Entrevista a Edgardo Buscaglia/Presidente del Instituto de Acción Ciudadana
Irma Ortiz
Luego de la detención de tres generales de división y un teniente coronel acusados de delitos contra la salud y delincuencia organizada, Estados Unidos reconoció su preocupación por los casos de corrupción en el seno del Ejército Mexicano, según señaló el vocero del Departamento de Estado, Mark Toner.
La declaración fue hecha luego de la publicación en el diario The New York Times sobre la detención realizada el pasado 15 de mayo y el posterior arraigo de los militares de alto rango que presuntamente vinculan al cartel de los Beltrán Leyva —a través de “testigos protegidos”—, ha generado, según el diario, “recelo y desgasta aún más la relación entre las fuerzas del orden de ese país y el Ejército Mexicano”.
El arraigo del general Tomás Angeles Dauahare —quien fuera subsecretario de la Defensa Nacional de 2006 a 2008— es el que más especulaciones ha causado ya que nunca alguien con un cargo tan alto en las fuerzas armadas había sido detenido. Los otros aprehendidos son Roberto Dawe, al mando de la vigésima zona militar con sede en Colima, Ricardo Escorcia y el teniente coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto.
Los cuestionamientos giran sobre si la detención se debía a motivos internos o si es producto de la agitación ante los comicios presidenciales y el nombramiento del futuro titular de la Secretaría de la Defensa Nacional. Sobre el tema, Siempre! entrevistó vía telefónica a Berlín al experto en seguridad Edgardo Buscaglia, presidente del Instituto de Acción Ciudadana y profesor del ITAM.
“En el escenario en que se encuentra México, con una crisis humanitaria como la que se vive, una delincuencia organizada descontrolada, involucrada en 22 tipos de delitos desde hace muchos años, normalmente lo que se observa en otros países y en México es que todas las instituciones del Estado están infiltradas en mayor o menor medida por la delincuencia organizada, y el Ejército no es la excepción. Los grupos criminales capturan regimientos enteros en México y en otros países, como ha sucedido en Guatemala, en Rusia.
Por tanto, no sorprende que se rumore o se acuse de delitos a generales o coroneles. El problema con México es que las instituciones que se encargan de imputar estos delitos, la Procuraduría General de la República y el Poder Judicial, también han estado infiltradas y por ello hay que tener mucho cuidado, algunas acusaciones pueden obedecer a conveniencias de la delincuencia organizada institucionalizada en el Estado y otras pueden responder a testimonios genuinos.
Sea una razón u otra, los testigos protegidos que le han dado sustento a las acusaciones hasta ahora no pueden ser suficiente peso como para motivar una sentencia en el futuro y se le van a caer los casos a la PGR si hace eso.
Muchas veces los testigos protegidos están contaminados, otra veces se fusionan intereses políticos en la acusación y otras más, son testigos protegidos genuinos. México ha tenido una trayectoria de acusaciones con testigos protegidos, y la jurisprudencia mexicana y la internacional dicen que no es suficiente para motivar una acusación, menos aún una sentencia.
Se necesitan hechos objetivos: fotos, documentos patrimoniales, evidencias científicas que corroboren o no los dichos de los testigos protegidos y hasta ahora no hemos visto nada de eso. Hay que tomar las acusaciones con pinzas, con un grano de sal y mucho cuidado.
Resultado de gobierno incompetente
En el tema de los generales, como nunca, hay mucha inquietud en la cúpula de las fuerzas armadas, no sólo por las detenciones, también por declaraciones de familiares del general Gutiérrez Rebollo. Hay un evidente interés por encabezar la Sedena.
El Ejército Mexicano está harto de la situación en que los ha metido este gobierno incompetente. Harto porque se ha desprestigiado a la institución; el Ejército con todos los defectos que puede tener una milicia, era una de las instituciones que mejor se había mantenido en cuanto a prestigio, se le percibía como ayuda al ciudadano en épocas de emergencia ante catástrofes y demás.
De pronto este gobierno incompetente los lanza masivamente, no de manera quirúrgica como se hacía antes, porque el Ejército siempre estuvo involucrado en los operativos antidrogas, pero con procedimientos quirúrgicos a través de fuerzas especiales que se utilizaban en la UEDO hace 15 años, cuando se fundó la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada—antecesora de la SIEDO.
La UEDO trabajaba en la PGR con unidades especiales del Ejército, que trabajaban al lado de Samuel González o de José Luis Santiago Vasconcelos, pero se les envió torpemente al campo, a hacer retenes, a invadir las casas de ciudadanos sin órdenes de allanamiento, a violar derechos humanos.
El Ejército está harto de que políticos corruptos de todos los partidos los hallan colocado en una situación tan embarazosa, cuando además acusan a generales, que todavía no se sabe si es con motivación real o no, surgen las voces altisonantes a favor o en contra de las políticas que se han implementado, no sólo con el presidente Felipe Calderón sino de antaño, y a río revuelto, ganancia de pescadores.
Lo cierto es que en todos los casos, cuando hay un general involucrado en actos delictivos organizados, nunca sucede que un general esté solo. Hay toda una red de complicidad y, lamentablemente, nunca se les desmantela en México.
Se personaliza la acusación, se demoniza a la persona y la red de complicidad en la institución siempre queda suelta. Hay que investigar a las redes organizadas delictivas dentro de las instituciones. Si investigas a una persona que trabaja como funcionario de alto nivel, hay que investigar a las personas que actúan como red de apoyo y eso no se hizo adecuadamente en el caso de Jesús Gutiérrez Rebollo, ni tampoco se hace en los casos que vemos ahora.
Cuando se impulsa una acusación penal de delincuencia organizada con una mentalidad política como se hace en México, una mentalidad política de control de daños, nunca vas a demoler la red criminal dentro del Estado, a las decenas de personas y de políticos involucrados.
Debilidad del Estado
¿El ejército se ha partidizado?, ¿los generales están haciendo política?
No lo puedo decir con certeza. El Ejército Mexicano se ha caracterizado, comparado con el de otros países de Latinoamérica, a mantener siempre una distancia política porque existía un partido único de Estado fuerte. A medida que el Estado mexicano se debilita porque se colapsaron los controles políticos, administrativos, judiciales, no llamaría la atención que el Ejército ocupara el vacío de poder, ese vacío que dejó la debilidad del Estado, y que lo cubra con controles propios.
Eso siempre es una mala noticia para la democracia mexicana hacia futuro, todavía muy lejos de serlo porque México vive una ilusión electoral, cuando en realidad es un proceso maquillado electoralmente, donde macroempresas multinacionales, oligopólicas o monopólicas, establecen quiénes son candidatos en todos los partidos.
Hasta que eso no deje de ser así, la debilidad del Estado mexicano va a dar lugar a que no sólo el Ejército, sino cualquier poder fáctico, cualquier tipo de poder privado o público, cubra áreas que el Estado mexicano ha dejado vacías.
Se desmantelaron los controles que existían cuando el PRI ejercía un monopolio del control político hace muchos años; esas contenciones se abatieron, como el Cisen, y lo hizo Eduardo Medina Mora cuando llegó al poder Vicente Fox.
La repartió entre varias instituciones del Estado, la fragmentó, pero no la sustituyó con nada. Se dejaron de lado los controles previos y no se les reemplazó con nada. Hay una ley de oro en la política de Estado: cuando existe un vacío de poder, siempre alguien o algo lo va a cubrir.
Cuando el Estado se debilita, la delincuencia organizada cubre ese poder y otros poderes del Estado también se adueñan de ese vacío que dejan los poderes civiles. Por ello, lo primero que tiene que hacer la nueva administración es llamar a un gobierno de coalición tácito o explícito —si se llega con un amplio margen de victoria electoral— y convocar a una reconstitución de los controles el Estado mexicano.
En lo judicial, la señora Josefina Vázquez Mota y los señores Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador se tienen que poner realmente de acuerdo en qué tipo de sistema judicial desean que prevalezca en el país. No como ahora, donde si se leen las plataformas de cada uno de los partidos, se encuentra que AMLO está en el planeta Saturno, Peña Nieto en Venus y Vázquez Mota en otro. Se necesita un pacto político para reconstituir el Estado mexicano y un consenso de los controles judiciales y políticos.
Al leer los reportes del Auditor Superior de la Federación, se da cuenta de cómo los presidentes municipales de las entidades se llevan las flotillas de autos públicos a sus casas como bienes privados. No hay controles patrimoniales, ni judiciales, por lo que el Estado mexicano tiene que reconstituir sus controles con un sentido moderno, cosa que todavía no se ve, no hay un acuerdo político tipo Moncloa o concertación chilena o a la mexicana.
A muchos políticos les conviene que exista ese descontrol. Entra mucho dinero a sus campañas de manera muy fácil, con diferentes tipos de orígenes lícitos e ilícitos, nadie controla los dineros y todos están muy felices. Las élites político-electorales, muchas veces están mejor sin controles que con ellos, pero el país se colapsa alrededor de ellos y obviamente la delincuencia organizada aumenta la corrupción y el país tiene cada vez menos relevancia doméstica e internacional.
Van a tener que reaccionar muy pronto y esperemos que la reacción venga con esta nueva administración pero tiene que llegar en un sistema presidencialista, con un amplio margen de victoria electoral para arrastrar a las oposiciones —arrastrar en un sentido político—, y obligarlas un acuerdo de Estado.
Infiltración de grupos criminales
Por otra parte, se han registrado ataques de la delincuencia organizada a empresas importantes en algunas entidades.
Forma parte de la infiltración de los grupos criminales que no deben ser separados conceptualmente del Estado, ni del sector privado. Parte del sector privado pertenece a la delincuencia organizada operativamente hablando, le dan a los grupos criminales las flotillas de transporte, los galpones de almacenamiento para drogas, armas, para almacenar personas y secuestrados.
Son víctimas y victimarias; víctimas porque se les extorsiona masivamente en lugares como Durango, Zacatecas, Tabasco, Campeche, Sonora, Sinaloa, pero también pueden ser victimarios. Le prestan al crimen organizado, por estar forzadas, amenazadas o simplemente por estar trabajando, flotillas de transporte, almacenes, sistemas de distribución y centros de producción, en el caso de la industria farmacéutica mexicana.
Hay toda una infiltración en diferentes empresas que debe investigarse. La unidad de inteligencia financiera mexicana no está diseñada para investigar la economía real que está fuera del sector financiero.
Los periódicos y las revistas siempre hablan de lavado de dinero y es sólo un sector de la economía criminal. Hay más de 20 sectores de la economía criminal que no son financieros, que no son lavado de dinero y son transacciones criminales reales.
Por ejemplo, si vienen los Zetas y dicen: “debes darme ese pedazo de tierra, escriturado a mi nombre o asesinamos a tu familia”, te fuerzan a acudir ante un notario a escriturar tus tierras a nombre de un testaferro y eso no pasa por el sector financiero. Es una transacción en la economía criminal real y eso sucede en el sector empresarial mexicano, sin ningún tipo de institución que controle, prevenga y combata ese tipo de transacciones.
No hay una institución en ningún sector, a ningún nivel del Estado mexicano, que prevenga lo que le sucedió a la empresa que mencionas y tampoco de prevenir que a esas empresas, sean las que sean, no importa el nombre, que usen sus camiones, galpones y centros de producción para abastecer a grupos criminales que se dedican a 22 tipos de delitos. Recuerden que una vez que sale del puerto de Colima un cargamento de piratería, va a parar a galpones de almacenamiento de otras empresas, que deben ser identificadas a través de los registros de la propiedad mercantil y de la propiedad y ninguna institución se encarga de eso.
Lo que están viendo en México es una simulación obscena, inmoral, ya que el presidente Felipe Calderón y su administración saben que existen vacíos institucionales a lo largo y ancho del Estado mexicano y las entidades federativas no tienen ninguna institución que se encargue de monitorear este tipo de transacciones.
Salgan de la mentalidad del lavado de dinero, es un delito de los muchos que se vinculan a la economía real. Es ahí a donde tiene que apuntar la próxima administración, a cubrir ese vacío institucional a través de las 32 entidades federativas para establecer una unidad de investigación patrimonial, que trabaje en red con la unidad de inteligencia financiera.
Insisto, se requiere un pacto político con los gobernadores, cosa que sólo un presidente o presidenta fuerte puede llegar a lograr, que llegue al poder con un amplio margen de victoria electoral, con una mayoría en el Congreso que de alguna manera arrastre a la oposición a un pacto político que permita a los gobernadores establecer estas unidades, de ninguna manera bajo su arbitrio, sino bajo el organigrama de los Congresos locales.