En medio de las grandes conmociones de la llamada “primavera árabe” parece que nadie recuerda el conflicto palestino-israelí, pero éste sigue ahí, sin resolverse y con múltiples aristas. Una de ellas es la del trato que se da a los menores de edad en los territorios ocupados.

Israel tiene una de las legislaciones más avanzadas en materia de protección al menor. Desafortunadamente no se aplica a los niños palestinos.
Según un informe de la ONG Defense for Children Internacional (con representación en 40 países) realizado con apoyo de la Unión Europea y publicado a fines de marzo, entre 500 y 700 palestinos menores de edad de Cisjordania son procesados por las autoridades israelíes cada año.
Se les detiene sin orden judicial, se les traslada a Israel (algo expresamente prohibido por la Convención de Ginebra) y se les retiene y procesa en instancias militares. Mientras están detenidos se les interroga sin la presencia de sus padres o de abogados, y el informe documenta casos de violencia psicológica y física por parte de los oficiales interrogadores.

En la mayor parte de los casos el interrogatorio no se videograba, de manera que no queda constancia del trato que reciben, y si hubo algún tipo de violencia o intimidación para que los jóvenes se autoinculpen, no puede probarse pues es la palabra del menor contra la de los oficiales. Se les pide firmar una declaración en hebreo, un idioma que la mayoría de ellos no conoce, y luego se les presenta a un tribunal militar, en donde ya pueden tener acceso a un abogado pero no tienen contacto con sus familiares, algunos de los cuales ni siquiera pueden llegar al juicio pues deben obtener permisos especiales del gobierno israelí para cruzar la frontera. Recientemente, por presiones de organismos palestinos e israelíes, por lo menos pueden cumplir sus condenas en instalaciones separadas de las de los adultos.

La acusación, en la mayoría de los casos, tiene que ver con el lanzamiento de piedras durante las manifestaciones contra la ocupación. Las autoridades de Israel consideran esto como un delito grave que pone en riesgo la vida de sus ciudadanos. Sin embargo, cuando los colonos de los asentamientos ilegales realizan actos semejantes en contra de los palestinos, se les aplican leyes muy diferentes. Un joven israelí sigue gozando de los derechos de protección al menor hasta cumplir los 18 años, mientras que las ordenanzas militares consideran adultos a los palestinos a partir de los 16.

Los ataques de civiles israelíes se consideran faltas menores que no ameritan cárcel, mientras los niños y jóvenes palestinos son presentados a los tribunales militares literalmente encadenados por considerarse reos de alta peligrosidad.
Este informe es fruto de la obtención de 311 declaraciones juradas de menores palestinos detenidos y procesados en el lapso de los últimos cuatro años. Sin embargo, no es la única denuncia de los hechos. Antes, organizaciones israelíes como Btselem o Physicians for Human Rights, también han protestado formalmente ante sus autoridades por el trato que se da a los niños y jóvenes palestinos en Cisjordania.

Muchas veces son abogados israelíes los que defienden a estos muchachos en los tribunales. Estos niños y jóvenes no deben ser olvidados.