La ONU acusa al Estado mexicano
Raúl Cremoux
El grupo formado por el sudafricano Jeremy Sarkin, el francés Olivier de Frouville, el libanés Osman El Hajjé, la bosnia Jasminka Dzumhur y el argentino Ariel Dulitzky, todos ellos expertos en materia jurídica y de protección de derechos humanos que trabajan en la ONU, han señalado que las desapariciones forzadas en México no son obra sólo de los grupos criminales organizados, sino que también hay participación del Estado mexicano.
Este grupo investigador presentó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra un informe que es el fruto de su visita a México en la segunda mitad del mes de marzo del año pasado.
El grupo de trabajo señala que “un elevado número de secuestros y delitos con similitudes a las desapariciones forzadas son cometidos por grupos del crimen organizado”, pero añade que “no todas las personas desaparecidas habrían sido secuestradas por grupos del crimen organizado actuando en forma independiente. “Por el contrario, la participación del Estado en las desapariciones forzadas también está presente en el país”, declara este grupo que asegura tener “información concreta, detallada y verosímil sobre casos de desapariciones forzadas llevados a cabo por autoridades públicas o por grupos criminales o particulares actuando con el apoyo directo o indirecto de algunos funcionarios públicos”.
Estos datos probablemente estarían tomados de la investigación y publicación que realizó Mauricio Farah cuando trabajaba en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 2008 y 2009 y dio a conocer puntualmente los terribles abusos del Instituto Nacional de Migración, contra centroamericanos deseosos de internarse en los Estados Unidos.
Estos delitos hechos públicos permanecen en la impunidad. Quien fuera directora general de Migración, Cecilia Romero, lejos de ser llamada a los tribunales, fue enviada al Partido Acción Nacional como secretaria general para evitarle ser molestada.
El informe de la ONU destaca asimismo “la probable complicidad que prevalece” en muchos casos de desaparición forzada en México, y en vez de ser tratados como tal “son reportados e investigados bajo una figura diferente o ni siquiera son considerados como delitos”.
El grupo de trabajo indica que el número de denuncias sobre desapariciones forzadas ha pasado de sólo 4 en 2006 a 77 en 2010, y añade que la CNDH registró la presunta desaparición de 346 personas en ese mismo año. A ello hay que añadir que diversas organizaciones civiles estiman que más de 3 mil mexicanos no han sido localizados entre 2007 y 2011; se les consideran “desaparecidos”.
Lo relevante, habrá que decirlo cuanto haga falta, del informe del grupo de trabajo es la afirmación de la supuesta complicidad de agentes estatales en todos estos gravísimos ilícitos.
¿Quién y cuándo se investigarán esas afirmaciones provenientes de la ONU?
cremouxra@hotmail.com