Los electores tienen derecho a saber
Raúl Jiménez Vázquez
Desde varios años, pero más acentuadamente en los tiempos recientes, el frente supranacional constituye una variable de importancia crítica para las decisiones que se toman en los Estados. Por ello mismo, tanto el derecho internacional como las acciones de los organismos e instancias a que éste se refiere en ninguna forma pueden ser pasados por alto.
De lo contrario, pueden generarse situaciones que latentemente habrán de producir sus efectos en el plano nacional, como sucedió en Perú durante el gobierno de Fujimori, cuya constitución hubo de ser reformada en acatamiento a la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al resolver el caso “Barrios Altos”.
Ese contexto permite apreciar la magnitud, la trascendencia jurídica y política de diversos acontecimientos a los que desafortunadamente no se les ha otorgado la importancia que realmente tienen. El primero de ellos es el relativo a la presentación ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU del informe de la visita a México del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias.
En torno a la “guerra sucia” que tuvo lugar en los años setenta y principios de los ochenta, ahí se indica que el régimen implementó una política de represión sistemática en contra de estudiantes, campesinos, indígenas, activistas sociales y cualquier sospechoso de ser partícipe de un movimiento de oposición. También se asevera que no se han establecido mecanismos idóneos para investigar a profundidad las desapariciones forzadas que tuvieron lugar en ese periodo y que tampoco se ha castigado a los responsables.
Tales señalamientos no representan ninguna novedad; fueron literalmente extraídos del expediente resultante de la investigación practicada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos con relación en ese horrendo capítulo de la historia reciente de nuestro país, cuyos impactantes resultados están reflejados en la Recomendación 26/2001, donde se dio cuenta y razón pormenorizada de las atrocidades cometidas por el cuerpo represivo de la “Brigada Blanca” y asimismo se documentó la existencia de un pasivo sangriento conformado por más de quinientos desaparecidos.
La pregunta emerge de manera incontenible: si dichas atrocidades fueron puestas al descubierto desde principios de la década pasada, ¿por qué los gobiernos panistas encabezados por Vicente Fox y Felipe Calderón se abstuvieron de hacer lo que ahora está siendo censurado por los personeros internacionales?
El Grupo de Trabajo también hizo las siguientes puntualizaciones: I) la desaparición forzada es una práctica que ha permanecido invariable a lo largo del tiempo, II) su recurrencia en mucho se debe a las complicidades o complacencias de agentes del Estado adscritos a los distintos niveles de gobierno, III) las violaciones a derechos humanos cometidas por militares deben ser juzgadas por tribunales civiles, IV) las Fuerzas Armadas deben ser retiradas a corto plazo de las actividades propias de la seguridad pública.
A este cúmulo de enérgicos cuestionamientos habría que añadir las innumerables observaciones hechas por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el marco del Mecanismo de Evaluación Periódica Universal; los pronunciamientos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos podría emitir una vez desahogada la queja por violaciones a los derechos fundamentales perpetradas en el curso de la guerra antinarco; y las determinaciones que el Comité de los Derechos del Niño de la Naciones Unidas podría adoptar como consecuencia de la denuncia formulada por algunas ONG en el sentido de que la Secretaría de la Defensa Nacional ha utilizado a menores de edad en la lucha contra el crimen organizado.
Otras instancias de la ONU igualmente se han abocado al conocimiento de temas puntuales de la agenda nacional. El Comité para la Eliminación de la Discriminación está exigiendo a México que cumpla con la obligación de la previa consulta a los pueblos indígenas sobre la explotación de minerales y otros recursos naturales dentro de sus territorios, prevista en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. El Comité contra la Tortura, a su vez, acaba de dar entrada a una queja por tratos crueles e inhumanos interpuesta por víctimas originarias de Baja California.
Finalmente, en octubre del año pasado quedó formalmente instalada la Sección México del Tribunal Permanente de los Pueblos, heredero del Tribunal Russell, a cuyo cargo estará la investigación de los siguientes aspectos: I) “guerra sucia”, violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia; II) migración, refugio y desplazamiento forzado; III) feminicidios y violencia de género; IV) violencia contra los trabajadores; V) violencia contra el maíz, soberanía alimentaria y autonomía; VI) devastación ambiental y derechos de los pueblos; VII) desinformación, censura y violencia contra los comunicadores.
Indudablemente estamos en presencia de un verdadero legado maldito que recaerá sobre la siguiente administración. Por tal razón, es de suma trascendencia que quienes aspiran a ocupar la “silla del águila” se pronuncien al respecto. Los ciudadanos necesitamos saber qué piensan hacer para atender esas delicadas cuestiones. Es preciso que nos digan qué medidas específicas van a instrumentar a fin de cerrar las heridas purulentas causadas por los crímenes perpetrados durante la guerra sucia y la actual guerra antinarco. Los electores tenemos derecho a saber cuáles son las políticas públicas, programas y acciones concretas con las que serán apagados esos tremendos fuegos internacionales.