Le guste o no al calderonismo
Gobierno o individuo que entrega los recursos naturales
a empresas extranjeras, traiciona a la Patria.
Lázaro Cárdenas del Río
José Alfonso Suárez del Real y Aguilera
Hace justo 74 años, el presidente Lázaro Cárdenas del Río tomó la decisión de emitir el decreto de expropiación petrolera, ante la insolencia de los representantes de las empresas extranjeras que en un alarde de soberbia desconocían el laudo de la autoridad laboral mexicana a favor de los trabajadores de sus empresas.
La soez actitud del empresariado extranjero ante el propio presidente mexicano fue determinante para que el general Cárdenas confirmara su sospecha del peligro que representaba a la soberanía nacional la rebelión de magnates petroleros ante las leyes mexicanas.
La pulcritud y justeza del laudo laboral emitido por los tribunales mexicanos a favor de los trabajadores constituía un compromiso irrenunciable de defensa y apoyo del Ejecutivo a la clase trabajadora, y una obligación indeclinable a favor del pueblo mexicano.
Tras el decreto de expropiación, el gobierno cardenista contó con el entusiasta apoyo del pueblo. Así lo testimonian infinidad de fotografías y películas de aquellos años.
Del espíritu de compromiso laboral y vigilancia patrimonial de sus primeros años, Pemex pasó al pillaje y sistemático saqueo de su riqueza petrolera nacional, deleznable política que no sólo se enseñoreó de la empresa, sino que contaminó a los poderes de la Unión y cuyo mayúsculo paradigma fue el Pemexgate y la impune protección gubernamental brindada a sus autores.
Sólo bajo el amparo de ese nefasto régimen de deshonestidad se explica el florecimiento de una estrecha coalición entre la delincuencia criminal y la delincuencia sindical que se enseñoreó de la empresa expropiada a favor del pueblo mexicano en 1938.
A esa inmoral e ilegal rapacería se suman las antipatrióticas ambiciones neoliberales, cuya tecnócrata obsesión es restituir el patrimonio petrolero de los mexicanos a las empresas extranjeras que amenazaron al general Cárdenas con regresar por las cuantiosas ganancias, que según ellas, la expropiación les arrebató.
El cúmulo de riesgos que se ciñen sobre la empresa demuestra la poca efectividad del control legislativo que ¾en principio y por obligación¾ debiesen ejercer nuestros representantes populares sobre este patrimonio del pueblo mexicano, principal fuente de ingresos para el erario.
Son contados los ejemplos de congruencia patriótica y compromiso legislativo en defensa de la soberanía energética. Cada vez son más frecuentes las pruebas que acreditan la inmoral connivencia de poderes a fin de dar sustento legislativo al paulatino desmantelamiento de la empresa nacional, como acción previa a la ambicionada subasta al capital privado y al extranjero de Pemex, y su riqueza energética.
En este contexto a muchos mexicanos nos preocupa y nos ocupa el alcance del acuerdo suscrito entre la canciller Espinosa y el gobierno de Obama sobre yacimientos transfronterizos, cuyo trasfondo busca evitar litigios internacionales de México contra los intereses de los licenciatarios yanquis, para los cuales, por cierto, los pactos internacionales son absolutamente prescindibles.
El sigilo y la premura con la que se ha procesado el acuerdo signado en Los Cabos obligan a esgrimir una vez la claridad del general Cárdenas, a fin de recordar a nuestros legisladores que traicionan a la patria, el gobierno o individuo que entrega los recursos naturales a empresas extranjeras, le guste o no al calderonismo.