Entrevista a Eduardo Torres Maldonado/Profesor-investigador de la UAM-Azcapotzalco 

 Nora Rodríguez Aceves

En el caso Florence Cassez la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe decidir técnicamente no políticamente. Uno de los grandes desprestigio del derecho es que los asuntos se resuelvan de manera política; en este asunto tiene que privar un criterio técnico jurídico aunque entra en juego, por supuesto, todo un universo que son los derechos humanos el cual amplía el horizonte limitado del viejo sistema jurídico mexicano, y la Corte está en este debate.

“Este ha sido un caso muy polémico y la SCJN debe ser muy cuidadosa al momento de tomar una resolución final, porque están en juego principios fundamentales del Estado de derecho, y si la Corte se revela, como muchas veces lo ha hecho, como fácilmente influenciable por la presión política del titular del Ejecutivo federal, cada vez será más endeble la cúpula que sostiene el sistema judicial mexicano”, señala Eduardo Torres Maldonado, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Azcapotzalco.

Luego de que “la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó en suspenso la resolución del amparo solicitado por la francesa Florence Cassez, ya que el proyecto elaborado por el ministro Arturo Zaldívar no consiguió los votos suficientes para ser aprobado, el asunto fue turnado a la ministra Olga Sánchez Cordero para presentar un nuevo dictamen” (La Jornada).

“A pesar de que tres ministros se pronunciaron a favor de amparar a la ciudadana francesa —quien seguirá en prisión—, sólo Arturo Zaldívar y Olga Sánchez Cordero votaron por la liberación inmediata de Cassez”.

Por eso aquí hay una enorme responsabilidad para la SCJN, pero yo tengo confianza en que, al quedar un nuevo dictamen para otorgarle un amparo a la francesa Florence Cassez en manos de la ministra Olga Sánchez Cordero, se presente un proyecto muy sólido, muy técnico, muy apegado al actual Estado de derecho en México, pero, claro, tampoco vamos a dar un voto de confianza ciego; vamos a esperar porque el debate va a continuar…

El montaje como prueba

En ese mismo tenor, el especialista en derecho constitucional expresa el impacto que tiene en el proceso en curso el montaje que se hiciera para la televisión: “es aberrante, eso por sí solo es la base para ordenar la reposición del procedimiento y para dejar a Florence Cassez en libertad. En estricta técnica jurídica, esa prueba puede y debe invalidarse, aun cuando invalidar esa prueba no necesariamente implica invalidar todo el proceso y la sentencia. Sobre el fondo, es distinto; un caso no puede volverse a juzgar por el principio de cosa juzgada, sin embargo si se descubren violaciones graves del procedimiento se puede ordenar la reposición del procedimiento; sería una forma más elegante de atender el caso sin vulnerar totalmente los principios del Estado de derecho”.

“El hecho de que haya existido esta puesta en escena, que es absolutamente vergonzosa, pero solamente es un botón de muestra de lo que pasa todos los días en el sistema judicial mexicano, pues en todos los casos, aquí, las autoridades montan los escenarios, plantan las tragedias, para que puedan decidir y sus sentencias tengan alguna congruencia; eso es absurdo totalmente, pero en este caso se hizo. ¿Qué es lo que procedía técnicamente?; tomando en cuenta este tipo de evidencia podría sugerir la reposición del procedimiento, y el juez que tuviera a su cargo revisar el caso no podría darle valor probatorio a este montaje, sin embargo, las demás pruebas ahí están en el proceso, tampoco por una sola prueba pueden eliminar su responsabilidad como autora material de los delitos que sí le fueron comprobados”.

Eduardo Torres advierte que “no hay que olvidar que Cassez es una persona que cometió ciertos delitos graves y que obtuvo una sentencia condenatoria por 96 años. Cassez incurrió en el delito de secuestro y otros delitos graves; ahora bien, sí se tiene que atender su situación procesal y su respeto a los derechos humanos, pero genera un enorme caos el hecho de que hayan hecho este montaje, que lo hayan propuesto y la jueza lo haya aceptado, porque entonces resulta que es un edificio construido sobre un pantano que se puede derrumbar”.

Siendo así, “en estricta técnica jurídica, por eso procede la discusión, el debate sobre la reposición del procedimiento, aunque tendríamos que ver en qué sentido presenta el nuevo proyecto la ministra Olga Sánchez Cordero para tener más elementos; yo soy simplemente un jurista, un estudioso del derecho, que doy una opinión personal sobre este caso, pero la función jurisdicente realmente corresponde a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, que merecen todo nuestro respeto”.

Responsabilidad de autoridades

A pregunta expresa de qué tipo de responsabilidad jurídica se le podría fincar al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por el montaje televisivo, el doctor en derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana señala: “en este caso, si se ordena, por ejemplo, la reposición del procedimiento, puede proceder que derivado de esa reapertura del procedimiento se pueda presentar una denuncia por la persona o la institución con interés jurídico apropiado para que se delimite la responsabilidad por haber ofrecido y puesto a consideración del Poder Judicial una farsa de esta naturaleza, Por supuesto que habría responsabilidades  del orden penal, pero tendría entonces la misma Corte de Justicia que tomar alguna consideración al respecto, y el juez que atendiera el caso tendría también que considerar esto. Una vez que se reabra el caso, se reabre la discusión de las pruebas, y habría oportunidad para deslindar responsabilidades por aquellos sujetos a quienes se les compruebe responsabilidad y autoría o coautoría en el ofrecimiento de estas pruebas y la generación de esta puesta en escena”.

Por eso tenemos que esperar a que se presente el nuevo dictamen de la ministra Olga Sánchez Cordero, “pues mientras no tengamos a la vista el nuevo proyecto solamente nos basamos en la opinión sobre lo que ahorita, con la propuesta del ministro Zaldívar, se aprueba, que fue no aprobar; se decide no decidir para seguir decidiendo para seguir discutiendo”.

“La SCJN tomó una decisión, para nada salomónica, porque decidió no decir, pero sí una decisión prudente de darse más tiempo para estudiar el caso y proponer un nuevo proyecto que permita tener una argumentación más sólida para decidir sobre el caso Cassez, porque además va a forjar un antecedente judicial muy importante también”.

Además, afirma que “hay un punto que es clave, pues estamos muy cerca de la votación para el 1 de julio, también la Corte quizá no quiere entrar en un escenario en el cual mueva el piso para la decisión política más importante para los mexicanos, posponer esta decisión implica dar tiempo a que se tome la decisión correspondiente a principios de julio para elegir al próximo presidente de México. Las decisiones políticas también tienen que ver, pero habría muchos elementos para considerar”.

El nuevo amparo

Torres Maldonado precisa que lo que discute la Suprema Corte es el otorgamiento de un amparo a la francesa Florence Cassez, el cual “tendría que considerar la violación de los derechos procesales constitucionales fundamentales de Cassez así como sus derechos humanos en el proceso, eso es a lo que tendría que abocarse el amparo; más que a las cuestiones de fondo, debe atender las cuestiones de forma procesal, y es donde podría enfocarse el asunto, sin embargo, sigue siendo un terreno un poquito difuso porque no sabemos exactamente qué es lo que consideró la Corte, la información que se ha filtrado todavía es insuficiente, pero digamos que podría ser eso”.

La Corte tendría que “decidir para qué efectos lo da, para qué efectos lo concede, es precisamente el debate, incluso entre los mismos ministros Arturo Zaldívar y José Ramón Cossío, porque el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia recuerdo que decía que él no compartía el proyecto de Zaldívar y estaba en contra de otorgar el amparo a Cassez, punto, porque vulneraba el principio de seguridad jurídica; el ministro Jorge Mario Pardo primero dijo que se pronunciaría por el amparo pero luego finalmente vota en contra de todo el proyecto. Entonces aquí no sabe uno qué pasa, José Ramón Cossío es de los más congruentes, de los más sólidos en su análisis, porque él parece apuntar a que se reponga el procedimiento, Zaldívar opta porque se otorgue la libertad precisamente por estas violaciones procesales y Olga Sánchez Cordero también tuvo una postura intermedia entre Zaldívar y Cossío considerando los derechos humanos también de Cassez, derechos constitucionales”.

“Lo interesante es que se abrió el debate y se ve cómo en la Corte misma no hay acuerdo sobre qué efectos podría tener el amparo, porque otorgar la libertad u ordenar la reposición del procedimiento inmediatamente implicaría también vulnerar un principio de seguridad jurídica, por eso sólo tres ministros coinciden en no otorgar el amparo a Cassez, pero entre estos ministros también hay sentimientos respecto a los efectos del amparo la liberación o la reposición del proceso, ¿por qué?, porque es distinto”.

Hay que señalar lo siguiente, “el caso Florence Cassez es un caso que ya técnicamente era cosa juzgada, abrirlo nuevamente en las dos vertientes que está señalando la Corte, la libertad inmediata o la reposición del procedimiento, se cae en el peligro de que se vuelva a juzgar nuevamente un delito que ya es cosa juzgada, lo cual evidentemente también sería una violación flagrante de la Corte al propio sistema jurídico mexicano. Por eso el proyecto tiene que ser cuidadosamente discutido, los demás ministros también por eso adoptaron una postura de no aprobar el proyecto de Zaldívar, porque está en peligro la misma estabilidad del sistema jurídico mexicano, nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito”.

“El caso Cassez —con independencia de cuál sea su resultado— lo que está haciendo es —como cualquier caso que tomáramos en México— revelar la podredumbre, la impunidad, la corrupción, el drama, la tragedia que constituye el proceso judicial en México. Es un verdadero drama, es una verdadera tragedia iniciar un proceso en México. El caso Cassez tiene que llevarnos a reflexionar sobre la protección inmediata y la seguridad jurídica para la protección de los derechos humanos de las víctimas. Un sistema jurídico no puede orientarse nada más —y ése es el gran descrédito de muchos casos de derechos humanos— a la protección de los derechos humanos del victimario, esto es un desequilibrio irracional”.