Ministros trataron de salvar el “buen nombre” de los responsables
Genaro David Góngora Pimentel
En mayo de 2006 en San Salvador Atenco, un pueblo del Estado de México, posiblemente a las cinco y media de la mañana, entraron fuerzas policiacas en busca de los líderes de un movimiento popular. Las razones de ese movimiento ya se han expuesto antes, aquí quiero decir lo que vimos todos en la televisión.
Procuraré, ahora, antes de que pasen los recuerdos a otra etapa de los olvidos mediáticos, recordar cómo “las fuerzas del orden” abrían a patadas las puertas de las casas y sacaban a las mujeres jalándolas del cabello y así en una y otra casa hasta que se cansaron. La furia fue tanta que pude observar como le daban un garrotazo a un perro que estaba echado a un lado de la banqueta.
—¿Le habrán roto la espina dorsal?
Esas imágenes que nos llevó la televisión a todos no las he podido olvidar. Recibí de la Comisión Nacional de Derechos Humanos fotografías en donde se veían mujeres aventadas a la caja de un camión, en donde era posible advertir piernas femeninas y faldas.
En alguna parte leí que en los territorios ocupados por los ejércitos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial se acostumbraba hacer esto para infundir terror en la población, doblegar sus ánimos y someterlos a la ocupación nazi. Pero estos casos pasaban en México y no hace mucho tiempo, sin el menor respeto a las garantías individuales.
Claro, como hemos visto en páginas anteriores, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tuvo más remedio que hacer una investigación por estimar que se violaban de manera grave, las garantías individuales. Esa fue la conclusión. Lo asombroso, lo increíble fue que se hiciera caso del ministro Mariano Azuela quien dijo que los responsables sólo podían ser los policias y los mandos medios. Con esto dejó a salvo a quienes ordenaron la invasión de San Salvador Atenco: el procurador general de la República, el gobernador del Estado de México y el secretario de Seguridad Pública Federal.
Esta posición inverosímil daba lugar a pensar lo siguiente:
Un día los “mandos medios” de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y de la Secretaría de Seguridad del Estado de México decidieron reunirse para festejar su “hermandad”. En la madrugada, después de una cena alegre, con mujeres, claro, porque sin ellas no hay alegría, alguno de sus líderes propuso:
¾¿Qué tal si reunimos a nuestros muchachos y vamos a San Salvador Atenco a partirles la madre a ésos?
La proposición tuvo éxito y fueron a su encuentro con la historia.
Claro todo eso es ficción, porque ¿acaso se tomaría una decisión de este calibre por los “mandos medios”, sin la orden de los titulares superiores? ¡Desde luego que no! Eso sería absurdo, tan absurdo como la proposición del señor ministro Azuela.
Comenté en la sesión del Tribunal Pleno que no podría dejar afuera a quienes ordenaron la invasión y dije sus nombres, lo que llenó de indignación al señor ministro Aguirre Anguiano, porque, según él, los Ministros “no tienen que ser francotiradores de políticos”. Se trataba pues de salvar el buen nombre de los titulares mencionados. “Los ministros ¾dijo Ricardo Rocha¾ no son francotiradores de políticos ¾como indignado decía el señor ministro Aguirre Anguiano¾, son ¾dijo lapidario Ricardo Rocha¾ tapaderas de políticos.”
Los dirigentes de mandos medios y los policías fueron detenidos y ya todo lo hemos olvidado.
{Tomado del libro La Facultad de Investigación
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
de Genaro Góngora y José María Soberanes,
Porrúa, 2010, pp. 35 a 37}