Carlos Guevara Meza
La llamada “primavera árabe” y sus consecuencias como la guerra civil en Siria y la transición en Egipto, así como el tema del programa nuclear iraní, han hecho desaparecer casi el problema israelí-palestino. El estancamiento de las negociaciones de paz y la falta de reuniones y declaraciones de alto nivel, parecen quitarle carácter noticioso al conflicto. Pero el problema sigue.
Una de sus aristas es la situación de los presos palestinos en cárceles israelíes, sobre todo el de los acusados de vínculos con las organizaciones terroristas y de la resistencia armada a la ocupación.
En la actualidad alrededor de 5 mil palestinos se encuentran presos, de los cuales 320 están sujetos a “detención administrativa”, una figura en la legislación israelí que permite encarcelar a una persona con base en información obtenida por los servicios de inteligencia y que permanece en secreto tanto para el prisionero como para su defensor legal, que no saben entonces de qué se le acusa ni cómo podría defenderse.
Las autoridades de Israel argumentan que revelar las pruebas que tienen pondría en peligro la vida de las personas implicadas en la obtención de la información (es decir, de los agentes secretos israelíes y sus colaboradores palestinos). Pero no es todo.
Los presos palestinos y las organizaciones de derechos humanos que los apoyan, han denunciado el uso sistemático de prácticas que no se apegan al derecho internacional, como el aislamiento de los prisioneros, tanto de sus familias (es el caso de los provenientes de la Franja de Gaza, pues los parientes no pueden salir de la zona para ir a visitarlos) como dentro de la propia cárcel (se les deja largos periodos en confinamiento solitario).
Durante las negociaciones para la liberación del soldado israelí Gilad Shalit mediante un intercambio de prisioneros, Israel suspendió las pocas facilidades que daba a los presos, como la posibilidad para los más jóvenes de continuar en prisión sus estudios secundarios y de bachillerato, que no se han restaurado a medio año de la liberación de Shalit. Y sin negociaciones formales entre Israel y los palestinos, no hay nada que pueda hacerse.
Los presos tomaron el asunto en sus manos y comenzaron a declararse en huelga de hambre. La práctica tomó fuerza cuando en abril las autoridades israelíes liberaron a Jader Adnan después de 66 días en huelga y al borde de la muerte.
Poco después se liberó y deportó a Gaza (donde no tiene familia ni conocidos) a la joven Hana Shalabi, después de 44 días sin alimentos.
Para fines de abril la prensa internacional hablaba de casi 3 mil presos en huelga. De ser cierto el dato, el gobierno israelí se enfrenta a un problema terrible, cuando salvo por las continuas declaraciones de apoyo en contra del supuesto programa de armamento nuclear iraní, Israel se encuentra en una situación de cada vez mayor aislamiento internacional, debido a su negativa para reiniciar las conversaciones de paz y mientras da pasos firmes para boicotearlas, permitiendo la construcción o ampliación de los asentamientos ilegales en Cisjordania, sigue construyendo el muro de separación en esa zona, obteniendo por vía de hecho más territorios palestinos, y ha comenzado a construir otros muros (uno en la frontera con Egipto y otra en la de Líbano).
Pero la mala imagen internacional significa poco cuando no se traduce en presiones políticas reales. Y no se ve que en el futuro próximo las presiones se ejerzan.
Se calcula que desde 1967, alrededor de 750 mil palestinos han pasado por una cárcel israelí, lo que significa que prácticamente no hay familia que no haya sufrido en carne propia esta situación. Y eso es mucho rencor.