El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo dependiente del Banco Mundial, es utilizado por las empresas trasnacionales para minar las decisiones de los Estados. Argentina es la última víctima, quizá debería seguir el camino de Venezuela, Ecuador y Bolivia, que abandonaron esa instancia.
El gobierno estadounidense suspendió una serie de beneficios comerciales que se aplicaban a algunos productos de Argentina, argumentando que el país suramericano “no actuó de buena fe en el cumplimiento de fallos arbitrales a favor de empresas norteamericanas”. La decisión se basó en fallos del CIADI, ocurridos en 2005 y 2006 en favor de las empresas estadounidenses: Azurix y Blue Ridge, la primera concesionaria del servicio de agua potable y cloacas en la ciudad de Buenos Aires y la segunda, un Fondo de Inversión del Bank of America. Ambas empresas reclaman al gobierno una indemnización por 300 millones de dólares.
La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, reaccionó diciendo que “comienzan pequeñas guerrilla de carácter comercial que trataremos de abordar con la mayor civilización y con las herramientas de la ley”.
De hecho, el gobierno argentino aceptó los fallos del CIADI, pero aseguró que las empresas estadounidenses nunca iniciaron los procedimientos legales locales para su cobro.
Ese es el principal problema de un organismo como el CIADI, que está diseñado para demandar a los gobiernos, sin otorgar valor a las legislaciones locales, es decir, minando la soberanía de los Estados.
El CIADI es un organismo de arbitraje “internacional” que fue creado en 1966 para “resolver” los diferendos entres las empresas “trasnacionales” y los Estados. En la actualidad sólo 147 Estados reconocen su competencia. En enero pasado, Venezuela anunció que se retiraba del CIADI, siguiendo el mismo camino que tomaron Bolivia en el 2007 y Ecuador en el 2009.
El fondo es el mismo, el CIADI sanciona a cualquier Estado que nacionalice, expropie o imponga impuestos en contra de los “intereses” de las empresas trasnacionales, ya que los Estados que toman estas medidas, privan al “inversor” de los beneficios que podrían razonablemente esperar.
En los hechos esos beneficios se traducen en colosales sumas de “indemnización”, que buscan escarmentara los Estados que ejercen su soberanía.
Argentina lo está padeciendo ahora y muchos otros países de la región lo han vivido constantemente, por ello, vale la pena que los Estados que todavía aceptan este tipo de “arbitraje”, valoren si vale la pena seguir en organismos como el CIADI.