La sociedad lo necesita
Mireille Roccatti
La innegable crisis de seguridad en que está inmerso el país requiere políticas públicas serias y eficaces, dejar atrás la retórica y la descalificación para formar un frente común cuyo único fin sea alcanzar la seguridad de la población. Se requieren acciones pragmáticas en las que se establezca una estrecha colaboración entre los diferentes ámbitos de gobierno.
La política pública de seguridad de la siguiente administración para enfrentar el crimen organizado requiere de cambios urgentes en la estrategia, en el modelo policial y también una depuración de los servidores públicos en todos los niveles.
Se requiere —reitero— la elaboración de políticas públicas que prioricen las acciones en materia de inteligencia policial y financiera, fortaleciendo la colaboración entre las diferentes instituciones y ámbitos de gobierno, que propicie acciones anticipadas y no sólo reactivas.
Se debe priorizar el combate eficaz del lavado de dinero, que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se coordine con la fiscalía especializada en investigación de recursos de procedencia ilícita de la Procuraduría General de la República. Restructurar el sistema de aduanas en las fronteras, puertos y aeropuertos, para evitar el ingreso ilícito de armas, efectivo y sustancias prohibidas a nuestro país.
La adecuación del marco jurídico debe respetar la esfera de protección jurídica de los derechos humanos frente a la acción punitiva del Estado. Las reformas no deben constituir el andamiaje de un Estado represor ni de la aplicación del derecho penal del enemigo que violente los derechos humanos de los ciudadanos, como los arraigos para investigar. Se debe expulsar del texto constitucional la figura del arraigo.
Se deben depurar las corporaciones policiales de la Federación, así como las estatales y las municipales para evitar la infiltración de delincuentes, mediante la aplicación, con todo rigor, del Sistema de Control de Confianza a los mandos medios y superiores para poner fin a la cadena de complicidades y corrupción, abatir la impunidad y crear una policía federal confiable. Esta acción debe complementarse con el establecimiento de protocolos uniformes, claros y obligatorios para los elementos de todas las corporaciones.
Es necesario y urgente generar mejores condiciones económicas de vida para la población en general, la creación de empleos y espacios educativos para evitar que los jóvenes sean “seducidos” por los grandes beneficios económicos que dejan estas actividades ilícitas, u obligados a buscar ingresos de manera ilícita debido a la marginación y el desempleo. La política pública de prevención de adicciones debe entenderse como un problema de salud pública.
La reflexión final tiene que ser esperanzadora. Unidos gobierno y sociedad habremos de salir adelante de estos momentos difíciles por los que atraviesa nuestro país. La sociedad necesita una política de Estado que trascienda el plazo sexenal. México es más grande que sus problemas, y México somos todos.
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