El responsable del enredo jurídico en el que se encuentra el caso de la francesa Florence Cassez, acusada de secuestro, tiene un nombre: Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública.
Quienes conocieron al funcionario en sus años de formación afirman que se trataba de otro hombre: obediente, disciplinado y sencillo hasta la timidez. Hoy, sin embargo, muchos periodistas no se atreven a tocarlo por miedo a poner en riesgo su vida o la de su familia.
¿Qué le pasó a Genaro? Le ocurrió lo que le sucede a todo hombre que no sabe procesar el poder y que por las circunstancias se convierte en un funcionario imprescindible del presidente de la república.
La guerra contra el crimen organizado ha hecho del secretario de Seguridad no sólo alguien indispensable para Los Pinos sino un personaje dedicado a acumular poder. Logró obtener del Congreso ¾obviamente a petición de Calderón¾ uno de los presupuestos más elevados para la modernización y compra de armamento. De tal forma que, con el pretexto de combatir la delincuencia, ha logrado diseñar un comando de elite, un aparato con alta capacidad de fuego acostumbrado a recibir privilegios y con lealtades políticas no precisamente institucionales.
Para decirlo rápido: Genaro García Luna está al servicio de Genaro García Luna y, en segunda instancia, de Felipe Calderón. No del presidente de México. La protección, el resguardo, la inmunidad que recibe es evidente.
Eso es lo que explica el enredo del caso Cassez. Calderón ha quedado crucificado entre las presiones que ejerce el gobierno francés para que la inculpada sea liberada y la necesidad de proteger a un policía protagónico, desprestigiado, seriamente cuestionado en México y en el extranjero, pero que le ha hecho al gobierno y al mismo presidente todo tipo de servicios.
Sólo así puede entenderse que, por un lado, el ministro de la Corte Arturo Zaldívar, un abogado egresado ¾igual que Calderón¾ de la Libre de Derecho, promovido por el presidente de la república para ocupar el cargo, haya aceptado y resuelto el amparo a favor de Cassez y que, por el otro, una activista como la hoy candidata del PAN a la jefatura de Gobierno del Distrito Federal, Isabel Miranda de Wallace, se presente ante los medios para defender a García Luna.
El caso ha sido politizado con toda premeditación para crear confusión entre la opinión pública y ocultar lo que realmente se busca en el fondo: tratar de encontrar una solución que permita quedar bien con Francia, evitar que García Luna sea visto como un perfecto violador de leyes y derechos y que el gobierno de Calderón no aparezca ¾especialmente en el tema de seguridad¾ como un régimen fracasado.
La liberación o no de Cassez ha dejado de depender de lo jurídico para entrar de lleno en el terreno de lo político. En Los Pinos se preguntan ¿qué sería menos costoso para el partido en el gobierno, al final del sexenio y en medio de una campaña por la sucesión presidencial?
Más que Calderón, más que el PAN, las consecuencias volverá a pagarlas el país, sin duda el sistema de justicia, la sociedad misma y todo por la protección a un solo hombre.