La novedad es que el Indice de Desarrollo Humano de un país —según la ONU— ya no sólo se mide por el ingreso nacional sino también por la esperanza de vida, los grados de alfabetización y, “ojo”, por los avances en materia de equidad de género.

Naciones Unidas establece una relación matemática entre la marginación o exclusión de la mujer, el grado de pobreza de un país y su falta de crecimiento.

México ocupa hoy en el ámbito internacional el lugar 75 en materia de equidad de género y un lugar igual o similar —uno de los más bajos del planeta— en cuanto a desarrollo.

Desde esta perspectiva, el menosprecio de los derechos políticos de la mujer mexicana explica, en gran medida, el subdesarrollo de un país donde su clase política se niega a renunciar —como sea y a toda costa— a esquemas, costumbres y prácticas medievales.

El enérgico e inédito ultimátum que dio el Consejo General del IFE para que los partidos y coaliciones cumplieran —en sus postulaciones de diputados y senadores— con las cuotas de género nos dijo, otra vez, que México carga con enormes lastres culturales.

A las tres fuerzas políticas más importantes del país se les olvidó, a la hora de elegir candidatos y hacer las “listas del horror”, aplicar lo que sus legisladores aprobaron recientemente en el Congreso.

Es decir, una de las reformas constitucionales más avanzadas de la historia que obliga al país a acatar los tratados internacionales en materia de defensa y promoción de los derechos humanos y que prohíbe tajantemente la exclusión de las personas por su origen étnico, edad, discapacidad, condición social, preferencias sexuales, estado civil, opiniones o razones de género.

A los partidos se les hizo fácil, como es su costumbre, ignorar los derechos políticos de las mujeres. Creyeron, como siempre, que no iba a suceder nada, sólo que, a diferencia del pasado, el IFE se les puso en medio, los obligó a corregir porcentajes y con ello marcó para siempre la conciencia y vida político electoral del país.

Lo sucedido no es anecdótico. Tiene más trascendencia de lo que a primera vista puede percibirse. La resistencia de los partidos a adoptar posiciones sociales de vanguardia es una pesada ancla que impide al país correr a la misma velocidad que las naciones más desarrolladas.

Demuestra que existe un serio desfase entre los partidos y la sociedad; que esos órganos políticos tienen ideas y esquemas culturales medievales, mientras la ciudadanía evoluciona y se identifica con estilos de vida y parámetros políticos propios de un nuevo milenio donde los derechos de la mujer no sólo son reconocidos sino promovidos desde los más altos órganos internacionales.

El fallo que emitió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que dio a conocer el IFE para que los partidos políticos cumplieran en menos de 48 horas con las cuotas de género equivale a la revolución que provocó en el sistema jurídico mexicano el caso Radilla.

Los órganos electorales tuvieron un papel similar al de la

Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando ésta demandó al Estado mexicano y específicamente al Ejército por violar las garantías individuales de Rosendo Radilla Pacheco.

Se trató no sólo de sancionar sino de hacer un llamado de conciencia, vía la aplicación de la ley, para forzar la evolución de quienes —como los partidos— insisten en vivir en la edad de las cavernas.