Entrevista a Ciro Murayama/Profesor-investigador de la Facultad de Economía de la UNAM

Nora Rodríguez Aceves

En el Distrito Federal, en materia de política social, es necesario pasar de las buenas normas a las buenas prácticas.

“Existen áreas de opacidad que imposibilitan la evaluación del desempeño real de los programas sociales, pues en más de un 25 por ciento de los casos no hay información suficiente en materia de presupuesto y de metas cubiertas. La participación social y la transparencia son aún más propósitos adecuados que realidades tangibles”, afirma el estudio Evaluación de las políticas y programas sociales implementados por el Gobierno del Distrito Federal realizado por la UNAM.

De igual forma señala que “el avance en el diseño de los principios y alcances de la política social no está en sintonía con los avances reales en la operación. La pertinencia de las áreas donde se desarrollan los programas sociales contrasta con la dispersión programática. La universalidad se ve limitada por la escasez de recursos económicos. Sobresalen los programas de transferencia de recursos a la población”.

El estudio de la UNAM

Ciro Murayama Rendón, coordinador de la evaluación por parte de la UNAM, comenta que “la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a través de la Comisión de Vigilancia y  Evaluación de Políticas y Programas Sociales del Distrito Federal convocó a la Universidad Nacional para hacer un estudio de la situación de los programas y políticas sociales en la capital del país. Los poderes legislativos, en el caso del DF la Asamblea Legislativa, tienen la tarea de ejercer cierto control,  cierta vigilancia, por parte de la representación popular de las distintas fuerzas políticas de lo que hace el Ejecutivo, el gobierno de la ciudad, esto es normal en toda democracia con división de poderes y en este caso recurrió a la Universidad Nacional Autónoma de México para que especialistas tanto de la Facultad de Economía como del Instituto de Investigaciones Sociales participáramos en esta evaluación”.

Los legisladores, agrega, “nos convocaron a realizarla en 2010, la entregamos en 2011, y ahora en 2012 salió la publicación; el hecho de que nosotros hiciéramos la investigación a lo largo de 2010 y 2011, quiso decir que teníamos que hacerlo sobre 2009, año en que ya se había acabado el ciclo fiscal, por lo tanto,  ya teníamos todos los elementos para saber indicadores de gasto, de cobertura de metas de los programas,  trabajamos con 70 programas cuya reglas de operación fueron publicadas en la Gaceta Oficial del DF ¿Qué significa esto? que se decía: ¿Cómo se llamaba el programa?, ¿cuáles eran sus objetivos?, ¿a quién se dirigía?, ¿quién lo instrumentaba?, ¿cuál era su presupuesto?; en fin, esto se público en la Gaceta”.

“En la ciudad de México —indica el profesor-investigador de la Facultad de Economía—  se habla de varios cientos de programas sociales —más de 480—, lo que pasa es que eso involucra a las delegaciones de la ciudad que a su vez tienen sus propios programas sociales, nosotros nos limitamos a analizar lo que hace la administración central,  la jefatura de Gobierno que encabeza Marcelo Ebrard, lo que hicieron los jefes delegacionales, esos no son objeto de esta investigación”.

Avances

En este contexto, el doctor Murayama precisa a Siempre! que “esta es una evaluación del diseño de la política social, no de su impacto, esto es, no se midieron indicadores de pobreza una vez que se echó a andar tal programa, lo que se vio es cómo está funcionando, y lo que se encontró fue que en el DF hay avances normativos legislativos importantes en materia de política social, que entre otras cosas dice que se debe seguir el principio de universalidad que contrasta con el criterio de focalización de la política social federal; por ejemplo, en vez de estar dando apoyos a grupos específicos debería de ser una política que genere derechos sociales para el conjunto de la población, este es un criterio, un principio, muy relevante de la política social”.

Además, se han “tenido avances en la normatividad que permite y exige que esta política social a través de sus programas se presente en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y se conozca oficialmente qué se está haciendo. Otro avance importante es que  algunos de estos derechos son ya consagrados de los derechos sociales en leyes, no son programas que se quitan o se pongan sino que son decisiones de la Asamblea Legislativa, como es el caso muy conocido de adultos mayores que ya no sólo es un programa sino que está respaldado por una ley, esos son avances normativos institucionales importantes”.

Lo que se pudo ver en cuanto a la práctica fue “cierta dispersión de los programas, si se revisan financieramente estos programas recibieron alrededor de 17 mil millones de pesos en 2009,  ese es el volumen del gasto en materia social,  que es alrededor de una cuarta parte de lo que gastó la administración central en la ciudad; no es poco,  entonces si revisamos financieramente, el gasto está concentrado en 15 de estos 70 programas que se llevan más del 95 por ciento; por lo tanto, hay una dispersión programática y una concentración presupuestal. Realmente la política social se concentra en 12, 15 programas, lo demás son programas muy puntuales, con muy poco respaldo financiero, que por lo mismo tendrán poco efecto en la calidad de vida de los habitantes de la ciudad”.En materia de la población beneficiaria, apunta Murayama, “casi siempre se dirigen a población vulnerable, discapacitados,  niños en riesgo de abandono escolar, madres solteras, adultos mayores, pero la desigualdad y la pobreza cruzan a toda la población, necesitaríamos tener una política social que se haga cargo que no sólo hay unos grupos particulares en riesgo, sino que la pobreza, la desigualdad, afectan a toda la población, a los adultos jóvenes,  incluso, a los adultos, no es un problema de unos cuantos colectivos”.

 

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Plena transparencia y opacidad

En ese mismo tenor, el especialista en materia económica explica que “la política social se traduce en la mayoría de los casos en transferencias, en efectivo o en especie. En especie: útiles y uniformes escolares; en efectivo:  adultos mayores, niños  talento, los apoyos para los jóvenes,  Prepa Sí.  Todos estos programas consisten en  darle dinero a la gente, transferencias que pueden rondan en promedio de los 800 pesos mensuales, un poco menos en algunos casos, y lo que se detectó en este caso, es que la política social no necesariamente está fortaleciendo las instituciones de servicios de generación de bienes públicos en la capital del país sino que lo que tenemos es  al beneficiario como un mero receptor de recursos, eso coloca a la política social todavía en un grado germinal de desarrollo, hace falta fortalecer las instituciones para que estás se encarguen de garantizar, de ofrecer, servicios de calidad por ejemplo, en materia de salud en materia educativa en materia de protección social en general”.

Asimismo, “la ley es muy puntual en señalar que debe haber plena transparencia y publicarse los padrones de beneficiarios, y aquí se encontró que sólo 36 de los 70 programas evaluados publicaron en tiempo y forma los padrones de beneficiarios, lo que significa que alrededor del 50 por ciento de los programas sociales son opacos, todavía tenemos un problema de opacidad”.

“La Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal también plantea que deben incluirse mecanismos de participación social para que la gente de alguna manera influya en el diseño de los programas;  sin embargo, encontramos un incumplimiento de la mitad de las reglas de operaciones de los programas, no se hace alusión alguna a un mecanismos efectivo, eficiente, de participación social. De igual forma, resultó que prácticamente en el 30 por ciento de los programas no se publicó el dato oficial por parte de las autoridades sobre cuánto presupuesto gastaron, cuánto presupuesto les fue asignado o ambos. De tal manera que no se puede hacer análisis presupuestal en 30 por ciento de los programas, en 27 por ciento de los programas no se puede hacer evaluación acerca de las metas que se cumplieron, entonces, tenemos un contraste entre unas normas más desarrolladas y unas prácticas todavía dejan mucho que desear”.

 

Dispersión de programas

Estas son algunas de las conclusiones a las que se llegó: “El hecho de que tengamos decenas, —70— de programas sociales a nivel central y más de 300 a nivel delegacional, habla ya de un problema de dispersión de la política social, tener muchos programas no es sinónimo de tener mejor política social”.

En este mismo sentido, el doctor Murayama subraya que los programas sociales en efecto sí llegan a una gran parte de la población capitalina.

“La gente está en general satisfecha, aunque cree que los programas podrían ser de montos más altos, pero consideran que los programas se deben a decisiones del gobernante en turno,  no es una cultura de derechos: yo tengo derecho como habitante de la capital a tales ejercicios, por ejemplo, de servicios públicos de calidad, no es algo que me está dando el gobernante en turno  y  por qué lo hace el gobernante, dice la gente, para ganar votos,  entonces, todavía hay una distancia entre lo que está ocurriendo en la realidad y poder construir una cultura de exigencia de derechos sociales universales que es lo que dice la ley”.

Igualmente, los resultados del estudio señalan que “si bien hay un principio de universalidad de la política social, es decir, es para todos, sólo el 12 por ciento de los programas están siendo universales, como es el caso de la pensión a adultos mayores, pero la gran mayoría se trata de programas focalizados de tal manera que es un  instrumento, la evaluación que hicimos, muy útil para entender dónde estamos, cuáles son los avances, que los hay, y qué es lo que hay que corregir, que todavía es mucho”.

En este sentido, explica lo que se tiene que corregir. “Primero tendríamos que evitar la dispersión de los programas, si el 95 por ciento del presupuesto se va en 15 programas,  asumir que la política social es alrededor de estos programas, sobre todo, un fortalecimiento institucional, hay que fortalecer a las instituciones que brindan los servicios y hay que pensar en eso, en instituciones fuertes más que en reparto de dinero, hay que cambiar el modelo de la política social”.

Sobre la percepción de la gente en relación a que el gobierno tiene una política populista, Murayama advierte que “lo que tenemos que empezar a hacer para que los distintos gobiernos no traten de sacar un beneficio político no legítimo, pues todos los gobiernos tienen que hacer sus trabajo y tienen que cumplir con dar servicios sociales, cubrir ciertos derechos, es la función del Estado, pero el hecho de que se quiera lucrar políticamente con esto se acabará cuando tengamos derechos exigibles, esté el gobierno que esté, esté el personaje político que esté, en ese momento estaríamos mudando de una cultura, digamos corporativa, a una cultura propiamente democrática. Lo que tenemos que hacer es fortalecer las instituciones de la ciudad de México que prestan los servicios para que se entienda que independientemente de quién sea el gobernante en turno, estos servicios, estos derechos son exigibles, y los voy a tener, por eso el énfasis en el fortalecimiento de las instituciones; si no fortalecemos las instituciones y la calidad de los servicios, seguirá pareciendo la dádiva y no los derechos”.

Aun cuando no se ha recibido respuesta alguna a esta evaluación por parte de las autoridades responsables de implementar las políticas y programas sociales en el Gobierno del Distrito Federal, Murayama asegura: “Ahí sí estamos todavía ante una situación de desfase, ni los gobernantes están acostumbrados a la evaluación de su trabajo, ni quienes deben de evaluar por mandato ciudadano, como son los legisladores, han usado mucho estos estudios. Pero espero que más allá de la temporada político-electoral, se vayan haciendo a la idea de que la evaluación de cómo se gastan los recursos públicos, cómo se ejercen, si están bien diseñados, pueda volverse un asunto cotidiano porque es la única manera de mejorar las ahora llamadas políticas públicas”.