Por igual, policías y jueces
Carlos E. Urdiales Villaseñor
Hechos recientes en el país vuelven a poner sobre la mesa del análisis y discusión social el tema de las prisiones en México. Hay una población carcelaria en el país que ronda los 235 mil internos, de esos, poco más de la mitad están a la espera de una sentencia. El 48 por ciento restante que ya purga una resolución legal por parte de un juez, se divide en 30 por ciento del ámbito federal y 70 por ciento del fuero común. No necesariamente nos faltan prisiones, más bien nos sobran procesados.
Los encargados de sentenciar o absolver a indiciados no es el Ministerio Público, ni federal ni estatal, son jueces, magistrados que trabajan en el Poder Judicial, y cuya misión es determinar, con base en las pruebas acusatorias que aporta el fiscal, y la defensa legal del acusado, su situación legal. Culpable o inocente. Y si ocurre la primera, determinar la pena, la forma de resarcir el daño, desde obligar a restaurar hasta la privación legal de la libertad.
Lo anterior que parece obvio no lo es tanto, no al menos en la práctica.
¿Por qué hay presos federales en cárceles estatales? ¿Quién determina el que indiciados o supuestos criminales de bandas antagónicas estén en el mismo penal? ¿Por qué pasan años sin que acusados de delitos menores reciban una sentencia? ¿Quién gana con el revoltijo que propicia corrupción a más no poder? ¿Por qué el traslado de presos a diferentes reclusorios está sujeto a la orden de un juez? ¿Cuántos amparos se tramitan para evitar esos traslados y cuántos se conceden?
Apodaca y sus 44 asesinados y 29 fugados no es la punta del iceberg de negligencia y corrupción. Es uno más, es otro, igual de pestilente que los de Tamaulipas, Durango, Zacatecas o Ciudad Juárez. Apodaca no revela la incapacidad de un gobierno estatal por primera vez, más bien ratifica la incapacidad para controlar una red de corrupción que cruza de lado a lado la estructura de gobierno. Igual en otros estados.
Apodaca tampoco exonera de responsabilidad a un gobierno federal que no ha sido capaz de prevenir lo que estaba cantado al iniciar una batalla contra la delincuencia industrializada, habrían muchos detenidos y los juzgadores tardarían mucho más aún en solventar esas cargas de trabajo al tiempo que implementan una reforma de gran calado al sistema acusatorio nacional. Las cárceles se sobrepoblarían, como ha ocurrido y no habría centros penitenciarios suficientes. Sobrevendría el caos. Ya está aquí. Y no se puede deslindar responsabilidades de carácter político tan fácil como decir que en los penales bajo resguardo federal no ocurren motínes ni fugas masivas.
El gobierno federal ha incurrido en responsabilidades graves por no diseñar antes, por detonar reacciones previsibles en una lucha que nadie puede cuestionar su obligatoriedad, pero sí su despliegue eficiente, cuidando a los más de los menos.
No sólo faltan prisiones, que ya se construyen, ha fallado la visión preventiva desde la esfera federal, han fallado las estructuras locales en su depuración, han quedado a deber jueces rebasados por el trabajo y corrompidos por la ambición, han mostrado las leyes y normas sus lados más flacos para tolerar argucias que propician injusticias y dan vía libre a la impunidad.
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