Por la dignidad de todos
Genaro David Góngora Pimentel
Definitivamente en México algo anda mal, los gobiernos democráticos hasta el día de hoy han sido deficientes en el respeto y realización de los derechos humanos de las personas. Seríamos un país completamente distinto si existiera una cultura de la legalidad, un compromiso con las normas jurídicas que hoy están vigentes.
El preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, señala que sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento de temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, así como de sus derechos civiles y políticos. Por su parte la Convención Americana de Derechos Humanos retomó y reiteró este principio.
¿Pero cómo hablar de libertad, de igualdad y de justicia, a quienes viven en la opresión y en el olvido?
El contexto social que vive nuestro país refleja que la pobreza extrema o indigencia en vez de mitigarse se amplía y afecta cada vez más a los grupos sociales oprimidos. El significado de pobreza tiene un sentido multidimensional; el Instituto Interamericano de Derechos Humanos ha señalado que por pobreza debe entenderse más que insuficiencia de ingresos. Se trata de un fenómeno gestado por estructuras de poder que reproducen estratificación social y una visión excluyente que discrimina a vastos sectores de la población.
A partir de los pobres se hace evidente y urgente la necesidad de establecer las prioridades en la agenda nacional. Es ineludible garantizar el derecho constitucional a una vida digna y a los medios de vida, como alimentación, salud, vivienda, trabajo, seguridad social y educación, ya que si no hay derechos garantizados no hay libertad, ni institucionalización democrática. La violación a los derechos económicos, sociales y culturales constituye una desnaturalización de la democracia y hace ilusoria la participación ciudadana y el acceso a la justicia.
El Estado mexicano debe cumplir con sus obligaciones, tomar medidas e implementar políticas públicas encaminadas a asegurar el disfrute de los derechos sociales.
Una práctica reiterada de muchos Estados es tratar a los derechos económicos, sociales y culturales como meros derechos “programáticos” para así opacar su exigibilidad. A nivel internacional existen instrumentos ¾como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales¾ que han establecido una serie de obligaciones a los Estados para que adopten medidas de cumplimiento de estos derechos, señalando que la realización paulatina de estos derechos no implica la pérdida de la inmediatez, prevaleciendo la obligación de los Estados de adoptar medidas de tipo legislativo, financiero, administrativo, cultural y social, incluyendo el establecimiento de un recurso jurídico “adecuado” para hacer efectivos estos derechos.
Es fundamental que un Estado cuente con un sistema judicial eficiente, pues es quien en última instancia reconoce y protege los derechos de las personas. Un tribunal nunca debe descuidar su función de protección de los derechos humanos de los justiciables.
Causo agrado y asombro el amparo que promovió Ricardo Farías, un indigente de la ciudad de México, a través del cual exigió al Estado la garantía de su derecho a la alimentación, salud, vivienda e identidad personal, reclamando “la omisión de las autoridades responsables de garantizarle una vida digna”. Amparo que fue concedido, y en dicha sentencia se ordenó a la Secretaría de Desarrollo Social garantizar los derechos sociales de Ricardo Farías.
Esta sentencia es un antecedente paradigmático en lo que respeta a las obligaciones que tiene el Estado de garantizar los derechos sociales de los mexicanos.
La exclusión y la marginación es el Talón de Aquiles de nuestra democracia, la desigualdad es un gran desafío que afronta actualmente nuestro país y que debe ser atendido. Las personas que viven bajo el yugo de la ignorancia y la exclusión viven sin libertad.