Instituciones usadas con fines político electorales
Damos el nombre de fatalidad a
nuestra obstinación.
Niceto Alcalá Zamora y Torres
José Fonseca
Hace varios meses en este espacio generoso de la revista Siempre! se calificó como herencia envenenada la que recibiría el sucesor o sucesora del presidente Felipe Calderón.
Más allá de lo justificado necesario de la guerra contra el crimen organizado, se dijo entonces que para quienquiera que fuera el inquilino de Los Pinos sería imposible suspenderla.
La afirmación de Andrés Manuel López Obrador de que en pocos meses cambiaría todo es sólo una ocurrencia propia de retórica electoral.
Pasará buen tiempo del próximo sexenio para que el gobierno de la república consiga reducir significativamente los niveles de violencia y empezar a devolver la tranquilidad a tantas regiones agobiadas.
Más difícil será esa lucha porque la obstinación presidencial dejará una herencia aún más ponzoñosa.
En su obstinado objetivo de impedir que el PRI recupere la Presidencia de la República, el Ejecutivo federal ha tomado una ruta muy peligrosa para la estabilidad institucional de la república.
Ha decidido utilizar las instituciones de procuración de justicia con fines político electorales, esto es, para maniobrar desde dichas instituciones para debilitar el partido que considera su peor enemigo y de su partido.
La inoportunidad del cambio en la Fepade, las filtraciones sobre presuntas investigaciones y otra vez acusaciones al bote pronto a partir de las declaraciones de los testigos protegidos, han iniciado una ofensiva cuyo principio apenas percibimos.
No ha importado la violación del sigilo de las averiguaciones ni la utilización indiscriminada de documentos presentados en un juicio en Texas, documentos que todavía no se sabe si servirán para procesar al presunto principal acusador de un ex gobernador de Tamaulipas, pues la supuesta evidencia es tan dura como la declaración de haber leído un mensaje de texto en un celular donde se vincula al ex funcionario con el crimen organizado.
Nadie puede afirmar que los señalados como presuntos cómplices del narco sean inocentes, pero tampoco hay pruebas irrefutables de que sean culpables. Y en un Estado de derecho las acusaciones que no se sostienen en un tribunal son únicamente flechazos mediáticos con fines de propaganda política.
El efecto de los linchamientos mediáticos con fines de propaganda política es que se debilitan las instituciones de procuración de justicia.
Es un contrasentido que la obstinación lleve al Ejecutivo federal a anular todos los esfuerzos sexenales para fortalecer las instituciones federales de procuración de justicia.
Debilitarlas no es sólo un contrasentido, es una irresponsabilidad histórica y política. Una más.
jfonseca@cafepolitico.com