Palabrería y archivo muerto
Félix Fuentes
El sexenio de costos multimillonarios en publicidad se eterniza y, como afirmó el priista Enrique Peña Nieto al rendir protesta como candidato presidencial, el panismo ha sido de sangre, violencia y muerte. Jamás se gastó tanto para cultivar la imagen de un primer mandatario y de colaboradores, como el titular de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Es hora de que la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados agilice sus tiempos y precise cuánto cuesta y ha costado el gobierno panista, basado en propaganda permanente y astronómicos costos de seguridad para tanta gente enquistada en el poder.
No hay mexicano que no haya escuchado, hasta el aturdimiento, el remate de spots publicitarios: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
Durante años fue dicho de prisa, como para no ser entendido. Por supuesto, ni es un programa y sí pertenece a un partido político, al PAN y a sus capitostes, porque son anuncios para ensalzar a quienes utilizan los fondos públicos para pagarlos a medios electrónicos.
Es prohibido el mismo texto, como si alguien tuviera interés en usar anuncios oficiales del Seguro Popular, de Oportunidades, de capturas de algunos delincuentes o del de “para vivir mejor” ¾estos sí, programas fallidos, electoreros y en beneficio de unos cuantos.
Si fuera posible contabilizar los tiempos de días, meses y años, sólo de la prohibición de “este programa es público, ajeno a…” la suma sería de asombro y suficiente para la construcción de escuelas y hospitales por decenas.
Sin embargo, la Cámara de Diputados ha carecido de fuerza y entereza para impedir los dispendios publicitarios del gobierno. Incluso pierde fuerza la Auditoría Superior de la Federación por la lentitud de sus revisiones.
Hemos leído: En el año 2008, el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados fue de mil millones de pesos, pero el gobierno federal erogó 4 mil 212 millones en publicidad oficial, tres veces más de lo etiquetado por el Presupuesto de Egresos de la Federación. Así ha sido en los años siguientes.
También: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que Calderón violó la Constitución durante los comicios del 2010 al no suspender la propaganda gubernamental ¾igual como hoy sucede¾ para lo cual no hay sanciones previstas y es la razón por la que el gobierno panista hace cuanto le da en gana.
Otra: En el 2010, los excesos del gasto público fueron por 60 mil 371.9 millones de pesos y esto equivale al 1.7% del gasto neto total. Así podemos llenar páginas y páginas de semejantes excesos, sin que el Congreso o las autoridades electorales detengan tan cuantiosos latrocinios.
Como siempre, la Cuenta Pública es entregada por la Secretaría de Hacienda seis meses después de concluido el ejercicio presupuestal y la Contaduría Mayor de la Cámara dispone de otros cinco meses para presentar su informe. Después de esto es realizada una tortuosa revisión que incluye auditorías y termina un año después.
O sea, el dictamen final de la Cuenta Pública del 2011 será conocido cuando Felipe Calderón ya no sea presidente de la república. Y de los excesos en publicidad y el gasto público en general, así sean comprobados desfalcos de escándalo, se quedarán en la palabrería.
Nunca hemos sabido que la Cámara de Diputados proceda contra algún secretario de Hacienda o un presidente del país que hayan hecho toda clase de tropelías con los dineros aportados por los contribuyentes.