Humberto Musacchio

El ministro Arturo Zaldívar ha presentado un proyecto a la primera sala de la Suprema Corte, el que, de aprobarse, otorgaría el amparo de la justicia federal a Florence Cassez y llevaría a su puesta en libertad, pues por ahora purga una sentencia de 60 años de prisión.

Para las víctimas de la señora Cassez, la liberación de ésta implicaría la negación de toda justicia. Privados de libertad, mutilados y sujetos a toda clase de abusos, tendrán que aceptar que la justicia mexicana es una caricatura de sí misma. La misma verdad habrán de asumir los que se endeudaron y malbarataron su patrimonio para pagar los rescates.

Si ella queda en libertad por las fallas procesales y por las violaciones a sus derechos que han sido ampliamente expuestas, entonces lo lógico es que también se libere a sus reales o presuntos compinches, quienes fueron objeto de los mismos abusos, simulaciones y actitudes contrarias a derecho.

Si se procede a liberarla, cabe entonces esperar que sean destituidos y castigados el juez o jueces que dieron por buenas las pruebas presentadas por el ministerio público, que cerraron los ojos ante las evidentes contradicciones del expediente y que debieron conocer los abusos a que fue sometida al escenificar para la televisión la presunta liberación de secuestrados.

Igualmente, lo esperable es que el agente del ministerio público del caso sea objeto de un cese fulminante y de procesamiento penal por inventar pruebas que llevaron a la privación ilegal de la libertad a la señora Cassez y otros involucrados en el caso.

Lo mismo debe ocurrir a los policías que, así haya sido por órdenes superiores, presentaron pruebas amañadas y contradictorias lo mismo que testigos falsos o coaccionados, pues mintieron y obraron ilegalmente para lograr que Florence y compañía fueran declarados culpables y privados de su libertad.

Si se confirma que los policías obraron por órdenes superiores, habrá que proceder jurídicamente contra quien emitió tales órdenes, lo mismo que contra quien montó la escenificación de las acciones policiacas en las que Florence Cassez fue la estrella. Y entonces será Genaro García Luna el que tenga que resultar cesado y procesado, lo que no permitirá su jefe y protector.

Si la señora resulta liberada, Nicolás Sarkozy, por ahora a la baja en las preferencias electorales, respirará aliviado. Por eso parece recomendable que en lugar de simplemente liberar a la señora y redondear el numerazo de la “justicia” mexicana, se invaliden las pruebas y se reponga todo el proceso. Se obraría así con responsabilidad de Estado.