Entrevista Ignacio Morales Lechuga/Ex procurador general de la República

Antonio Cerda Ardura

Con una condena, en segunda instancia, de 60 años de prisión por el supuesto secuestro de tres personas (Cristina Ríos Valladares; su hijo menor, Christian Hilario Ramírez Ríos, y Ezequiel Yadir Elizalde Flores,), posesión de arma de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y delincuencia organizada, el caso de la ciudadana francesa Florence Marie Louise Cassez Crepin, ha comenzado a crujir y parece que se va a desmoronar, lo que implicará que se confirme que la justicia que aplica en México el régimen del presidente Felipe Calderón es, al menos en ocasiones, sólo una pantomima para el lucimiento personal y la justificación del trabajo fallido que realizan algunos de sus amigos puestos en cargos de mando claves.

Como se recordará, el 9 de diciembre de 2005, un día después de los supuestos hechos reales, el entonces director de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y actual titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y su colaborador, Luis Cárdenas Palomino, actual coordinador de Seguridad Regional de esa secretaría, a “petición de los medios de comunicación” organizaron un montaje, en el rancho Las Chinitas, ubicado en la carretera México-Cuernavaca, para simular que Cassez y su novio, Israel Vallarta, presunto líder de la banda de secuestradores Los Zodiacos, eran detenidos en flagrancia con tres de sus víctimas.

El asunto, que el 10 de febrero de 2006 se confirmó de forma oficial como “una escenificación”, causó una serie de desavenencias entre México y Francia, con reclamos directos del presidente Nicolás Sarkozy para hacer valer los derechos de Cassez, sobre todo cuando, en febrero de 2011, el mandatario galo quiso dedicarle a su compatriota el Año de México en Francia.

La propuesta del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, publicada el 8 de marzo en la página en Internet de esa institución, para otorgar un amparo y liberar de inmediato a Cassez, en un dictamen que será debatido por el alto tribunal el 21 de marzo, tras señalar que hubo violaciones a sus derechos durante el proceso, ha hecho no sólo que Sarkozy vuelva a “confiar en la justicia mexicana”, como lo declaró en la entrevista transmitida esta semana por las emisoras RMC y BFM TV de su país, sino que ha motivado un áspero debate en distintas instancias mexicanas.

Mientras que la Procuraduría General de la República indicaba que el proyecto presentado por Zaldívar cuestiona los procedimientos que ya fueron avalados por otras instancias judiciales federales, y que es improcedente el recurso de revisión presentado ante la SCJN, el martes 14, un panel de especialistas en distintas ramas: derecho penal, constitucionalismo, relaciones diplomáticas y garantías individuales, expuso que, dadas las irregularidades cometidas durante el proceso de la francesa, ella tendría que ser liberada de inmediato.

El director del Programa de Derechos Humanos de la UNAM, Luis de la Barrera Solórzano; el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Miguel Carbonell; la directora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Ana Laura Magaloni; el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF, Luis González Placencia; el presidente del Colegio de Notarios y ex procurador general de la República, Ignacio Morales Lechuga; el ex secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda, y el activista civil contra el secuestro Eduardo Gallo, concluyeron que las violaciones a los derechos constitucionales y humanos de Cassez “invalidaron su adecuada defensa“.

No obstante, los tres secuestrados y distintas organizaciones que están a favor de los derechos humanos de las víctimas anunciaron, ese mismo día, que recurrieron al recurso jurídico denominado Amicus Curiae (amigo de la corte o amigo del tribunal), reconocido en instancias como la Corte Internacional de Justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Europea de Derechos Humanos, los Tribunales Penales Internacionales para la ex Yugoslavia y Ruanda y la Corte Especial para Sierra Leona, con el objetivo de la SCJN tome en cuenta las garantías individuales de las víctimas y “no se prepare a la procesada para la impunidad”.

 

Violación de derechos

En entrevista con Siempre!, Ignacio Morales Lechuga, experto en temas de justicia, indicó que en el caso de Cassez fueron violadas todas sus garantías, por lo que debe quedar libre. “México está urgido”, indicó, “de una justicia que responda a los derechos humanos, sin que se siga basando en mentiras y falsedades”.

¿Por qué Florence Cassez tendría que salir libre?

Porque hay violaciones de procedimientos, de garantías y derechos humanos previstos. En primer lugar, por la falta de asistencia consular oportuna. Luego, por la violación de la presunción de inocencia y la creación de una presunción de culpabilidad basados en la escenificación falsa. Y, en tercer lugar, porque no tuvo una consignación inmediata ante el ministerio público y la retuvo la policía durante más tiempo del que permite la Constitución.

Todo indica que habrá todavía mucho debate por este caso. ¿Cuál es el precedente que siembra?

Este caso demuestra que México está urgido de una justicia que responda a los derechos humanos, a las garantías constitucionales, a nuestro Estado de derecho, sin que se siga basando en mentiras y falsedades. Esto nos debe motivar a todos para exigir al gobierno y a los congresos más cambios, ya que los que se han hecho hasta ahora no han sido suficientes. La situación de Florence simboliza a miles y miles de mexicanos que permanecen en las cárceles, que no han tenido la oportunidad de dar a conocer sus casos, y que han sido detenidos, procesados y sentenciados injustamente y con base en mentiras.

Usted señaló en el foro que hay una gran indignación por la situación de la francesa, lo cual es muy curioso, porque al principio a ella se le miraba como un monstruo.

Es que todos fuimos víctimas de un engaño. El propio actual secretario de Seguridad Pública de la federación reconoció que la detención de Cassez en la fecha en que se mostró por televisión, fue un montaje, una escenificación, una recreación. Fue un engaño para todo México y no ocurrió nada. Las autoridades judiciales confirman las sentencias, las investigaciones y las averiguaciones, unas bajo el argumento de que no forman parte del expediente. Es decir, le han dado más importancia al propio expediente que a los sujetos activos y pasivos del delito y a todos los hechos que se conocen públicamente. Por esto, en mi ponencia dije que retomaba las palabras del doctor Miguel Carbonell, cuando sostenía que somos víctimas potenciales de las autoridades arbitrarias que, sin respeto alguno por los derechos humanos y las garantías individuales, pueden escenificar, preparar un montaje, llenarlo de mentiras, para que al final la justicia legalice ese engaño.

Se ha mencionado que en el expediente de Cassez hay un cúmulo de errores e inconsistencias. ¿Podría hablar de algún ejemplo específico?

Mire, la propia SCJN ha sostenido que la primera declaración, que normalmente es muy espontánea, es la que se debe tomar en consideración. En la segunda o la tercera declaración, el testigo o la víctima pueden ser sujetos de manipulación. Por eso es que los jueces deben darle un peso específico a la primera y, en el caso de Florence, ha sido al revés: se les han dado más peso a las posibles manipulaciones y no a la declaración espontánea. En una primera declaración, uno de los testigos no imputa responsabilidad alguna a Cassez: no identifica ni su voz, ni sus manos, ni su pelo, etcétera. En la segunda es cuando ya dice, entre comillas, “plenamente y sin temor a equivocarse”, que sí la identifica.

Le pongo otro ejemplo: en la página 69 de la declaración de Karen Pavlova Gachuz Gómez, esposa de una de las víctimas, Ezequiel Yadir Elizalde Flores (averiguación previa PGR/SIEDO/UEIS/190/2005), se infiere que los secuestradores retuvieron al muchacho porque intentaron presionar a su papá (Enrique Elizalde Menchaca) para que pagara una deuda que tenía con ellos. Como tal deuda no era cobrarle judicialmente [Nota del autor: según la declaración de Israel Vallarta, esa deuda era producto del dinero obtenido por otro secuestro en el que participó Elizalde Menchaca], en consecuencia los delincuentes acudieron a vías de hecho para hacer efectivo el pago. Las garantías humanas por deudas son comunes entre los delincuentes y ocurren muy a menudo en Colombia y México. En esa declaración, Karen Pavlova narra que escuchó eso durante una conversación vía telefónica entre su suegra (Raquel Flores Martínez), y el supuesto jefe de los secuestradores (identificado por Vallarta como “Salustio”).

De todo lo anterior, no se ahondó en la investigación. Cuando yo me desempeñé como procurador del DF y procurador general de la República, reconocimos errores y equivocaciones judiciales en unos mil 500 casos y creamos, además, una dirección especializada para corregir los defectos de las investigaciones. La mejor manera de proteger a las víctimas, es, precisamente, cumpliendo estrictamente con las leyes. Con eso se enjuicia a los verdaderamente responsables y no existen los llamados chivos expiatorios.

Ha habido algunas críticas contra el ministro Zaldívar, particularmente de la PGR, que cuestiona que la sentencia sobre el caso Cassez ya fue avalado por distintas instancias judiciales.

Yo, como asumí durante el foro, después de leer y estudiar la ponencia del ministro Zaldívar, me parece que es una esperanza para la justicia en México. Florence no debería estar en la cárcel, porque no existen pruebas ni procedimientos regulares en su proceso, y fue muy clara la violación de sus garantías constitucionales. La condena que le impusieron, de 60 años, fue mayor a la de Daniel Arizmendi López, “El Mochaorejas”, sin ninguna comparación. Pero, además, las autoridades que participaron en estos eventos debían de ofrecerle una disculpa pública por esta atrocidad.

 

Opinión de las víctimas

De manera a contraria a opiniones como la de Ignacio Morales Lechuga y el resto de los especialistas que participaron en el foro del 14 de marzo, el recurso Amicus Curiae interpuesto por las víctimas, indica que, en su proyecto, “el ministro Zaldívar ignora y descalifica todas las declaraciones por un supuesto efecto corruptor no probado, ni física, ni estadística, ni fácticamente sobre la mente de los testigos, los ministerios públicos y los juzgadores y su impacto en la opinión pública, que, además, es permanente y catastrófico, es decir, destructor de toda posibilidad de justicia”.

Las víctimas y los grupos que las apoyan, indican que la única manera de que se respeten los derechos humanos de quienes fueron secuestrados por Cassez y se cumpla con el objetivo del artículo 20 de la Constitución de esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen, es bajo los siguientes preceptos:

PRIMERO. Que se nos reconozca la calidad de víctimas del delito y de organizaciones que representan los intereses de las víctimas del delito.

SEGUNDO. Que se analicen todos y cada uno de los argumentos que contiene el presente Amicus Curiae y que el recurso de revisión de la señora Florence Cassez se resuelva de conformidad con el artículo 107 de la Constitución, atendiendo exclusivamente al análisis de la interpretación directa de la Constitución y de las leyes, como es la facultad exclusiva de esa Corte.

TERCERO. Que se ponderen, como lo exige la Constitución, los derechos humanos tanto del imputado como de las víctimas, garantizando los derechos de todos de manera pro homine, es decir, como lo dice el artículo primero de la Constitución, de manera interdependiente, indivisible y con progresividad.

CUARTO. Que en caso de que se considere la existencia de violación de los derechos fundamentales de Florence Cassez, se analice el daño causado sin que pueda implicar la desprotección de los derechos de las víctimas.

QUINTO. Que, en todo caso, si esa Corte llegara a considerar que existen pruebas viciadas que fueron valoradas por los jueces, se ordene que esas pruebas, y nada más esas, salgan del caso y que se reponga el proceso ad inicio.