Alexander Serikov
Fue el pasado 8 de junio cuando el flamante presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó una ley que refuerza la responsabilidad por las infracciones cometidas en la organización de manifestaciones y mítines. Más bien son enmiendas a la ley anterior con el mismo contenido pero enmiendas que para algunos críticos de esta ley son drásticas.
Las olas de protestas contra los resultados de las recientes elecciones parlamentarias y presidenciales que, según la oposición política, se caracterizaron por numerosas irregularidades las que facilitaron la victoria del partido gubernamental Rusia Unida, vinieron estremeciendo todo el país ruso a partir del otoño del año pasado. La reacción de las autoridades a estas manifestaciones populares de protesta fueron diferentes: inicialmente la indiferencia, luego la represión y hasta las culpas de que este movimiento ha sido financiado desde el exterior.
Las fuerzas opositoras aprovecharon cualquier momento para llamar a los inconformes a salir a las calles. La paciencia de las autoridades se agotó y el Parlamento aprobó las enmiendas a la ley reguladora de mítines y el primer mandatario las firmó.
A decir verdad la nueva ley no prohibe los mítines ni las manifestaciones como tales. Sólo aumenta considerablemente la responsabilidad por las irregularidades durante la organización de las manifestaciones. Eleva decenas de veces las multas para los infractores y los castiga con trabajos obligatorios, además prohibe la participación en los actos de protesta usando antifaces, en estado de ebriedad así como portando armas u objetos que podrían ser usados como armas. Se castiga también a los autores y participantes de las manifestaciones que perturben el orden público.
La multa máxima, según la nueva ley, para personas físicas será de 300 mil rublos (unos 10 mil dólares), unos 20 mil dólares para funcionarios públicos y hasta unos 33.3 mil dólares para personas morales. Además en cada región del país tienen que ser establecidos lugares públicos para toda clase de reuniones y manifestaciones de fuerzas inconformes donde se podría expresar su opinión sobre los problemas actuales del momento.
La nueva ley ya provocó serias críticas. Los diez integrantes del Consejo presidencial ruso sobre el desarrollo de la sociedad civil subrayaron en su declaración que la ley en cuestión crearía pretextos para toda clase de abusos. Ellos creen que esta ley contradice los principios de justicia, prioridad del derecho y del sentido común. Tampoco están de acuerdo con las cantidades tan elevadas de multas puesto que pocos ciudadanos serán capaces de pagarlas.
Las reacciones a estas medidas han sido casi inmediatas ya que miles de rusos salieron a las calles de Moscú el pasado 12 por la mañana para participar en la denominada Marcha de Millones con las mismas proclamas que la oposición liberal lleva enarbolando desde su surgimiento en diciembre del año pasado: “Rusia sin Vladimir Putin”, “Nosotros somos el poder”. En tanto la policía rusa llevó a cabo registros en los domicilios de varios activistas de la oposición confiscando ordenadores, teléfonos, documentos y dinero.