¿Ciudad de vanguardia?

Carlo Pizano Salinas

En el Gobierno del Distrito Federal existe una falta de voluntad política para hacer valer los derechos humanos de los ciudadanos, pese a que el jefe de Gobierno se empeña en decir que la ciudad de México es una ciudad de vanguardia, lo cierto es que aún falta mucho para que eso sea cierto y prueba de ello son las negativas de las dependencias que han recibido recomendaciones por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) a acatar dichas recomendaciones.

Un ejemplo claro es el caso de la Procuraduría General de Justicia local, que es la dependencia más señalada en cuanto a violaciones a derechos humanos se refiere, pues arrastra recomendaciones sin aceptar por lo menos desde hace doce años y se trata de situaciones de tortura, omisiones y deficiencias en los procesos de integración de  expedientes por parte de ministerios públicos, que lo que hacen es entorpecer la justicia.

Desde el mes de mayo del 2011, la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ha cancelado las reuniones en donde se discutirían las fechas de comparecencia de los titulares de las dependencias del gobierno local que no han aceptado las recomendaciones emitidas por la CDHDF o lo han hecho parcialmente, lo que resulta preocupante en un gobierno que se dice progresista.

El PRD no puede decir, sin mentir, que está a la vanguardia en lo que a derechos humanos se refiere y mucho menos afirmar que ha hecho un buen trabajo en cuanto a procuración de justicia. El 3 de junio, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió la recomendación 5/2012 a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), por un caso en el cual las omisiones atribuibles a un ministerio público impidieron el acceso a la justicia y a la reparación del daño a una peticionaria.

El boletín de la CDHDF menciona que la  peticionaria sufrió un accidente de tránsito que le generó lesiones que hoy la ubican como persona con discapacidad.

Según el reporte de la CDHDF, el expediente de averiguación previa permaneció en integración más de 40 meses y, a pesar de ello, el agente del ministerio público no logró aportar los elementos suficientes para que se iniciara el procedimiento penal, lo que ocasionó que fuera devuelto en cinco ocasiones por el juez.

Esta última recomendación de la CDHDF demuestra  que el Gobierno de la Ciudad no tiene nada que presumir en cuanto a su sistema de procuración de justicia.

La dependencias del gobierno que se rehúsan a acatar las recomendaciones de la instancia encargada de defender los derechos humanos de los capitalinos deben ser cuestionadas del porqué de su negativa, e informar ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, como corresponde, las razones por las cuales han ignorado las observaciones.