Así lo establece nuestra Carta Magna

En homenaje a Aurora Berdejo Arvizu, inigualable

 amiga y pionera del periodismo político.

Descanse en paz.

 

Alfredo Ríos Camarena

En el siglo XXI, ha ido avanzando la gran revolución cibernética, que permite que el conocimiento humano se amplíe y se expanda; el avance de la ciencia, de la tecnología y las capacidades productivas, que deberían permitir que el ser humano no tuviera el sufrimiento lacerante del hambre y la pobreza extrema, han establecido las condiciones; pero el reparto desigual de la riqueza, manipulado por el sistema neoliberal, ha impedido que el hombre supere estos lastres, que deberían desaparecer de la faz de la Tierra.

Lo que ha sucedido en los últimos meses, en las comunidades y pueblos indígenas, y en diferentes lugares del país, producto de la crisis ambiental, de la sequía, de las heladas y de las condiciones naturales adversas, ha provocado el desabasto alimentario; pero la explicación no es suficiente, también se han abandonado las políticas sociales que han marginado, particularmente, a los pobladores pobres de nuestra nación.

Es innegable e indudable la solidaridad humanitaria colectiva, convocada por todos los medios de comunicación social; la respuesta, como siempre, ha sido la generosidad y el desprendimiento del pueblo de México; se han recabado miles de toneladas de alimentos para ser repartidos, especialmente en la sierra Tarahumara. Pese a esto, son más de 2.4 millones de afectados y se calculan 4.5 millones de damnificados para el fin de la temporada agrícola; más de 9 mil comunidades de 19 estados, supuestamente, recibirán recursos,  pero todo esto es insuficiente, se va a paliar la crisis, aunque inexorablemente, las condiciones desfavorables en el reparto desigual continuarán.

Aplaudimos sin reservas la actitud colectiva, pero la solución parte de conceptos estructurales, que tienen que ver con la política social de distribución de la riqueza y con la política agraria y agrícola; es decir, con los paradigmas que la Constitución de la República marcan.

El campo mexicano, desde hace varios lustros, ha sido abandonado; se desmantelaron las redes sociales que favorecían a las comunidades como la Conasupo, los bancos agrarios y agrícolas, desaparecieron Fertilizantes de México y la Productora Nacional de Semillas, asimismo desaparecieron los fideicomisos de apoyo, con todo el diseño de una estructura que favoreciera la producción y la distribución; todo el andamiaje que se había montado desde hace años, se transformó en una política caritativa, en lugar de una política productiva; se establecieron programas sociales que no resuelven la pobreza ni la producción, y que finalmente se encuentran en una crisis que se refleja en la baja producción de alimentos, por malas políticas públicas.

La realidad vuelve a estar en el corazón del sistema neoliberal, cuyo principal objetivo es el lucro de unos cuantos; por eso, la solución que planteó el secretario de Agricultura, Francisco Javier Mayorga, en Davos, Suiza, es incompleta e injusta, pues se apoya en las empresas privadas nacionales y extranjeras, que son las únicas ganadoras de la riqueza agrícola y ganadera.

El tema requiere reflexiones de fondo que deben aportar los candidatos a la presidencia de la república, para darle un nuevo diseño a la política agropecuaria; es claro el fracaso de las políticas de caridad; es necesario retomar la conducción del Estado para crear un sistema que corresponda a los paradigmas de la Constitución. La sustitución del principio de justicia social por el del bien común entraña un cambio de la filosofía social equivocado; el Estado debe participar a plenitud en sus fines redistributivos.

Es loable el esfuerzo de los gobiernos locales, del gobierno federal y de la sociedad; vivimos en una situación grave de extrema urgencia, pero no basta con lo que se está haciendo, se requiere que el tema del campo se trate con mayor profundidad y seriedad, pues en ello estriba el proyecto nacional.

El modelo socialdemócrata, según Tony Judt, autor del libro Algo va mal, es probablemente la solución menos injusta que podemos afrontar en medio del capitalismo rampante. Para México no es nuevo, la Carta Magna así lo establece.