Menos mal hacen los delincuentes que un mal juez.
Francisco Quevedo
José Foseca
Continúa el escándalo armado por el proyecto del ministro Arturo Zaldívar, en el cual propone la inmediata liberación de la ciudadana francesa Florence Cassez, sentenciada por el delito de secuestro.
El tema ha provocado confrontaciones políticas, interesadas e ideológicas, avivada por los malquerientes del presidente Felipe Calderón y críticos de los funcionados involucrados.
En materia de intereses porque confronta actitudes en medios de comunicación, distanciados por razones ajenas a este tema.
Y en nuestra habitual simplificación, hemos hecho del tema una confrontación entre actitudes liberales y conservadoras en materia de procuración y administración de justicia.
Nadie aclara que ese sistema esté en plena transición desde hace cuatro años, cuando en medio del beneplácito generalizado el Congreso aprobó el cambio del sistema penal a uno acusatorio.
Eso sólo significa que es el ministerio público quien debe probar la culpabilidad de los acusados, la celebración de juicios orales y la posibilidad de acuerdos extrajudiciales que presuntamente harán más expedita la justicia.
Pero la transición enfrenta muchos retos. Uno, no se asignan los suficientes recursos para la capacitación de jueces, fiscales y defensores. Otro es que no se actualizan códigos penales para facilitar la aplicación del nuevo sistema, ya plasmado en la Constitución.
Pero el más importante es que tal parece que pocos han entendido que ese cambio de sistema penal es un cambio de paradigmas jurídicos y prácticos para todos los profesionales del derecho.
En medio de este caos, la discusión es una en la que se confrontan los derechos de los acusados contra los derechos de las víctimas, discusión que ha convertido en caso de Florence Cassez más en un dilema moral que en un dilema jurídico.
Las autoridades, a veces no tienen tiempo para sentarse a dilucidar el dilema. Un ejemplo. Hace tiempo en un estado de la república, la capital se conmocionó por el secuestro de un niño de cinco años. Las autoridades intervinieron los teléfonos públicos del centro y lograron aprehender al secuestrador que hacía las llamadas para exigir rescate y amenazar con matar al niño secuestrado.
El detenido fue evidentemente maltratado físicamente, pues las autoridades contaban con poco tiempo, antes que los secuestradores se dieran cuenta de la detención y asesinaran al niño.
El detenido confesó dónde estaba el niño. Estaba en una casa en una pequeña comunidad relativamente cercana a la capital. Las autoridades detectaron que la complicidad de los habitantes hacía riesgoso el rescate. Se armó un plan.
Varias camionetas con policías fuertemente armados irrumpieron a toda velocidad en el pueblo. Llegaron a la casa de los secuestradores, los sorprendieron, los detuvieron, rescataron al niño y a toda velocidad salieron de la población. Todo ocurrió en quince minutos.
La integridad del primer detenido y la vida del niño fueron puestas en la balanza. Pesó más la vida del niño.
Eso son dilemas de la vida real, más allá de las disquisiciones jurídicas y legales de los especialistas.
Esos son los dilemas del México real. Dilemas que en el debate Cassez es muy cómodo ignorar.
jfonseca@cafepolitico.com