Entrevista a Erubiel Tirado/Coordinador del Diplomado de Seguridad Nacional de la UI
Moisés Castillo
El Ejército vive días turbulentos. Desde que el PRI “institucionalizó” la revolución, las fuerzas armadas no habían tenido momentos tan espinosos y apenas hace un par de semanas no se ponía en duda su lealtad al Estado mexicano. El arraigo de cuatro altos mandos de la jerarquía militar por sus presuntos nexos con el narcotráfico demuestra que el poder de los cárteles de la droga es democrático: alcanza todos los niveles de gobierno.
La suerte no es nada alentadora para Tomás Angeles Dauahare, general de división en retiro; Ricardo Escorcia Vargas, general retirado; Roberto Dawe González, general brigadier, y Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto, teniente coronel de Caballería retirado, investigados por vínculos con el cártel de los Beltrán Leyva. Sobre todo porque a los dos primeros el juez décimo de amparo en materia penal del Distrito Federal les negó el recurso que promovieron en contra del arraigo de 40 días que les dictó la Procuraduría General de la República.
La primera ocasión que el Ejército Mexicano tuvo su día negro fue el 3 de febrero de 1997, cuando el general de división Jesús Gutiérrez Rebollo fue citado de emergencia a la oficina del entonces secretario de la Defensa Nacional, Enrique Cervantes Aguirre. El comisionado del desaparecido Instituto Nacional para el Combate a las Drogas de la PGR fue procesado por vínculos con el fallecido Amado Carrillo Fuentes el Señor de los Cielos, fundador del cártel de Juárez.
Precisamente el general Angeles Dauahare jugó un papel importante en esa detención. Además, presidió el Consejo de Guerra contra los generales Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo, detenidos en 2000 y acusados de tener relación con el narcotráfico.
Quizás todo esto es la derivación de la llamada Operación Limpieza de octubre del 2008 que aplicó el entonces procurador general, Eduardo Medina Mora. Con esa acción oficial se reconoció la infiltración de los Beltrán Leyva en la PGR y el Ejército. Cayeron varios militares, entre ellos el mayor Arturo González, aprehendido en diciembre de ese año y preso en un penal federal.
La investigación contra los altos mandos del Ejército fue iniciada en marzo de 2010, con base en testimonios de varios sujetos recabados un año antes y que se encuentran procesados; entre ellos, algunos militares. En la investigación de la PGR contra el general Angeles Dauahare, Jennifer, un testigo colaborador, lo acusa de recibir dinero de Edgar Valdez Villarreal, la Barbie, presunto operador de los Beltrán Leyva, así lo confirmó el abogado Alejandro Ortega Sánchez.
Por su parte, Leticia Zepeda, esposa del general Tomás Angeles Dauahare, aseguró que el militar fue víctima de una traición.
“El Ejército traicionó a mi marido. El general Guillermo Galván Galván tiene muchos años de conocer a mi marido. El lo conoció como compañero, sabe que es inocente,”
Asimismo el diputado presidente de la Comisión de Defensa Nacional y de la Bicameral Nacional de Seguridad Nacional, Rogelio Cerda, consideró que es preferible turnar el caso a la Procuraduría Militar, que es más confiable ante recientes fiascos de la PGR como el “michoacanazo”.
En medio del escándalo, el presidente Felipe Calderón salió en defensa del Ejército, al que reconoció el esfuerzo y la patriótica tarea que realiza en la lucha contra el crimen organizado.
Sin embargo, advirtió que su gobierno no tolerará actos ilícitos, aunque pidió no generalizar situaciones contra las Fuerzas Armadas, pues se trata sólo de algunos elementos castrenses.
“Lamentó y condenó el que algunos, y muy individualmente señalados, miembros de las mismas, según las evidencias encontradas tanto por la PGR como por la Procuraduría Militar, hayan incurrido en actos ilícitos.”
Estas declaraciones del mandatario coinciden con la extradición del pasado martes 22 a Estados Unidos de Sergio Villarreal Barragán, el Grande, considerado como uno de los principales operadores del cártel de los Beltrán Leyva.
El presunto narco y testigo colaborador de la PGR, declaró contra el general de división Tomás Ángeles Dauahare, los generales de brigada Roberto Dawe González y Ricardo Escorcia Vargas, y el teniente coronel Silvio Hernández Soto.
Para Erubiel Tirado, coordinador del Diplomado en Seguridad Nacional en la Universidad Iberoamericana, la vigencia del arraigo hace suponer que el Ministerio Público Federal cuenta con todos los elementos para comprobar los delitos contra los altos mandos del Ejército.
Reacomodo de fuerzas
Sin embargo, el también investigador asociado del Royal United Services Institute for Defence & Security Studies de Londres, observa un ajuste de cuentas en el interior de las fuerzas armadas y un reacomodo de fuerzas en pleno cierre del sexenio calderonista.
“El gobierno de Calderón ha sido muy claro sobre cuál ha sido realmente el involucramiento de estos generales y altos mandos militares. Como analistas observamos un esquema de ajustes de cuentas en el interior del Ejército. Esto se da en la víspera del término del sexenio. El gobierno federal muestra en este sentido signos de agotamiento sobre el control de las fuerzas armadas.”
¿Cómo debemos leer estas detenciones de integrantes de la cúpula militar?
En principio debemos de ir al contexto en el que se dan las detenciones: la lucha contra el narco y lo que esto representa en términos de un adelanto en el reacomodo de fuerzas en el interior del Ejército. Hay que recordar que hasta la fecha es uno de los primeros casos de acusaciones muy graves de involucramiento de militares de alto rango con el narco en lo que va del sexenio. Eso marca una diferencia con sexenio anteriores, incluyendo el de Vicente Fox. No habían pasado ni tres años cuando el ex gobernador de Guanajuato tuvo que ordenar la desarticulación del 65 Batallón de Infantería en Sinaloa, luego de confirmar que alrededor de medio centenar de sus integrantes tenía nexos con el narcotráfico. El general Gerardo Vega, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, dijo que era vergonzoso y no debe pasarse por alto. En el actual sexenio se había preservado contra viento y marea cualquier señalamiento directo contra el Ejército, por la sencilla razón de que es el puntal de la estrategia antinarco del presidente Calderón. Esta pretensión se fue por la borda: hay un involucramiento inocultable del crimen organizado producto también de la sobrexposición de las fuerzas armadas en esta guerra y obviamente ante el poder corruptor de los cárteles.
Sin embargo la esposa del general Tomás Angeles acusa de “traición” al titular de la Sedena…
Observamos el reacomodo de las fuerzas en el interior del instituto armado. Hay que señalarlo porque el Ejército no es monolítico y sobre todo en los últimos 15 años también juega a la política, donde se dio la alternancia y hay pluralidad. A toda costa intentan preservar espacios de influencia que han ganado en los últimos sexenios gracias a esta lucha contra el narcotráfico. Esto les da influencia y recursos, no necesariamente en el presupuestal sino en el tema de acceso de recursos vía otras dependencias. Recordemos que hay tropa comisionada en labores de seguridad pública en los ámbitos municipal, estatal e incluso federal. Todo esto implica que en el interior jueguen a la preservación de privilegios. Precisamente la hipótesis de ajustes de cuentas. Obviamente yo no metería las manos al fuego por ninguno de los acusados, pero aquí el gobierno está obligado a ser claro y contundente en sus señalamientos y mostrar de forma fehaciente cuáles son las conductas punibles de estos generales.
¿El Ejército cambió sus conductas con la llegada del PAN a Los Pinos?
Hay patrones institucionales de conducta que nos muestran este esquema de luchas feroces en el interior de las fuerzas armadas. Recordemos que en la víspera del inicio del sexenio era muy visible el manejo de nombres para ser el secretario de la Defensa Nacional. Uno de ellos era el general Tomás Angeles, también se mencionaba al general en retiro Miguel Angel Godínez Bravo. Con el general Tomás Angeles hay un rompimiento de patrones de conductas y comportamientos institucionales que no se observaban en el viejo régimen y que ahora se han roto. El general Tomás Angeles duró unos cuantos años de subsecretario de la Defensa. Pero esto también ocurrió en el sexenio de Fox: al entonces subsecretario Delfino Mario Palmerín Cordero lo mandaron como agregado militar a Londres en diciembre de 2001. Este tipo de cosas antes no se daban. El secretario y el subsecretario duraban los seis años, eran inamovibles.
En el sexenio de Carlos Salinas se presentó el caso del secretario de Marina Mauricio Scheleske Sánchez, quien ocupó el cargo un par de años. Ganó notoriedad por ser el primer secretario de Marina en no cumplir un sexenio completo en su cargo desde 1955. El motivo oficial de su renuncia fueron “motivos familiares”. Hay patrones de comportamiento que han cambiado con el PAN y la alternancia.
Daño irreversible
¿Cuáles serían los costos en caso de que no se acrediten los delitos contra los militares, tras asuntos fallidos como el “michoacanazo” y el ex alcalde de Tijuana, Jorge Hank Rhon?
Esa es otra dimensión en cuanto la responsabilidad y la eficiencia de las capacidades de investigación del Ministerio Público Federal. Por desgracia el récord en ese ámbito no es bueno para las autoridades federales. El riesgo es el daño moral que se haría al Ejército. Si no se acreditan los delitos, si no hay un involucramiento real de estos oficiales con el narco, el daño a la institución armada es irreversible. También existe un riesgo mayor de que se le revierta al gobierno de Calderón la perdida de credibilidad y confianza a lo que era su último recurso en la estrategia contra el narcotráfico.
¿Cuáles son las alternativas legales que tienen los altos mandos del Ejército?
Obviamente tienen los recursos normativos legales vigentes. Solicitaron amparos en contra del arraigo de 40 días y que por lo menos fueron desechados en los casos de los generales Ricardo Escorcia Vargas y Tomás Angeles Dauahare. Pero si ellos logran comprobar que sus detenciones fueron ilegales y que en las acusaciones no hay fundamento, obviamente en el curso de los meses estarán nuevamente en libertad. Sin embargo, el daño es inmediato en términos de imagen y fama pública. Hay que recordar al general Arturo Acosta Chaparro que fue sentenciado por nexos con el narco, no se le probó nada y fue liberado y reivindicado por las Fuerzas Armadas, y recientemente asesinado. El problema es que no sabemos lo que está pasando: si realmente están involucrados y los van a perdonar, mal. Si no están involucrados y es un ajuste de cuentas, también mal. El asunto es que las autoridades federales no son suficientemente claras y directas para decirnos cuál es la situación de los generales.
¿Es una señal más de que el Ejército no debe combatir en las calles el crimen organizado?
Son dos cosas: por un lado es un costo que se paga y es claro que los críticos hemos dicho que si es el último recurso mandar a la calle al Ejército, está bien, pero el punto es que se haga con los instrumentos necesarios que protejan la institución y a la población ante los excesos, y que proteja también a los miembros de las fuerzas armadas. El problema es que todo se ha hecho tarde y mal, sin la debida protección institucional, ni el marco legal adecuado. Tenemos un marco insuficiente en que sólo la responsabilidad de las decisiones recae en el Ejecutivo federal y el Congreso funciona de comparsa. El punto es que el propio secretario de la Defensa Guillermo Galván Galván se tendrá que comer sus propias palabras cuando en 2008 le preguntaron sobre los riesgos de que hubiera corrupción en sus filas por la sobreexposición de los militares en la lucha contra el narco y dijo que eso era imposible por el corto periodo de operaciones de los mandos y que las tropas estaban involucrados en los operativos y la rotación de uniformados. Vemos que eso es falso.