Los hechos le dan la razón

Humberto Musacchio

Don Alejandro Solalinde Guerra es un sacerdote católico que tiene un nombramiento extraño: desde 2007 es coordinador de la Pastoral Social de Movilidad Humana de la Diócesis de Tehuantepec, título que en la práctica hace de él un defensor de los trabajadores que llegan de Centroamérica para atravesar la república mexicana y pasar a Estados Unidos en busca de empleo.

Solalinde es de los religiosos que optan por convertir el verbo en acto. Fue así como su solidaridad con el prójimo pasó de los sermones a los hechos y tendió su mano a esos miles y miles de seres humanos que van de un país a otro en procuración de algo tan elemental como el pan y algunos dólares para enviar a la familia.

Para cumplir con su propósito, esos trabajadores migrantes enfrentan en Centroamérica a los Maras y otras bandas de criminales que lucran con la miseria de los viajeros. El asedio de los delincuentes es terrible, pero a fin de cuantas sorteable. El problema mayor se presenta al llegar a territorio mexicano, donde además de sufrir agresiones de los Zetas enfrentan a criminales que portan uniformes y armas oficiales de que los dota el Estado.

Esos criminales, con uniforme o sin él, roban a los centroamericanos, violan a sus mujeres, los maltratan y encarcelan bajo cualquier acusación, pues poco importa probar los cargos ante un ministerio público corrupto y jueces dominados por la indolencia y aun por la ignorancia de la ley.

En las agresiones participan policías municipales, estatales y federales entre los cuales destacan por su brutalidad y codicia los agentes del Instituto Nacional de Migración, auténticas fieras, seres sin escrúpulos que están en el centro de un negocio jugosísimo que salpica para arriba y para los lados.

Por defender a los migrantes de esas bestias, don Alejandro, quien reside en Ixtepec, ha recibido toda clase amenazas. A fines de abril, el sacerdote denunció ante el ministerio público que en menos de un mes había recibido seis amenazas de muerte, una de ellas ante cientos de viajeros centroamericanos. Por supuesto, ninguna autoridad movió un dedo para protegerlo.

Hoy, por recomendación de Amnistía Internacional, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de las Brigadas Internacionales de Paz y de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Solalinde, sin la protección del Estado, ha tenido que replegarse y dejar temporalmente sus labores solidarias con los que él llama “damnificados de la sociedad y primeras víctimas de un gobierno corrupto”. Los hechos le dan la razón.