Discute el Tribunal Supremo la constitucionalidad de la ley de salud
Bernardo González Solano
La política es tan importante, decía el general Charles de Gaulle, que no puede dejarse al arbitrio de los políticos. Puede ser, pero tampoco puede quedar en manos de los jueces, por más respetables y preparados que sean. Sobre todo cuando una importante decisión del más importante tribunal judicial de un país se tiña de razones políticas en lugar de basarse única y exclusivamente en la ley. Cuando los jueces “interpretan” las leyes, de acuerdo a sus personales intereses y convicciones políticas, algo sucio puede resultar. Como también algo histórico. En México, en Estados Unidos o en cualquier otra parte del planeta.
Ambicioso proyecto médico
En los terrenos del Tío Sam está en curso una decisión del Tribunal Supremo, cuya sede está en Washington, que podría cambiar la historia moderna del “último imperio” en pleno siglo XXI. Se trata de un misterio, uno de tantos, que pesa sobre la reforma sanitaria gestionada por el primer presidente afroamericano de Estados Unidos, Barack Hussein Obama. Reforma, por cierto, que otros siete antecesores del mandatario mulato han fracasado en llevar a cabo.
¿Por qué tanto revuelo alrededor de este vital asunto? Razones políticas e históricas podrían esclarecer la discusión. Lo cierto es que la Ley de Asistencia Sanitaria Asequible —su nombre oficial— es, más allá de su “impopularidad” en algunos sectores estadounidenses, el proyecto más ambicioso del gobierno de Obama y, hasta el momento, su principal herencia. Todo lo que representa esa ley y, en gran medida, las posibilidades de reelección del esposo de Michelle Obama ahora se encuentran en manos del Tribunal Supremo, compuesto por nueve jueces: tres mujeres y seis varones que fueron nombrados en forma vitalicia por presidentes tan diferentes como Ronald Reagan, Bill Clinton y Barack Obama.
El lunes 26 de marzo comenzaron las sesiones. Verdadero maratón como no conocía el Tribunal Supremo desde 1968 y la batalla de los derechos civiles. Asimismo, esta sería la segunda ocasión en menos de 12 años que un pronunciamiento del tribunal podría determinar el nombre del jefe del Despacho Oval en la histórica Casa Blanca. La primera fue en el año 2000, de forma directa, al declarar a George Walker Bush triunfador en los comicios en los que compitió contra el demócrata Albert Arnold Gore, cuadragésimo quinto vicepresidente, después de un largo y discutidísimo recuento.
Unas preguntas
Ahora, una sentencia de inconstitucionalidad de la reforma sanitaria podría terminar las posibilidades de reelección de Obama. Si la mayoría del Tribunal Supremo decidiera un veredicto positivo automáticamente le quitaría a la oposición republicana el que hasta el momento ha sido su principal argumento en esta campaña presidencial.
Para empezar, tres días de audiencia y cuatro preguntas: ¿puede el Tribunal Supremo resolver sobre la constitucionalidad de la ley promulgada hace dos años aun cuando sus principales disposiciones no entrarán en vigor sino hasta el año 2014? ¿Es constitucional suscribir la obligación de un seguro de salud dispuesto por la ley? ¿Puede la reforma subsistir si el Tribunal Supremo invalida esta obligación?
En fin, ¿puede el Congreso, que amplió el programa Medicaid (que tiende a dar un seguro de enfermedad a los más pobres), obligar a los Estados a que aseguren un mayor número de personas?
La administración Obama pidió a sus partidarios no dejar el terreno a los republicanos y de organizar reuniones, campañas pedagógicas e incluso orar. El presidente no celebró el segundo aniversario de la promulgación de la ley, el 22 de marzo, pero su equipo de campaña decidió sumarla a sus éxitos.
La verdad es que no son pocos los que se preguntan: ¿cómo es posible que el Estado más rico de la Tierra mantenga a cerca de 50 millones de sus ciudadanos sin asistencia médica, pese a los esfuerzos históricos de varios de los más destacados presidentes demócratas —Franklin D. Roosevelt, John Fiztgerald Kennedy y Bill Clinton, entre otros—, siempre fracasados frente a las fuerzas del poderoso búnker, defensor de los más privilegiados, en detrimento de los más pobres?
Con singular empeño, Obama hizo suya esa línea reformista. Su proyecto, presentado en 2009, de un seguro público que cubriera los huecos no atendidos por las aseguradoras privadas, fue repudiado por los intransigentes republicanos por considerarla como una “medida socialista” o un “intervencionismo bolchevique”.
Para apreciar de qué se trata la propuesta de Obama, hay que decir que el sector sanitario de Estados Unidos es un negocio de dimensiones colosales, en manos de una serie de todopoderosas sociedades aseguradoras y farmacéuticas, dirigidas por una élite sin escrúpulos. Así, hay informes que señalan que los beneficios de las primeras diez aseguradoras estadounidenses crecieron un descomunal 428% entre 2002 y 2009. Un sorprendente 61% anual, nada más, nada menos.
Opinan los jueces
Durante tres días, el Tribunal Supremo cernió la constitucionalidad del texto legislativo, con el propósito de contestar la cuestión central presentada por 26 estados de la Unión, un grupo de empresas privadas y cuatro particulares: ¿el gobierno fue más allá de sus prerrogativas constitucionales al instaurar una regulación del mercado de la salud?
El juez Antonin Scaglia, famoso por su conservadurismo, no se coartó en sus críticas: “Si puede forzar a las personas a comprar un seguro, entonces puedes obligarlas a comprar brócoli”.
Por su parte, otro juez, Anthony Kennedy, de 75 años, nombrado por Ronald Reagan, fue más allá de las insulsas comparaciones de la compra de brócoli. Asumiendo mejor su papel de juez del Tribunal Supremo, fustigó al abogado de la administración, Donald Verrilli y le dijo: “Están en vías de cambiar la relación entre el individuo y el Estado”. Le pidió precisara los límites que pretendía poner a la cláusula de comercio.
Los jueces más progresistas, entre las que se cuenta Sonia Sotomayor, nombrada por Obama, apoyaron al abogado Verrilli, afirmando que todo el mundo corre el riesgo de enfermar y poder curarse a costas de los contribuyentes en la sección de urgencias de los hospitales.
Todas las miradas se fijaron en el juez Kennedy, que tiene reputación de oscilar entre los dos campos de un Tribunal ideológicamente muy dividido entre cinco magistrados conservadores y cuatro liberales. Como acostumbra, dejó crecer la incertidumbre, criticando acremente la ley antes de soltar frases aún mas sibilinas.
El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, que con frecuencia sigue las opiniones de Kennedy, también se mostró ambiguo, citando “la pendiente peligrosa en la cual Estados Unidos podría caer al juzgar el texto constitucional”, al tiempo que reconocía que “el sector de la salud concierne a todo el mundo, lo que lo hace muy diferente al mercado de automóviles”.
Los expertos pasaban del optimismo al pesimismo. Una de ellos, Elizabeth Wydra, declaró a The Washington Post: “Continúo esperando que tengamos mayoría a favor de la ley”.
No obstante, el miércoles 28 de marzo, último día de los debates, el ambiente se inquietó en el bando liberal. “El corazón de la ley de salud de Obama está en peligro”, publicó The New York Times.
Por su parte, el periodista jurídico de la CNN dijo estar persuadido que al menos cinco jueces votarían contra el texto. La manera como habrían debatido el futuro de los otros elementos de la ley —si la obligación del seguro es juzgada anticonstitucional—, según él, revelaría que los jueces ya decidieron su voto. “Para mí, la obligación del seguro está muerta”, agregó.
Para muchos expertos, la abrogación de esta obligación de seguro volvería inoperante al resto de la ley, porque haría imposible proporcionar la cobertura de salud a 32 millones de estadounidenses desprovistos de este financiamiento crucial.
“Arrancar el corazón inutilizaría los dedos”, resumió el abogado de los querellantes, Paul Clément, que pidió la anulación total del texto.
El veredicto del Tribunal Supremo no se hará sino hasta fines del mes de junio. Más allá del suspenso, que crecerá al paso de los días, algo apareció claramente durante los tres días de encarnizados debates: el Tribunal Supremo se halla lejos de estar compuesto por jueces desencarnados por encima de la multitud, más bien por hombres de la ley de carne y hueso que juzgan en función de sus competencias y de sus convicciones políticas.
Cuando se diga la última palabra, a cuatro meses de las elecciones presidenciales, Estados Unidos podría sufrir un fuerte golpe a su sistema democrático —de suyo tan complicado y a veces tan desigual— con fuertes repercusiones políticas que erosionarían, aún más, el american way of life, que no se encuentra precisamente en uno de sus mejores momentos.