Condóminos morosos
Carlo Pizano Salinas
Una evidencia de la falta de ciudadanía en el Distrito Federal está en las unidades habitacionales. Por falta de ciudadanía se entiende la irresponsabilidad de los habitantes ante los derechos y obligaciones de vivir en comunidad. La responsabilidad se refleja en el ámbito más cercano, el propio lugar de habitación. Son muchas las causas. Desde un exacerbado individualismo o egoísmo propio de ciudades tan despersonalizadas como la ciudad de México, pasando por el alto nivel de impunidad en los asuntos públicos; también clave resulta la falta de instrucción en deberes cívicos del sistema educativo y las familias que no forman ciudadanos.
La Procuraduría Social del Distrito Federal no tiene cifra exacta del número de regímenes en condominio; maneja la cifra de 7,254 unidades habitacionales. A cada una debiera corresponderle un régimen jurídico en condominio: más de siete mil reglamentos para la convivencia de millones de capitalinos. ¿Y qué sucede?: el desorden, por no decir la anarquía. Miles de edificios se deterioran por falta de mantenimiento; porque no hay recursos. Esto se debe básicamente a dos causas: el condómino no paga sus cuotas ordinarias de administración; en enero de este año la Procuraduría Social del Distrito Federal reportó que de las 8 mil 571 inconformidades recibidas el año pasado, 60% corresponde a morosidad de vecinos. Afortunadamente la Asamblea Legislativa proporcionó más herramientas para, por la vía de la conciliación o el requerimiento, conseguir el pago adeudado por condóminos que simple y llanamente no contribuyen a los gastos de sus unidades.
La otra causa es más preocupante. No hay recursos para mantenimiento porque no hay cuotas de mantenimiento, porque no hay administración; los vecinos no se reúnen en asamblea para elegirla. El resultado: miles de unidades en el desorden. El impacto para la ciudad no se ha valorado lo suficiente. El que no rija un efectivo régimen de condominio en unidades habitacionales representa deterioro físico de edificios, riesgos de protección civil, conflictos vecinales que incluso derivan en conductas ilícitas o delitos, y al final, recursos fiscales destinados a mantener edificios privados. Muchos problemas públicos se resolverían si esas unidades se administraran correctamente y cada vecino aportara para sostener las áreas comunes (escaleras, jardines, estacionamientos, elevadores, agua, luz…). Pero también, la presencia de una autoridad como la administración para hacer cumplir el reglamento y resolver las naturales desavenencias entre vecinos, aunque siempre hay un abusivo que quiere apropiarse de áreas comunes o actuar sin respetar el derecho a vivir en paz. El Gobierno del Distrito Federal debe hacer una campaña masiva de difusión del régimen de propiedad en condominio, acompañada por acciones agresivas de regularización. Como ciudadanos, si cumplimos con nuestros deberes en el lugar dónde vivimos, tendremos autoridad moral para exigir lo mismo en nuestras calles, plazas y demás espacios públicos.