Panamá, 25 abr (EFE).- Los países latinoamericanos y caribeños cuentan en general con un andamiaje legal contra la violencia de genero, pero esas leyes no se aplican, lo que alimenta la impunidad e impulsa delitos como los feminicidios y la trata, coincidieron hoy expertas reunidas en Panamá.

Factores culturales como sociedades patriarcales en las que ciertas conductas violentas contra la mujer son aceptadas, falta de presupuestos, así como una nueva dimensión trasnacional del fenómeno con la incursión del crimen organizado y su gran capacidad de corrupción, son los principales factores que impulsan esa actitud inerme de la Justicia.

Así lo explicaron a Efe expertas de la región que participan en el taller “Nuevas modalidades de criminalidad contra las mujeres”, que se desarrolla hasta mañana en la capital panameña como parte de una campaña de las Naciones Unidas para acabar con la violencia de género.

“En América Latina y el Caribe tenemos leyes de algún tipo contra la violencia” contra la mujer, pero “el tema está en su implementación”, afirmó a Efe Nadine Gasman, directora de la Campaña del Secretario General de la ONU “ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres”.

Ponerle “un alto a la impunidad pasa por decir que hay que aplicar las leyes que tenemos, asegurarnos que los sistemas funcionan, trabajar con los operadores de justicias y pedirles resultados, ver cuáles son sus sentencias”, añadió.

Aunque resulta difícil obtener estadísticas precisas sobre los delitos que configuran violencia de género, Gasman calificó de “preocupantes” las cifras de feminicidios, que en 2011 llegaron a 1.850 en México, cerca de 650 en Guatemala y El Salvador, y más de 280 en Argentina, según señaló.

En el caso de Guatemala, se registra un “promedio de 56.000 denuncias por violencia física y entre 5.000 y 6.000 denuncias de violencia sexual, aunque existe subregistro muy grande”, afirmó Norma Cruz, directora de la Fundación Sobrevivientes.

Aunque ese país centroamericano cuenta con “un marco legal muy bueno” también se enfrenta a “grandes males, como la corrupción que permite comprar voluntades, y una visión machista” de los operadores de Justicia, lo que “anima a los criminales a continuar violentando a las mujeres, porque tiene la certeza de que no les va a pasar nada”, aseguró Cruz.

En la región también se han identificado “nuevas modalidades” de crímenes contra la mujer producto de las nuevas dinámicas delictivas que afectan a la región.

En el caso de la trata de personas, las proyecciones indican que “500.000 mujeres y niñas cada año son reclutadas en la región, en un negocio en el que cada vez más está involucrado el crimen organizado”, explicó a Efe Teresa Ulloa, directora de la Coalición Regional contra la Trata, un organismo consultivo de la ONU y de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Además de los “fines tradicionales” como explotación sexual, doméstica, mendicidad forzada, tráfico de órganos y matrimonio servil, ahora las víctimas también son utilizadas “como mulas de la droga, como halconas o vigilantes en las ciudades que detectan a las autoridades para que los delincuentes las evadan, y son entrenadas como sicarias”, afirmó Ulloa.

Los grupos del crimen organizado que trafican con personas “saben en qué países hay menos vigilancia, penas débiles, donde la policía es más corruptible y esas son las rutas que utilizan” para llegar al “gran mercado”, que, al igual que en el caso de las drogas, es Estados Unidos, afirmó la directora de la Coalición.

“La situación es muy, muy difícil (…) lo primero que hay que hacer es desactivar las dichosas visas de entretenimiento” que expiden algunos países como Panamá, “porque con ellas se está legalizando la trata y la explotación de las mujeres”, añadió Ulloa.

Para la fiscal 15 de Justicia y Paz de Colombia, Patricia Hernández, “son muchos los problemas” que enfrentan las mujeres en la región pero “el tema de fondo que es el tratamiento judicial con perspectiva de género, en lo que hay avances mínimos en la región”.

“Pero vamos progresando lentamente para capacitar a los funcionarios judiciales en un proceso de reconstrucción, cambiando paradigmas culturales”, añadió la fiscal colombiana.