Carlos Guevara Meza
La Suprema Corte israelí ordenó recientemente el desalojo de decenas de familias de varios asentamientos ilegales en la Cisjordania ocupada. La decisión, sin embargo, no se podía aplicar por la oposición de los partidos ultraderechistas que formaban parte de la coalición de gobierno. El mismo tribunal sentenció que la exención del servicio militar obligatorio para los miembros de comunidades ultraortodoxas judías es inconstitucional. Lo que tampoco agradó a los mismos partidos.
Así las cosas, el premier Benjamín Netanyahu de hecho anunció la disolución del Parlamento y la convocatoria a nuevas elecciones, a realizarse el próximo septiembre. Pero apenas unos días después, Netanyahu y el nuevo líder del partido Kadima (en la oposición y de hecho con la primera mayoría pues tiene un diputado más que el Likud de Netanyahu), Shaul Mofaz, anunciaron un acuerdo para formar una nueva coalición dentro de la misma legislatura actual. Con ello, Netanyahu obtiene una cómoda mayoría de 94 diputados de 120 que integran el parlamento, cancelando las elecciones anticipadas.
La sorpresiva maniobra política, deja fuera de la jugada tanto a la multitud de partidos ultraderechistas que habían tenido copada la política israelí durante los últimos años, como a las izquierdas (tanto a la tradicional representada por el Partido Laborista, como a la emergente encabezada por la popular figura televisiva Yair Lapid) que tenían fundadas esperanzas en mejorar su posición parlamentaria con las nuevas elecciones, aunque no les hubiera bastado para reemplazar al Likud, que también y según las encuestas tenía posibilidad de aumentar su presencia en el parlamento.
Netanyahu obtiene así el gobierno más fuerte en la historia de Israel. Y esa fortaleza le ha permitido tomar decisiones difíciles que, en principio, van en el sentido de mejorar la situación interna de Israel, en medio de un fuerte movimiento de indignados por las políticas sociales, así como para avanzar un poco en el proceso de paz con los palestinos, o al menos salir de los apuros inmediatos. Uno de ellos era la huelga de hambre masiva realizada por los prisioneros palestinos que amenazaba con convertirse en un desastre humanitario y en el inicio de una nueva Intifada palestina.
El nuevo gobierno pudo ceder a las peticiones de los presos y sus familias, mejorando así su posición tanto ante los palestinos como ante la comunidad internacional, escandalizada por la situación de los reos. Por otro lado, pudo llevar a efecto las resoluciones del tribunal supremo en relación con los desalojos.
Sin embargo, el nuevo gobierno terminó por ceder a la presión de los colonos de derecha y autorizó la construcción de 850 nuevas viviendas en asentamientos ilegales, así como estudia la legalización de decenas de asentamientos actualmente en proceso en la corte suprema para evitar nuevos desalojos, lo que le ha generado una nueva ola de condenas internacionales.
Por otro lado, el ministro de Defensa, Ehud Barak (que ya dejó el laborismo), señaló que de no progresar las negociaciones, Israel podría tomar medidas unilaterales incluyendo la salida de Cisjordania (como se hizo en Gaza hace años) pero conservando una sección muy importante de territorio. El gobierno desestimó la declaración, pero la duda queda. Por otra parte, al cierre de edición, la salud del ex presidente de Egipto, Hosni Mubarak, se reportaba estable unos días y grave otros, sin dar más detalles. Los rumores sobre la salud de Mubarak han sido una constante desde su detención en 2011 por su responsabilidad en la muerte de cientos de manifestantes.