Germán Martínez Cázares, exdirigente del PAN, publicó recientemente  en el  periódico Reforma un artículo que tendría otra relevancia si no se tratara de uno de los hombres más cercanos a Calderón. El texto viene a confirmar  dos cosas:

Lo primero y más preocupante, que Andrés Manuel López Obrador quiere incendiar la elección. Y lo segundo, tan grave como lo primero, que una parte del PAN quiere ayudarlo. Entre ellos, Josefina.

Más que un análisis, lo que publica Martínez Cázares es una denuncia. Dice el panista que la estrategia consiste en sustituir a Josefina antes de quince días —fecha en que vence el plazo para sustituir candidatos— por un “ciudadano” y formar con el PRD un bloque opositor para derrotar al PRI.

No precisa quién sería ese candidato pero, más allá de figuras relevantes, lo importante sería construir una especie de fuerza “apartidista” que, al final del día, terminaría apoyando a López Obrador.

El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) dice que todo candidato que pretenda contender tendrá que tener, por fuerza,  un partido, así que quienes llaman a conformar una coalisión apartidista utilizan la ignorancia y desinformación del ciudadano para incorporarlo a las filas del tabasqueño.

Los comentarios del exdirigente del PAN coinciden con lo que ha venido sucediendo en las redes sociales y en las universidades. A través de Twitter, se convoca a participar en “la primera  marcha para impedir el triunfo de Peña Nieto”. A esto, se agregan los gritos de “¡Obrador!”, “¡Obrador!” en  la Universidad de Querétaro y la toma violenta de la Universidad de Michoacán.

¿Qué planea Andrés Manuel? Evidentemente, hacer estallar el proceso electoral. Pretende “ganar” entre comillas una elección al margen de la ley, de las  urnas y del sistema de partidos. Busca recurrir a la sedición, a la sublevación, a la violencia  para impedir que la ciudadanía vote a favor del partido —que no es el suyo— y del candidato mejor posicionado, que no es él.

Para oponerse, en resumidas cuentas, a la decisión del ciudadano e imponer su voluntad por la fuerza.

¿Eso es legal, es  democrático? ¿O a eso se le debe llamar: terrorismo electoral?

Se trata, hay que reconocerlo, de una estrategia maquiavélica que intenta introducirse  por las múltiples rendijas que tiene la ley electoral y que pretende ampararse en la libertad de expresión y la libertad política garantizadas por la Constitución.

Sin embargo, la lógica dice otra cosa: que se trata de un proyecto maquinado para que las urnas sean sustituidas por la presión y el chantaje de grupos enardecidos. López Obrador pretende recurrir a la oclocracia, a la dictadura de las masas, para voltear los números a su favor.

Hoy entendemos por qué López Obrador repite, siempre sonriente, que no habrá conflictos postelectorales. Efectivamente, hoy no planea plantones en Reforma, sino algo peor: la desestabilización.

Como personaje de tragedia griega, Andrés Manuel repite cada seis años su sino. Se encuentra atrapado entre la necesidad de tener el poder y su inevitable proclividad al autoritarismo marcado por  la insidia y  la violencia.

La ingenua, pero ambiciosa Josefina ya comenzó a mirar con interés al Peje. Por eso Martínez Cázarez le advierte: “Con AMLO, ni a la esquina”.