Luis Niño de Rivera
México es un mosaico variopinto de culturas, etnias, religiones, preferencias políticas, ideologías, gustos y disgustos, que aglutina a pequeñas y grandes minorías. A tiros y tirones hemos avanzado en doscientos años de vida independiente, a base de imponer el respeto a los derechos de las minorías. Esa imposición ha sido en ocasiones con diálogos, discusiones y formas civilizadas de zanjar diferencias, y en otras por medio de las armas con mucho derramamiento de sangre. A partir de 1917 los derechos de las minorías han venido quedando consagrados en nuestra carta magna, como fundamento para la paz social y el progreso.
En fechas recientes la fiesta taurina ha resurgido como tema de discusión política, promovido por grupos y personas que se oponen a ella. Algunos por iniciativa propia, y otros motivados y financiados desde el extranjero por grupos de activistas que defienden los derechos de los animales, con clara y conocida participación en España y Francia. Las quejas y opiniones de los locales han tenido eco en unos pocos legisladores estatales y federales, y en dos o tres asambleístas del Distrito Federal.
Todos los individuos y grupos tenemos derecho a expresar nuestras opiniones sobre este y otros temas, y de promover cualquier causa jurídicamente correcta. Es fundamental que así sea, para que la confrontación de ideas y posturas nos fortalezca. Sin embargo, lo que no debemos permitir es el debate con engaños y medias verdades, para lograr que una causa prospere, o peor todavía, para quitarle derechos a las minorías.
A los legisladores que tienen como tarea principal, por un lado, cumplir y hacer cumplir la ley; y por el otro, promover nuevas leyes o cambios en las existentes, fundadas y motivadas con información sustantiva y veraz, les es indispensable conocer de la materia antes de decidir si deben o no afectar los derechos de una minoría.
La fiesta taurina en México es preferencia, vida y sustento de una minoría. Profesionales, aficionados y simpatizantes que viven de y para la tauromaquia, ejercen un derecho y una libertad que está a punto de cumplir quinientos años de existencia en nuestro país. A finales de la segunda década del siglo xvi en las costas del Golfo de México bajaron de los navíos los conquistadores españoles que nos dejaron entre muchas otras cosas el idioma que hablamos, los frailes que trajeron la religión católica, los toros bravos y los gallos de pelea.
El primer registro de una corrida de toros en nuestra tierra lo tenemos documentado en la quinta carta que escribió Hernán Cortés al rey de España, en la que relata que el día de San Juan (24 de junio) de 1526 se encontraba presenciando una corrida de toros. Esto no quiere decir que fue la primera corrida que se celebró en México, pero sí que es la primera evidencia irrefutable de su celebración.
Es relativamente fácil explicar la permanencia de la fiesta brava en el virreinato de la Nueva España durante trescientos años, sabedores de su origen y su arraigo español. ¿Pero cómo justificamos su continuación después de la Independencia de 1810?
Lo lógico fuera que por origen y costumbre procurara la nueva nación desarraigar todo lo que representara la época colonial. Sin embargo, la fiesta de los toros no solamente ha reafirmado su presencia durante los últimos doscientos años, sino que se ha convertido en una industria próspera y de elevada calidad. Ha sido capaz de resistir los embates más fuertes por parte de sus detractores, que incluyen entre otros a Benito Juárez y a Venustiano Carranza, que en su momento y en su ámbito de competencia prohibieron las corridas de toros en el estado de Oaxaca y en la capital del país.
No es un tema menor para México que la fiesta taurina siga vigente, próspera y pujante a pesar de sus detractores ancestrales y actuales. Las razones de su resistencia y existencia están en su contenido económico, ecológico y jurídico.
Se trata de una industria que ofrece un espectáculo de índole popular arraigado en la historia, la cultura, las tradiciones, ferias y fiestas de nuestros pueblos. Está compuesta por profesionales del toreo, ganaderos y empresarios, que generan una actividad económica significativa. Veamos.
En México hay doscientas setenta y seis ganaderías de toros bravos, que ocupan ochenta y dos mil ochocientas hectáreas en veinticuatro estados de la República. En esa extensión de tierra habitan sesenta mil cabezas de ganado de lidia, con una elevada depuración genética, que se ha venido construyendo a lo largo de cinco siglos. Por su calidad y profundidad histórica, el toro bravo mexicano goza de elevado prestigio en el universo taurino que comprende tres países del viejo continente y cinco de este lado del Atlántico.
A finales del siglo xix los criadores de reses bravas iniciaron un proceso de depuración y mejora de las sangres existentes, importando varios sementales españoles de distintas procedencias. A partir de 1904 los ganaderos con mayor visión decidieron hacer lo propio con hembras de hierros muy relevantes, para mezclarlas con el ganado que ya tenían. A lo largo de las tres primeras décadas del siglo pasado quedaron formadas las bases genéticas que dan fama al toro bravo mexicano de nuestros días.
En 1996 y 1997 un número no menor de ganaderos mexicanos recurrió nuevamente a la importación de ganado español en pie, hembras y machos, y en pajuelas de semen. En escasos quince meses importaron más cabezas en número y en diversidad genética que durante los cuarenta y un años que duró la importación entre 1904 y 1945. Esta nueva sangre ha permitido fortalecer y ampliar las bases genéticas de nuestro toro bravo. A lo largo de los últimos tres lustros se ha aumentado la diversidad morfológica y psíquica del toro mexicano por la variedad de encastes que hay en cada casa ganadera.
Nuestro campo bravo en la actualidad genera cuatro mil empleos directos y diez mil indirectos. Esto es: aproximadamente setenta mil personas dependen del ingreso que reciben directa e indirectamente de la crianza de toros de lidia en este país.
Los profesionales del toreo en México están compuestos por matadores y rejoneadores de alternativa, matadores y rejoneadores de novillos, banderilleros, picadores, puntilleros y aprendices de todos éstos que estudian en escuelas de tauromaquia. En conjunto son alrededor de seiscientos noventa hombres y mujeres, de los cuales cuatrocientos ochenta ejercen el toreo profesionalmente, y doscientos diez son discípulos y docentes.
Los matadores, novilleros y rejoneadores están agremiados en dos organizaciones que son La Asociación Nacional de Matadores de Toros y Novillos, Rejoneadores y Similares, con aproximadamente doscientos cincuenta miembros activos, y la Unión Mexicana de Toreros, A.C. con ochenta adscritos en ejercicio profesional. Por su parte, los subalternos tienen una sola organización gremial, que es la Unión Mexicana de Picadores y Banderilleros compuesta por ciento cincuenta integrantes. La enseñanza se imparte en dieciocho escuelas taurinas con aproximadamente ciento ochenta estudiantes y treinta maestros.
Los matadores de toros y novillos, y los rejoneadores, son artistas que requieren de un equipo de profesionales para la administración y proyección de sus carreras, y para el manejo de sus cuadras de caballos. Adicionalmente requieren de proveedores de enseres de torear y vestimenta especializados, médicos expertos en traumatología taurina, así como de alimentos, medicinas, veterinarios y transportistas de caballos. Este entorno en su conjunto genera aproximadamente mil trescientos cincuenta empleos, de los cuales dependen seis mil setecientos cincuenta personas para su sustento económico.
En México existen cincuenta empresas taurinas que anualmente montan ochocientos cincuenta festejos mayores y menores por toda la geografía nacional. Es en este contexto que la fiesta taurina se convierte en un multiplicador económico, dado su impacto directo e indirecto en un sinnúmero de industrias. Entre otras, el transporte terrestre y aéreo, la hotelería, la gastronomía, la cerveza y los refrescos, la vestimenta y el calzado, las artesanías, la publicidad y la imprenta, los filarmónicos, los estacionamientos y los cuidadores de automóviles.
Estos ochocientos cincuenta festejos anuales representan cuatrocientos veinticinco mil fuentes de ingreso directas e indirectas, que sumados a los trabajadores y proveedores de las ganaderías de reses de lidia, y de los profesionales del toreo, significan cuatrocientos cuarenta mil trescientos cincuenta empleos directos e indirectos relacionados con la fiesta taurina. Llevado al plano de dependencia económica, significa el sustento de más de dos millones doscientas mil personas.
En esas ochocientas cincuenta corridas, novilladas y festivales que se celebran, son muertos a estoque aproximadamente de cinco mil cien a cinco mil trescientos animales. Esta es la objeción principal, si no es que única, que tienen los detractores de la fiesta. Pugnan por defender a estos animales, no de su muerte, sino del proceso que se sigue en las corridas.
Argumentan mentirosamente que se tortura al toro por gusto, y aun antes de que salga al ruedo poniendo tachuelas en los corrales, untándoles grasa en los ojos, tirándoles costales de arena en el lomo y cuantas otras atrocidades.
La vocación única del toro de lidia es la pelea. No tiene otro fin en este mundo puesto que no es apropiado para la carne, la leche o el trabajo.
Al suprimir los derechos de la minoría taurina en México, quienes pretenden defender a esos más de cinco mil ejemplares para que no mueran en una plaza de toros y sí lo hagan en un rastro, en realidad lograrán sacrificar y desaparecer a las sesenta mil reses que pastan en el campo bravo mexicano, y provocarán el deterioro ecológico de las ochenta y dos mil ochocientas hectáreas que lo componen, ya que tienen pocos o nulos usos alternativos.
Por si esto fuera poco, desaparecerán más de cuatrocientos cuarenta mil fuentes de empleo en un país en donde con muchas dificultades generó en el 2011 medio millón de nuevas fuentes de trabajo.
Deseo fervientemente que cuando los señores y señoras legisladores se asomen a la fiesta taurina con el propósito de modificar las leyes que le dan vida a los derechos de las minorías, a las corridas como espectáculo público, y a su profundidad histórica, cultural y popular, lo hagan tomando en cuenta que dejar sin sustento económico a más de dos millones doscientas mil personas, en aras de defender a poco más de cinco mil toros de lidia, es una barbaridad. Que la destrucción del medio ambiente, y el sacrificio de sesenta mil ejemplares de esta estirpe, es una atrocidad. Y, que prohibir los derechos de ejercicio profesional, diversión y esparcimiento de profesionales del toreo, aficionados y simpatizantes, es un atentado en contra de los derechos de una minoría que revela a todas luces los mejores atributos de nuestra identidad nacional que son: el bienestar, la pasión, el valor, el arte y la lucha por triunfar en la vida.