueda cambiar a una posición más o menos independiente, imparcial y que en lugar de atender las instrucciones políticas, partidarias, atienda las demandas ciudadanas de tranquilidad y de una justicia que hable de que las personas tienen garantizada su integridad personal, la de sus familias, la de su vecino y la de sus bienes, un entorno en armonía.

 

No hay viabilidad para cadenas delictivas

Estamos trabajando un grupo de senadores, hemos dicho que mas allá de los grupos parlamentarios, hay legisladores responsables. No puedo incluirme, soy un senador sin partido, elaboramos una agenda, sea en la intercampaña o sea después de la misma campaña, más allá de las convocatorias coyunturales de partido o de candidatos para dar bienes públicos a favor de México.

Ponemos en la mesa asuntos como protección a víctimas, se está viendo un complemento de lavado de dinero eventualmente autonomía de la PGR, pudiera esto generar enorme debate pero hay condiciones políticas y algunas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, hay un catálogo.

Lo de las cadenas delictivas es altamente riesgoso no para los derechos del delincuente, sino las libertades de la gente que trabaja, de la gente honesta, de la gente que lleva su vehículo transportando los jitomates que ha cosechado o de los abarrotes que reparte.

Al reconocer el fracaso terrible de las instituciones policiacas y de investigación en México, la ley luego sirve para extorsionar, no para aplicársela a los delincuentes y esalgo que centralmente tenemos que valorar también. La institución pública más importante es la de las libertades y los derechos de la gente honorable que no puede tratársele como un delincuente con el pretexto de combatir delincuencia organizada o la criminalidad, porque eso se recupera luego difícilmente.